NacionalPolítica & Economía
Ley de Tierras: qué es y qué significa su derogación en el DNU de Javier Milei
La norma fue presentada en 2011 por Cristina Kirchner para «proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra». En 2016 fue modificada por Mauricio Macri.
Diez días después de su asunción, durante su primera cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía, que incluye la derogación de más de 300 leyes. Entre el paquete de normas que el Gobierno pretende barrer, el mandatario ultraderechista a mencionó la Ley de Tierras, que limita la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros, en defensa la soberanía nacional.
La Ley 26.737 de Tierras Rurales, como se llama realmente, fue presentada en el Congreso por impulso del ejecutivo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y se aprobó y promulgó en diciembre de 2011. Luego, el presidente Mauricio Macri modificó la normativa en 2016 con el decreto 820/2016, beneficiando a magnates internacionales.
En su momento, la expresidenta la proponía como un instrumento para «proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra«, a través de marcos regulatorios para los extranjeros de mucho poder económico. También se pretendía echar luz sobre los multimillonarios de nacionalidades foráneas que adueñaran numerosas hectáreas argentinas, como el británico Joe Lewis y el italiano Luciano Benetton, con la creación de un registro oficial.
Por lo pronto, la derogación de esta legislación daría vía libre a la comercialización irrestricta de estos dominios.
Ley de Tierras: objetivos y alcances
Se promulgó el 28 de diciembre de 2011, tras ser aprobada en la Cámara baja por 153 votos afirmativos, 26 en contra y una abstención. La mayoría de los votos en contra llegaron desde el radicalismo, mientras que los integrantes del PRO estuvieron ausentes.
Desde su origen buscó solucionar una problemática que el país sufre desde hace años: la apropiación descontrolada de tierras de dominio nacional por magnates internacionales. Es por esto que, desde hace más de 10 años, su implementación genera una fuerte pica en los sectores de alto poder.
Las Tierras Rurales que contempla la Leyson «todas las que están fuera de las zonas urbanas, sin que importe el destino que se les da».
En este marco, estableció que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias. Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros: es decir, que partir de la ley, el Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación.
Por la Ley se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a fin de saldar el profundo déficit de información sobre la posesión de terrenos.
Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%). A la fecha, ninguna supera el límite del 15% que fija le Ley.
Sin embargo, estos datos no están completos, por motivo de la modificación de la Ley a partir del decreto 820/2016 de Macri, que levantó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional.
Nueva era liberal: las modificaciones de Macri
El decreto presidencial, firmado ni bien Macri asumió el mandato, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria.
De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional. Esto implica que, si la persona jurídica dueña de una tierra le vende sus acciones a un extranjero, la tierra pasa a manos extranjeras sin conocimiento ni aval del Estado, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley.
«De esta forma, da vía libre al instrumento mas común de compra de tierras, que es a través del traspaso de acciones«, aseguró en diálogo con PáginaI12 la abogada experta en políticas de tierras rurales Florencia Gómez, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos naturales de la Nación.
Además, se flexibilizó la prohibición de vender cuerpos de agua. Ya no es un requisito del trámite de certificación que un profesional verifique la existencia o no de cuerpos de agua en un terreno para ser autenticado por la autoridad provincial.
«El Decreto de Macri prevé que desde el Ministerio de Justicia remitirán a la provincia la consulta, y si pasados 10 días no contestan, queda aprobado tácitamente. Es decir que si, por ejemplo, se notifica a la Provincia y esta contesta y se extravía la documentación, puede significar la extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua en contraposición a la Ley», acentuó Gómez.
@Página12.
/Imagen principal: Archivo/
NacionalPolítica & Economía
Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentan jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad
Saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. Las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio.
El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad.
Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo hará en la sesión del miércoles convocada este viernes.
Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.
Los proyectos vetados
Los vetos alcanzan a dos normas. Una es la Ley de Movilidad Jubilatoria. Impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.
La otra es la Emergencia en discapacidad. Declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.
Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha
La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.
El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.
/P12
NacionalPolítica & Economía
Justicia interviene luego de que suspendan contratos millonarios entre una obra social y un socio de Martín Menem
El dueño de la compañía, Sergio Andrés Aguirre, es socio del presidente de la Cámara de Diputados en otra empresa.
Nuevo cauce judicial luego de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera): se anunció la suspensión de contratos millonarios con la empresa HTECH Innovation, luego de que se detecte que pertenecía a Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en la compañía TR Nutrition. El hecho se conoce luego de que trascendiera que una compañía de la familia Menem se adjudique de una licitación millonaria por prestar servicios de seguridad al Banco Nación.
La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue intervenida por el Ejecutivo en agosto del 2024, quedando designado Marcelo Petroni en medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero. Al detectar irregularidades, ahora el propio interventor decidió dar de baja dos contratos por servicios tecnológicos con la compañía de Aguirre, en simultáneo a la puesta en marcha de una investigación judicial y dos auditorías.
Un informe del canal C5N exhibió las primeras facturas que emitió la compañía a Osprera. correspondientes a noviembre del 2024: son las facturas iniciales de HTECH Innovation (0000001 y 0000002) y se concretaron por montos de $40.251.879 y $7.733.119. Luego se renovaron esos valores mensualmente con sumas de entre $16 millones y $20 millones hasta la actual suspensión, superando los $150 millones de facturación. Otra situación irregular es que HTECH Innovation se constituyó seis meses antes, en abril del 2024.
La causa, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de Ariel Lijo, fue impulsada por el extitular de la UATRE, José Voytenco, quien además acusa de asociación ilícita y de desvío de fondos de la obra social a otro dirigente libertario: el diputado nacional Pablo Ansaloni, también extitular del gremio de ruralistas.
La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.
Por su parte, la resolución de Petroni a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) justifica la decisión de la suspensión de contratos “por la difusión a través de distintos medios de comunicación de presuntas irregularidades en la facturación de una empresa de tecnología contratada por la obra social” corresponde “verificar la efectiva regularidad del servicio” prestado por HTECH Innovation.
Empresa de la familia Menem estará a cargo de la seguridad del Banco Nación
La empresa Tech Security SRL, de la familia Menem, fue adjudicataria de una licitación del Banco Nación por casi $4.000 millones para prestar servicios de vigilancia en edificios de la entidad estatal. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue socio hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le cedió las acciones a su hermano.
El contrato al que accedió la compañía es para brindar sus servicios en la casa central de la banca pública, ubicada en Bartolomé Mitre al 300, y en otros cuatro establecimientos: el edificio Maipú, la sede donde acuden los funcionarios y la sucursal ubicada en el Aeroparque Jorge Newbery. La información fue publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial, donde se indica que es por un monto total de $3.933.026.507.
El contrato de Tech Security con el Banco Nación es por un período de 24 meses. Sin embargo, cuenta con la opción de dos renovaciones de 12 meses cada una, que podrían ampliar la extensión total del convenio a cuatro años, con un nuevo desembolso de dinero por parte de la entidad pública.
La compañía nació en 2005, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Privada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que la familia Menem ingresó en la empresa como socios. Semanas previas a la asunción de Javier Milei, el titular de Diputados figuraba como accionista junto a sus dos hermanos, Adrián y Fernando Menem.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Cristina Kirchner cruzó a Milei por el dólar: «Le echás la culpa a la amiga de Videla, cobarde»
La dos veces presidenta le cuestionó a Milei argumentar que la disparada del 4% del dólar en un día fue por culpa de Victoria Villarruel y el kirchnerismo.
Tras la fuerte escalada del dólar y su inminente pasaje a precios, la exmandataria Cristina Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, al recriminarles que «lo único que se les ocurre» es participar de una entrevista y «echarle la culpa a la amiga de Videla y a los kukas», en referencia a su Vice, Victoria Villarruel, y al peronismo.
«¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!», escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.
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