El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar el jueves próximo en un dictamen de consenso para unificar las posiciones en torno a los proyectos que aseguran la protección y el uso racional de los humedales, tras un extenso debate en un plenario de comisiones de la cámara baja, donde se acordó postergar la firma del despacho para reunir mayores respaldos a la iniciativa, ante los incendios forestales en distintos puntos del país.

Tras varias horas de debate, que incluyeron un cuarto intermedio, el presidente de la comisión de Recursos Naturales de la cámara baja, Leonardo Grosso, anunció la decisión de los diputados de pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 10 para pasar a la firma el dictamen, sin la presencia de invitados, como había reclamado la oposición.

Grosso precisó que para «poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible y coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo».

El debate se realizó en el marco de un fuerte reclamo de organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados que el fin de semana último mantuvieron cortado el puente Rosario-Victoria en reclamo del cese de las quemas en las islas del delta del Paraná, y que se encontraban esta tarde frente al Congreso en reclamo de la sanción de la ley.

El plenario de las comisiones de Recursos Naturales, que preside el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos); Agricultura, a cargo de Ricardo Buryaile (UCR); y de Presupuesto, que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos), se desarrolló desde las 10.30 y hasta pasadas las 14 de este jueves en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja.

Al abrir el debate, Grosso, firmante junto con organizaciones del proyecto que reúne más consensos, destacó la importancia de avanzar en la ley al sostener que «el 56 por ciento de los humedales de América Latina esta destruido» y dijo que «los representantes del pueblo debemos asumir la responsabilidad que tenemos».

En tanto, Buryaile consideró «una irresponsabilidad legislativa tratar esto a libro cerrado y a tontas y a locas», y dijo que «los representantes del pueblo tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo», al señalar que «las leyes se tratan, no se despachan», al cuestionar el apuro del oficialismo en avanzar con el dictamen.

Previamente, la diputada Ximena García (Juntos por el Cambio), autora de uno de los proyectos de la oposición, aseguró que la iniciativa impulsada por ese espacio «es equilibrada y contempla la visión productiva y ambiental. Queremos que el inventario sea coordinado por una autoridad nacional en conjunto con las provincias».

Para la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño, «estamos frente al debate más trascendental» e incluso consideró que «es más importante que el Presupuesto».

«Es un tema estratégico, el presupuesto es coyuntural», argumentó al sostener que «un 30 por ciento de los argentinos sufre el proceso de desertificación que genera desequilibrio ambiental que afecta la calidad de vida de las personas».

La intención del oficialismo es arribar a un consenso entre al menos una decena de iniciativas que buscan establecer un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales.

La mayoría de los proyectos realizan una definición de los humedales y proponen un inventario nacional, una suerte de mapa para que cada provincia precise las ubicaciones de estos espacios y defina qué características tienen y qué funciones cumplen.

En el marco del debate, el socialista Enrique Estévez señaló que en la ley «tiene que haber un solo inventario sino a partir de qué consenso vamos a partir» sobre los humedales a proteger y destacó la necesidad de que ese inventario «sirva como insumo y sea elaborado con la participación de la gente para garantizar la responsabilidad de los funcionarios».

Previamente, la diputada del Frente de Izquierda, Miryam Bregman, sostuvo que «es importante determinar la definición de humedal que contemple los existentes, que ocupan más de un 20% del territorio nacional, establecer los objetivos de conservación y restauración; y crear una autoridad nacional de aplicación».

El encuentro se desarrolló con la presencia de los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; de Villa Constitución, Jorge Berti y la secretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Cecilia Nicolini, entre otros funcionarios.

La urgente sanción de una Ley de Humedales es reclamada desde hace años por organizaciones defensoras del medio ambiente y acompañada por una campaña de recolección de firmas que lleva reunidas 790 mil adhesiones.

Sin embargo, en los últimos meses la demanda volvió a cobrar fuerza a partir de la gravedad de los incendios forestales que afectan la zona del delta del Paraná, que recurrentemente dejan a Rosario y otras ciudades santafesinas aledañas cubiertas de humo.

Además, periódicamente se repiten incendios forestales en las serranías de Traslasierra, en Córdoba, y en San Luis.

La decisión de avanzar en el debate fue acordada en la última sesión de la Cámara baja, donde se avaló una propuesta del diputado socialista por Santa Fe Enrique Estévez para emplazar a las comisiones a debatir el texto.

«Nos debemos un debate sincero, honesto y respetuoso sin sobreactuaciones que profundicen las contradicciones que tenemos como sociedad», aseguró Estévez.

Al anticipar su respaldo a ese planteo, el diputado Grosso anticipó que el oficialismo «está decidido a que este tema tan importante se trate y se trabaje lo más rápido posible».

«Esperemos que (la iniciativa) se debata porque el nivel de tragedia ambiental y social que vive, por ejemplo, Rosario nos llama la atención a la necesidad de discutir una ley de presupuestos mínimos», aseguró Grosso, firmante del proyecto que reúne mayores consensos.

La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016) pero que nunca pudo ser aprobada por la Cámara de Diputados.

En noviembre del 2020, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados logró un acuerdo histórico al alcanzar un dictamen unificado, el cual contó con la firma de 23 diputados de diversos bloques pero no llegó al recinto.

Entre las causas de la demora figuran la resistencia de algunas provincias, el rechazo de varias empresas y la coyuntura parlamentaria vinculada a la paridad de votos entre oficialismo y oposición, indicaron a Télam legisladores que integran la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja.