«Si hay una banda que perseguir, es la que rescindió los contratos, la que impulsa el ‘lawfare’ con los empresarios del denominado círculo rojo», sentenció el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 2 que lo juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros 11 imputados. Este viernes también pronunció últimas palabras el empresario Lázaro Baez.

En su exposición, De Vido remarcó que «no hubo direccionamiento de la obra pública» en Santa Cruz sino que, por el contrario, se llevó adelante un plan de obra estratégico para cumplir con lo prometido en la plataforma electoral del fallecido ex presidente Néstor Kirchner en 2003.

«Me obligan a reiterar estos conceptos que formaron parte de la plataforma política del presidente Kirchner para todo el pueblo argentino. Por ende, no puede ser nunca una banda formada para delinquir», sostuvo De Vido en relación a las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron una condena de diez años contra el ex funcionario.  

«Me solidarizo con todos los imputados e imputadas, en particular los que siempre soportaron esta injusta persecución que concluye con esta política judicial denominada ‘lawfare’. Somos compañeros, así nos llamamos los peronistas, no somos socios, no tenemos negocios ni negociados«, dedicó el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner a la propia vicepresidenta y el resto de los acusados, después de varios años de diferencias. 

Los fiscales tuvieron espacio para hacer las réplicas a los alegatos de las defensas y dar sus últimas palabras hace diez días y decidieron ignorar las exposiciones de los abogados defensores para demoler la posición del Ministerio Público. “El alegato de la fiscalía se sostiene en sí mismo. No tenemos nada que replicar”, sostuvo Luciani para buscar avanzar en una rápida sentencia. 

En el marco del juicio, el martes próximo a las 9.30 tendrá oportunidad de exponer, si lo desea, la vicepresidenta Cristina Kirchner, en un cronograma que incluye a otros imputados y, luego, el TOF2 anunciaría fecha para el veredicto. La ex presidenta ya hizo uso de la palabra durante los alegatos, cuando consideró que «quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio». 

«Vino el cambio de Gobierno y el gobierno de Macri procedió tal cual sospechábamos, abandonaría el plan estratégico territorial y rescindiría todas las obras. Ese abandono de obras en todo el país que causó perjuicio a todos los ciudadanos es el que debía estar investigándose, señores jueces, porque todos en algún momento lo vamos a pagar», advirtió De Vido al hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

«Todos sabemos que esta acusación ha sido siempre insostenible, injusta», continuó y dijo a los jueces: «Deben elegir una condena inmoral o el resguardo del estado de derecho. Esa es la única opción. La historia nos juzgará a todos, quizás también a ustedes».

La audiencia comenzó a las 9.30 con las palabras finales del dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez, quien sólo dijo que su defensa expuso «la realidad y la verdad» en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Las últimas palabras de Baez y otros imputados 

«No voy a hacer uso de la palabra, quería agradecer a mi defensa que ha expresado con claridad todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo en que hemos sido privados de nuestra libertad», dijo Báez a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, al comienzo de la audiencia.

Conectado de manera virtual, el empresario –que tiene un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía y un reclamo de absolución por parte de su abogado defensor Juan Villanueva– consideró que «la defensa ha expuesto la realidad y la verdad».

«Porque la verdad, la única que se preocupó en buscarla fue mi defensa y la del resto de las personas que han sido imputados en esta causa. Nada más, muchas gracias», concluyó.

Luego fue el turno de uno de los exresponsables del distrito de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Raúl Daruich, quien se dirigió de manera breve al Tribunal y finalmente del exsubsecretario de Obra Pública Abel Fatala, quien sólo reiteró que su área no tenía intervención en la Dirección Nacional de Vialdad.

El cronograma dispuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini prevé que el martes 29 tengan oportunidad de decir sus palabras finales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obras Pública José López.

El tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo, Nelson Periotti.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez, comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias. En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de una asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada. Además, solicitaron diez años de cárcel para Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe. Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.