El documento resalta que solo el 2,6 por ciento de los delitos son cometidos por menores de 18 años. Y advierte que esos chicos también son víctimas. 

Una vez más se discute en Argentina la baja en la edad de imputabilidad. En junio pasado el Gobierno presentó y envió al Congreso un proyecto de ley para que encarcelar a adolescentes de 13 años sea una posibilidad. En el marco de la discusión, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una posición firme en defensa de los adolescentes en conflicto con la ley penal y en contra de los proyectos que promueven la disminución de la edad de imputabilidad.

Mientras en las comisiones de la Cámara de Diputados se trata el proyecto de Ley Penal Juvenil, presentado por el Ejecutivo el 28 de junio por intermedio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el texto elaborado por las Subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la SAP y difundido este lunes pone el acento en “las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes sujetos a procesos judiciales”.

“Nos parece que poner la edad como el elemento a discutir es de una mirada simplista que deja de lado la complejidad que tienen las vidas de los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Javier Indart De Arza, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, en diálogo con Página 12.

“Las estadísticas son bastantes claras respecto a la responsabilidad de los adolescentes en delitos penales”, aseguró al resaltar que solo el 2,6% de los delitos son cometidos por menores de 18 años. “Es claro que la baja de imputabilidad no resuelve el flagelo de la violencia y de la inseguridad”, agregó.

Pasar de “delincuentes” a “víctimas”

El documento difundido sostiene que estos adolescentes son víctimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida. “La adolescencia de hoy viene golpeada y no está siendo pensada desde una perspectiva de derechos. Hasta se sigue hablando de ellos como ‘menores’ como si no fueran personas”, sumó Indart De Arza.

El informe de la SAP argumenta que “sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos. En otras, su libre campo de autodeterminación se encuentra totalmente limitado por su realidad social, cultural, familiar, educativa o económica”.

En ese sentido, el pediatra afirmó: “Mismo en las raras situaciones donde ellos son los que gestionan el crimen, no hay que dejar de preguntarse qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión. Uno se puede detener frente al delito y a quien lo ejerce o ver lo que estamos haciendo como sociedad para generar esto”.

Penas de adultos para adultos

El informe además pregona que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes no deberían ser homologables a las de los adultos.

Llegado el caso en que se detenga y prive de la libertad a los jóvenes, María Julieta Rosso, presidenta de la Subcomisión de Humanidades de la SAP, sostuvo: “Bregamos por instituciones habilitadas para la contención de adolescentes en conflicto, orientadas a la rehabilitación, garantizando condiciones edilicias adecuadas y proveyendo programas de educación y de capacitación laboral, de manera de dotarlos de herramientas para facilitar su reinserción social”.

Desde la Sociedad de Pediatría defienden la importancia de fomentar la “justicia restaurativa”, que consiste en evaluar la posibilidad de interactuar el autor del delito con la víctima –si ésta así lo acepta– para reconocer humanidad e identidad a quien ha sufrido por causa de él y pueda sinceramente arrepentirse y comprometerse a enmendar las consecuencias de su conducta. “Un cambio profundo sucede cuando uno acepta la culpa –señaló Indart De Arza–, por eso es importante que tenga la posibilidad de reconocer el daño e intentar solucionarlo. Buscar que sea una responsabilidad compartida: que la sociedad no mire a un costado y que el chico pueda dar cuenta de lo que hizo”.

“No existen medidas que resuelvan el delito. No existen medidas cortoplacistas que puedan abordar con profundidad y seriedad un problema tan complejo. La violencia en niños y adolescentes requiere de una política estatal compleja completa y sostenible en el tiempo”, dice el documento.

Distintos instrumentos internacionales, así como instancias judiciales de las máximas instancias nacionales e interamericanas se pronunciaron al respecto del tema. En el informe, los integrantes de la asociación hicieron una recopilación  afirmaron que “si el Estado Argentino optara por agravar las penas para los delitos cometidos por menores de edad o dispensara al niño en conflicto con la ley penal un trato similar al adulto infractor, estaría conculcando convenios internacionales incorporados a la Constitución Nacional o bien desconociendo jurisprudencia de aplicación obligatoria”.

Plan integral

“En la discusión sobre el tema desde la SAP nos parece interesante poder ser propositivos y ofrecer posibles acciones frente a la problemática para acompañar desde una mirada de salud integral y no desde el punitivismo”, manifestó Indart De Arza. Así, la asociación propone un programa integral que apunte a la restauración y reinserción social de los niños y adolescentes, interviniendo no solamente desde la Justicia, sino más bien desde la educación y la salud.

En ese sentido, el informe desarrolla una serie de recomendaciones para el abordaje de adolescentes no punibles, entre las que se pueden mencionar el diseño de “un sistema donde el Estado esté permanentemente presente para promover el desarrollo personal, educativo y social del niño”. También la necesidad de “garantizar la protección de los derechos del niño, en todas sus etapas de desarrollo, dotándolo de las herramientas educativas, sociales y económicas para fortalecer su autonomía y visualizar la responsabilidad penal de un niño o adolescente teniendo en cuenta su realidad social, cultural y personal».

Entre las propuestas además resaltaron la importancia de tener en cuenta que la vinculación de adolescentes con las armas y drogas “está relacionado casi directamente con amparo de ‘capangas’ marginales y connivencia policial”, a la vez que requirieron promover actividades intramuros “con alto contenido social” para la reinserción.

Y pidieron «abordar –con carácter fuertemente preventivo– determinantes como la violencia familiar y de género, las organizaciones delictivas de adultos y de agentes de seguridad que utilizan niños para delinquir, los adultos que son agentes de tráfico de drogas, la deserción escolar, la precariedad laboral de los adultos a cargo, el acceso a estupefacientes y sustancias psicoactivas, psicotrópicos y drogas ilegales”.

“Es simplista decir que el tema se soluciona bajando la edad de imputabilidad, no existe una respuesta sencilla a un problema muy complejo”, aseguró Indart De Arza. “Este tema vuelve a aparecer recurrentemente gobierno tras gobierno. Nosotros lo que creemos es que más que la baja de imputabilidad, lo que hay que poner en el centro de la agenda es la atención integral de los niños y adolescentes”, completó.

@Página12 // Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.