NacionalPolítica & Economía
La Secretaría de Derechos Humanos aportó nuevos datos sobre Isabelita, la espía de la PFA.

Isabelita, por el momento, no tiene quien la investigue en los tribunales de Comodoro Py por su infiltración entre las Madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura. Mientras se espera un dictamen del fiscal Eduardo Taiano para ver si impulsa la pesquisa sobre la agente de inteligencia que salió a la luz por una investigación de Página/12, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) aportó nuevos datos sobre la integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) a la espera de que se descorra el velo sobre su posible participación en los secuestros de las Madres y las monjas francesas en diciembre de 1977.
Desde 1969, Isabelita integró el Cuerpo de Informaciones de la PFA. En 1972, le dieron una felicitación por su rol en el esclarecimiento del secuestro del directivo de la FIAT Oberdán Sallustro en manos del PRT-ERP. En algún momento de la dictadura, la muchacha de cabellos castaños y ojos pardos se mezcló entre las mujeres que buscaban a sus hijos e hijas secuestrados por los grupos de tareas. Esa información aparece en su legajo. Un exintegrante de la PFA, Luis Alberto “Japonés” Martínez, habló de ella cuando lo detuvieron en Suiza intentando cobrar un secuestro extorsivo en plena dictadura.
Ante la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Japonés Martínez dijo que la PFA tenía infiltrada a una mujer de cabellos largos, conocida como Isabelita, entre las Madres y las monjas francesas –es decir, en el grupo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz y cuyos doce integrantes secuestrados fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), torturados y luego arrojados en los vuelos de la muerte, en un operativo en el que tuvo un rol siniestramente estelar el marino Alfredo Astiz–. Después de la declaración del Japonés, un superior de Isabelita recomendó su traslado a Mar del Plata porque allí vivía su pareja –un integrante del Batallón de Inteligencia 601– y porque había aparecido en una denuncia internacional.
En 2013, durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) encontró estos papeles y presentó una denuncia ante el juzgado donde tramita la megacausa ESMA. El juez Sergio Torres tomó una serie de medidas pero no encontró suficiente información para vincularla con los secuestros de la Santa Cruz, por lo que decidió archivar parcialmente el caso.
Después de que Página/12 publicara la historia de Isabelita, la SDH se presentó para reclamar que se desarchivara la denuncia y se investigara su rol durante la dictadura. El juez Ariel Lijo, actualmente a cargo del juzgado donde tramita la causa ESMA, le pidió su opinión al fiscal Eduardo Taiano, que todavía no se pronunció y es probable que no lo haga esta semana tampoco. Lijo comentó con colaboradores que, para él, hay elementos para reabrir el caso.
Ahora, la SDH volvió a presentarse en el juzgado con dos nuevos elementos. Por un lado, aportó un extenso informe que hizo el Programa Verdad y Justicia con el relevamiento de distintos legajos de integrantes del Cuerpo de Informaciones de la PFA. Entre ellos está el de Isabelita –que da cuenta de sus destinos durante los años del terrorismo de Estado y de la declaración del Japonés Martínez–.
Por otro lado, la SDH hizo foco en otro elemento de la declaración de Martínez: él había dicho que Isabelita compartía una pensión con las monjas francesas en la zona de Viamonte, Paraná y Montevideo y que él había ido a “levantar” sus cosas después de los secuestros de la Santa Cruz. Cuando Torres recibió la denuncia en 2013, le preguntó a la Iglesia si tenía alguna casa en esa zona. La respuesta fue negativa. Este diario publicó que, en realidad, existía entonces una pensión de mujeres en Viamonte 1596.
Los investigadores de la SDH encontraron ahora un orden del día de la PFA del 26 de agosto de 1974 que menciona Viamonte 1596 –en los pisos 3 y 4– dentro de una nómina de hoteles a los que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ratificó su “permiso de uso”.
El organismo que dirige Horacio Pietragalla Corti le solicitó al juez Lijo que le pida informes al Ministerio del Interior para determinar si hay otra documentación que dé cuenta de esa propiedad. Anteriormente, le había reclamado que le pregunte a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si cuenta con información sobre la infiltrada.
La carrera de Isabelita siguió en ascenso durante la democracia. Egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), se convirtió en 1997 en la jefa de estudios de la Escuela Federal de Inteligencia, donde se forman los agentes de inteligencia de la PFA. Al menos hasta 2019 fue parte del plantel docente en cursos de posgrado del Instituto Universitario de la PFA, junto con jueces y secretarios federales.
/Página12.

NacionalPolítica & Economía
Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».
Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.
En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.
Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner
El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), y no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».
/Ed
NacionalPolítica & Economía
El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.
A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.
Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.
Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.
Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.
Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.
Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.
Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Milei celebró estar del «lado correcto de la historia» tras el ataque de EE.UU a Irán

El Presidente compartió el posteo del ministro de Defensa, Luis Petri, tras la escalada en el conflicto de Medio Oriente.
El presidente Javier Milei rápidamente se hizo eco del ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. A través de sus redes sociales, el mandatario se encargó de repostear apoyos al accionar del país norteamericano y celebró que Argentina «esté del lado correcto de la Historia».
/Ed
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