El Departamento de Justicia estadounidense se presentará ante la Cámara de Apelaciones neoyorquina. Mientras tanto, rige una suspensión momentánea de la decisión que ordenaba entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

El gobierno estadounidense de Donald Trump anunció que presentará un amicus en la Justicia para apoyar a la Argentina en la suspensión del fallo que dispuso la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF.

El respaldo legal del Departamento de Justicia norteamericano será interpuesto ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York buscando suspender la cesión de las acciones ordenada por la jueza Loretta Preska mientras tramita la apelación argentina.

Actualmente rige una suspensión momentánea del fallo, por parte del tribunal superior, hasta que las partes presenten los argumentos de apelación. La intervención del gobierno de Estados Unidos apunta a que la pausa en la medida se extienda durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.

El antecedente bajo el gobierno de Biden

El Departamento de Justicia bajo el mandato de Joe Biden ya había presentado un amicus pidiendo rechazar la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF. En aquella oportunidad, el gobierno norteamericano consideró en el apoyo legal a la Argentina que una medida como la de entregar acciones de YPF “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos”.

A pesar del pronunciamiento formal de la Casa Blanca, Preska lo desestimó fallando desfavorablemente sobre Argentina. En este caso, el nuevo respaldo busca poder torcer la decisión y evitar que el país sea obligado a desprenderse de los papeles de la petrolera de forma inmediata.

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Tendrán un plazo de diez días hábiles para hacerlo. De lo contrario, el tribunal determinó que sean ejecutados los bienes de los condenados que sirvan a esos fines.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó este martes la ejecución del decomiso económico en la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina de Kirchner. En total, l os nueve condenados deberán pagar a fines de julio casi $685.000 millones. De no hacerlo, podrían ser ejecutados los bienes a nombre de los afectados.

Además de Cristina de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, josé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos condenados en la causa Vialidad. El dinero deberá ser depositado en una cuenta judicial abierta en el Banco Nación a nombre del tribunal. El monto reclamado es $684.990.350.139,86.

No queda claro cuánto debería pagar cada persona. El tribunal no determina cómo se reparte el monto del decomiso, solo menciona la suma total que debe ser pagada y las medidas generales para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Entre ellos, el decomiso en caso de no abonar en el tiempo determinado.

Vale recordar que las personas afectadas ya tienen bienes embargados por la justicia. El tribunal instó al Ministerio Público Fiscal de que realice las investigaciones necesarias para identificar y localizar bienes para garantizar el cobro. Para acelerar este la investigación se le recuerda que ya tiene las facultades para hacerlo.

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Los abogados contratados por el Gobierno nacional informaron que la suspensión es por tiempo «indeterminado». Se cayó el riesgo de desacato, tras la reciente intimación de la jueza Loretta Preska de acceder al pedido de los fondos buitre.

Los jueces de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendieron por «tiempo indeterminado» la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres que ganaron u$s16.099 millones en el jucio por la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012.

Con esta decisión, se puso un freno a la embestida judicial que inició la jueza Loretta Preska contra el país, que incluía un ultimátum de 72 horas para hacer efectiva su orden de transferir las acciones de la compañía.

Según indicaron fuentes vinculadas al caso, «en principio» la decisión de la Corte de Apelaciones es «por tiempo indeterminado» y hasta que un nuevo plazo sea fijado por un tribunal, que deberá será convocado especialmente en este caso.

Pero al mismo tiempo, dejó de correr el ultimátum de 72 horas lanzado por Loretta Preska para entregar el 51% de las acciones de YPF o sino dictaba un desacato contra la Argentinas.

Los motivos del rechazo de la Argentina a la sentencia de Loretta Preska

En el caso Eton Park, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo en apelación y fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.

El temor del gobierno de EEUU es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Como dijo Axel Kicillof, las acciones de YPF «sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso» como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría parlamentaria.

Por último, se esgrimió la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.

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