NacionalPolítica & Economía
La rebelión judicial que jaquea a la Corte Suprema

La Cámara Civil acusó a los supremos de afectar la división de poderes. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también rechazan el fallo.
Una verdadera rebelión judicial jaquea por estos días a la Corte Suprema en rechazo a la aplicación del fallo con el que, en el último acuerdo de 2024, le dio facultades al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para revisar las causas que tramitan en los fueros civil, laboral, penal y comercial, que son nacionales. Una acordada firmada este martes por la Cámara Civil acusa a los supremos de afectar la división de poderes, alterar el funcionamiento de los tribunales, generar demoras, mayores costos quienes presentan recursos, perturbar al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y, en definitiva, dice el texto, violar «la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica». Pero la de este tribunal no es la primera expresión que se alza contra aquella sentencia: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó un planteo de revocatoria para 16 causas, entre las cuales está la de la deuda del Correo de la familia Macri; y el Procurador General interino, Eduardo Casal, le pidió al alto tribunal que suspenda lo decidido ya que los fiscales nacionales no pueden litigar en los tribunales porteños.
Este miércoles la Cámara del Trabajo tiene acuerdo general y es posible que siga el mismo camino que la Civil. También se reunirá para tratar el tema la Cámara del Crimen y la Cámara Comercial ya tuvo un encuentro informal. Todas objetan el fallo de los cortesanos que determinó que los recursos extraordinarios que cuestionen sus decisiones vayan a parar al alto tribunal porteño, que como es conocido está integrado por una mayoría de jueces afines al macrismo.
La cocina suprema
En la Corte Suprema se veían venir el malestar pero no una reacción tan amplia. Creyeron que iban a amortiguar los efectos al firmar sentencia después de la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, que es la entidad gremial que representa a jueces/zas, fiscales/as y defensores/as. La idea era ahorrarse un mal momento. Además en el evento sería homenajeado Juan Carlos Maqueda, quien finalmente se jubiló al promediar diciembre y, de hecho, firmó junto con Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti el caso «Levinas» que desató todo este revuelo, y una serie de resoluciones calcadas que aplican el mismo criterio. Una de ellas fue un verdadero regalo para Mauricio Macri y el grupo SOCMA, que querían a toda costa que la quiebra del Correo sea revisada por los supremos de la Ciudad. La quiebra de por sí quedó en suspenso con el recurso extraordinario que presentó la firma. La Corte le dio incluso tres años de oxígeno sin tratar el tema. El grupo Macri al parecer confía en eludir con ayuda de jueces porteños el pago de la deuda millonaria que tiene con el Estado desde 2001.
«Levinas»,que resultó ser el leading case, se originó con demanda civil de la familia del artista plástico León Ferrari contra el panelista Gabriel Levinas, a quien le había dado unos cuadros para exponer en París en 2008, no se los devolvió, dijo que los vendió «por razones de urgencia» y tampoco le dio el dinero. Un fallo ordenaba pagarle a sus herederos 88.000 dólares y la Cámara Civil lo confirmó. Para apelar esa sentencia, Levinas hizo el intento que luego copiaron con esperanza los Macri: apeló el fallo directamente ante el TSJ porteño para llevarlo a esa jurisdicción, donde esperaba revertir si situación. El TSJ disputó la competencia y la discusión desembocó en la Corte.
En el máximo tribunal ahora crece la preocupación. Tratarán el tema en el acuerdo de este jueves, aunque no es seguro que lleguen tan pronto a alguna conclusión y, eventualmente, a una decisión. Por el momento, parece difícil que a la Asociación de Magistrados le reconozcan legitimación para pedir la revocatoria. En cambio podrían considerar alguna clase de respuesta al planteo del procurador Casal. Como sea hoy por hoy al ser tres los ministros de la Corte no hay mayoría ya que Rosenkrantz había firmado en disidencia, a menos que Rosatti y Lorenzetti se dispongan a revisar su posición.
¡Objeción!
El texto de la acordada de la Cámara Civil, que firmaron todos sus integrantes menos tres que faltaron, es lapidario. Arranca con el «rechazo» al fallo que convirtió a la corte porteña en una instancia de revisión nacional. O, de otro modo, que aplicó un traspaso de hecho de la justicia nacional a la Ciudad. Dice: «Ningún Tribunal de Justicia cuenta con facultades para atribuir jurisdicción a un tribunal local a fin de revisar resoluciones o sentencias de Tribunales Nacionales, alterando la estructura del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, afectando la división de poderes y provocando una situación de incertidumbre en los litigantes, demoras injustificadas en el trámite de los procesos, mayores costos derivados del pago de depósitos para recurrir, perturbando el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y, en suma afectando la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica». Al final recuerda que estas cuestiones están reservadas al Congreso, que ellos como camaristas «han jurado defender».
En la Cámara Civil hay, además, pedidos en dos de sus salas para que se convoque a un plenario para tratar dos casos que están afectados por el fallo de la Corte. Todo indica que la reunión se haría el martes y que podrían firmar un «fallo plenario». Se trata de una resolución que toman las Cámaras para fijar una postura que es obligatoria para todos los juzgados de primera instancia del fuero y todas las salas de la propia Cámara. En este caso sería desoyendo lo establecido por el alto tribunal. Por ejemplo, Cámara Civil lo ha hecho en otros temas jurídicos, como la definición del plazo de prescripción (la Corte decía diez años y la Cámara fijó cinco). De todos modos es la primera vez que se plantea una oposición tajante en un tema de relevancia institucional como el que esta vez está en juego. Todo apunta a que será una decisión extendida en la justicia nacional declarar inaplicable el fallo supremo.
El primer indicio del conflicto en puerta lo dio un fallo de una jueza de feria de la Cámara del Trabajo, Beatriz Ferdman, que rechazó un planteo del Estado Nacional que quería mandar al TSJ porteño la causa iniciada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) por los despidos en la exAFIP, ahora ARCA. El argumento puntual de la magistrada fue que no puede intervenir la justicia de la Ciudad en un caso referido a un organismo nacional. Una medida cautelar concedida por la Cámara también durante la feria había ordenado que gobierno se abstenga de adoptar medidas que afecten la estabilidad laboral de los empleados y funcionarios del ente recaudador.
El último día de la feria se conoció la presentación del Procurador Casal ante la Corte donde le pide que suspenda la aplicación del fallo «Levinas» ya que, explicó, «se vería impedido de cumplir sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante el fuero nacional, en detrimento de los intereses por los que tiene que velar». Advertía que si el Ministerio Público Fiscal quiere impugnar sentencias de las Cámaras Nacionales no podrá, porque solo tiene «legitimidad procesal» para intervenir ante los tribunales nacionales. Ese problema, fundamentaba Casal, no se puede resolver mediante una instrucción general de al Procuración, y eso perjudica «los intereses sociales que debe defender».
Esta semana entró abiertamente en escena la Asociación de Magistrados, que preside el juez de tribunal oral Andrés Basso, quien ya había convocado a una reunión extraordinaria a todos los presidentes de las Cámaras, representantes de tribunales orales, fiscales y defensores, el 30 de diciembre, tres días después de que salió el fallo de la discordia. En ese momento la Asociación recordó que se opone desde el vamos al traspaso de la justicia nacional a la Ciudad. Aluden a un problema constitucional, pero es conocido que lo interpretan como una suerte de degradación. Después de reuniones de consejo directivo y con gremios, la entidad presentó –como representante de sus asociados– un recurso de revocatoria ante la Corte Suprema, es decir, un pedido para que revise su decisión en 16 expedientes donde resolvió que el TSJ porteño intervenga en causa de la justicia ordinaria nacional.
El escrito de 40 páginas dice que en circunstancias excepcionales la Corte ha admitido enmendar errores y que este debería ser el caso. Remarca que la Constitución no prevé el traspaso sino que lo supedita una ley, y hasta cita un dictamen del exprocurador Rodolfo Barra en contra de la inclusión de esta cuestión en la Ley Bases que llevó a que Diputados lo excluyera con el argumento de que requiere un tratamiento específico. La Asociación fundamentó que la Corte se contradijo con sus propios precedentes, sumó el problema para el Ministerio Público, recordó que una ley porteña que habilitó al TSJ a revisar fallos nacionales (cuando Macri buscaba llevar allí el caso Correo) está bajo análisis del fuero contencioso. Y acusó a los supremos de legislar con sus sentencias.
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Kicillof, Massa y Máximo se reúnen a dos días de la inscripción de alianzas en la provincia de Buenos Aires

Los referentes de los tres principales espacios políticos del peronismo se habían reunido por última vez el domingo pasado.
A dos días del cierre de inscripción de alianzas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof está reunido con el referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, y líder del Frente Renovador, Sergio Massa en La Plata, según pudo saber El Destape de fuentes cercanas al encuentro. Los tres ya se habían reunido el domingo pasado mientras se desarrollaba la elección legislativa en Formosa, donde ganó el oficialismo con más del 60%.
El encuentro entre los dirigentes del peronismo tuvo lugar a dos días del cierre de alianzas para las elecciones legislativas bonaerenses, fijado para el 9 de julio. Diez días después, el 19 de este mes, está previsto en el calendario electoral bonaerense el cierre de listas.
En la reunión del congreso del PJ Bonaerense del sábado último, que tuvo lugar en Merlo, los diferentes sectores acordaron avanzar en listas seccionales de unidad para enfrentar la alianza que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO presentarán para los comicios del distrito. Así lo definieron el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que representa a Kicillof; La Cámpora y el Frente Renovador, los principales animadores del frente peronista bonaerense.
La mesa de unidad y la declaración de Kicillof
Después del Congreso del PJ bonaerense en el que se definió la unidad, Axel Kicillof celebró la unidad en sus redes sociales. «Sabemos que dentro del peronismo existen miradas distintas sobre la experiencia fallida del Gobierno Nacional del Frente de Todos y sobre el camino a seguir para reparar aquella decepción. Esos debates continuarán: son inevitables y necesarios. Sin embargo, hoy existe una urgencia que supera cualquier diferencia o disputa: en cada caminata, en cada recorrido, en cada plenario, militantes, trabajadores y vecinos nos piden lo mismo a los dirigentes: vayan juntos», expresó.
Desde el Gobierno de la Provincia actuamos cotidianamente como escudo y red para atenuar el daño a través de políticas alimentarias, educativas y sanitarias, sosteniendo la obra pública y multiplicando los esfuerzos frente a la deserción del Gobierno Nacional. Ahora bien, lo cierto es que si Milei ganara tendrá menos inhibiciones y obstáculos para ir por más, por más desempleo, por más odio y por más motosierra. A ese plan de la derecha tenemos que ponerle límites firmes», continuó y agregó:»Dada la gravedad y la importancia de lo que está en juego, como gobernador de la Provincia de Buenos Aires vuelvo a convocar a cada compañera y compañero, a cada sindicato, a los movimientos sociales, a cada intendente y a cada dirigente del campo popular a dejar las diferencias para después y organizar la protección del pueblo bonaerense. Expreso esta convocatoria estando a cargo del gobierno de una provincia que sufrió recientemente una insólita amenaza de intervención por parte de un presidente que no la conoce, que no la recorre y cuyos intereses ataca».
Por último, el gobernador bonaerense concluyó: «Esta defensa de nuestra provincia es el primer paso para el verdadero desafío: construir un frente social y político lo más amplio posible a través del cual podamos recuperar nuestro derecho al futuro y, en el 2027, poner al país en un camino de desarrollo justo, soberano y federal. No estamos condenados a la pesadilla libertaria, hay otro camino y lo seguiremos construyendo«.
/Ed
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La valijera trumpista, bajo la lupa judicial

La justicia comprobó que la azafata vinculada a la derecha regional, y que se fotografió con Milei en ese mismo viaje, llegó al país con varias valijas que eludieron los controles. La investigan por contrabando.
Ni un equipaje de mano o «carry on», como mintió el vocero presidencial, Manuel Adorni, ni tampoco un descuido circunstancial en la Aduana. Casi cinco meses después de la filtración del escándalo, la justicia finalmente avanzó en el esclarecimiento del caso de la valijera libertaria Laura Belén Arrieta, vinculada a distintas terminales de los servicios y a los socios trumpistas de la derecha norteamericana amigos de Javier Milei. la exazafata había ingresado al país procedente de Miami en febrero de este año, en un vuelo privado, y desde Ezeiza se había filtrado la versión de que había eludido los controles correspondientes: no habían sido revisados ni sus bolsos ni tampoco el Jet que la trajo. El Gobierno había negado no sólo el hecho, sino cualquier suspicacia respecto del siga-siga en los controles. Al final, las valijas que llegaron desde Estados Unidos y no pasaron por la Aduana fueron 10 y la Justicia investiga el hecho por posible contrabando, entre otras hipótesis.

«Es gravísimo que los amigos y socios del poder se muevan con estos niveles de privilegio e impunidad, pero aún más grave es que el Gobierno haya intentado encubrirlo y haya mentido públicamente sobre el tema. Cuando la palabra oficial pierde valor, lo que queda es el encubrimiento y la impunidad», le dijo a Página/12 respecto del caso el diputado Maxi Ferraro, quien siguió desde la investigación desde el inicio. «Presenté cuatro pedidos de acceso a la información, a Migraciones, Aduana, PSA y ANAC, y todos fueron rechazados o respondidos con evasivas. Por suerte la Justicia está investigando. Nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que se sepa toda la verdad», agregó el diputado.
Las valijas, la valijera y CÍA
Aquel escándalo que en marzo pasado sacudió al gobierno de Javier Milei tras conocerse que una integrante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la Argentina había entrado al país con algunas valijas sin pasar por los controles correspondiente, resultó ser peor de lo que se supo hasta entonces. El caso estalló tras el impulso que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público Fiscal le dieron a la investigación, que avanza hacia un nuevo jaque a la administración nacional.
Lo que se había revelado por aquellos días fue lo siguiente: una mujer llamada Laura Belén Arrieta, ex azafata de 32 años, ingresó en un vuelo privado de Royal Class, propiedad del empresario Leonardo Scatturice –flamante dueño de Fly Bondi y vínculo entre Milei y la CPAC– proveniente de Miami. Llegó con cinco valijas que no fueron controladas -al parecer- por sus fuertes vínculos con empresarios y funcionarios del Gobierno producto de su ligazón con la CPAC íntimamente vinculada al presidente Donald Trump.
Lo que se dijo fue que “por orden de arriba” el equipaje de la mujer no debía pasar por Aduanas. Sacudido por esas revelaciones, el Gobierno salió a despegarse del hecho. “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, había dicho el vocero Manuel Adorni, negándolo todo.
Tras el impulso de la investigación por parte de los fiscales de la causa se reveló que la cantidad de valijas sin declarar fueron 10, el doble de lo que se había rumoreado. Y que para colmo hay más personas involucradas.

Los nuevos datos fueron dados a conocer por el canal TN, que indicó que la Justicia investiga el hecho como un posible “contrabando”. Se conocieron nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de Aeroparque que dan cuenta de la irregularidad, y a ello se sumaron las declaraciones de los funcionarios jerárquicos que intervinieron y que fueron clave para conocer la maniobra.
Los que no pasaron los controles aduaneros habrían sido varios pasajeros. Y según el dictamen de la Fiscalía, tanto los tripulantes, José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, como Laura Arrieta, “fueron reconducidos” por personal de Aduanas “sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje.
A los demás pasajeros del vuelo privado sí se los controló. Y es por eso que “esa diferencia en el tratamiento resulta particular llamativa”, dijeron los fiscales. “El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”, recalcó el escrito.
Al parecer, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no había registrado la nave. Es más, los registros migratorios demostraron que también hubo falsedad en los destinos de la nave, propiedad del nuevo dueño de Fly Bondi.
Los registros declararon que el vuelo partió de la ciudad de Fort Lauderdale cuando en rigor salió de Opa-Locka (otra localidad del estado de Florida), y se informó que el vuelo saldría desde Buenos Aires de regreso a Fort Lauderdale, siendo que en verdad viajó luego hasta París.
Según la investigación judicial, también se detectó un “comportamiento inusual” de Laura Belén Arrieta. Las cámaras de seguridad de Aeroparque dieron cuenta que la mujer bajó del avión “con un teléfono que había sido entregado a una agente de la Aduana, que respondió con el gesto de ‘Ok’”.
Como integrante de la CPAC y virtual vínculo entre esa organización republicana y el gobierno de La Libertad Avanza ( LLA), Arrieta había sido organizadora de la cumbre que ese colectivo de empresarios y dirigentes de ultraderecha realizaron en diciembre pasado en la Argentina, y en la que Javier Milei fue el protagonista principal.
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El gobierno de Milei anunció el cierre de Vialidad Nacional

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.
Este lunes, el Gobierno nacional anunció oficialmente que cerrará la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de su política de achicamiento del Estado. La noticia fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
En desarrollo.-
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