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NacionalPolítica & Economía 

La rebelión judicial que jaquea a la Corte Suprema

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La Cámara Civil acusó a los supremos de afectar la división de poderes. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también rechazan el fallo.

Una verdadera rebelión judicial jaquea por estos días a la Corte Suprema en rechazo a la aplicación del fallo con el que, en el último acuerdo de 2024, le dio facultades al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para revisar las causas que tramitan en los fueros civil, laboral, penal y comercial, que son nacionales. Una acordada firmada este martes por la Cámara Civil acusa a los supremos de afectar la división de poderes, alterar el funcionamiento de los tribunales, generar demoras, mayores costos quienes presentan recursos, perturbar al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y, en definitiva, dice el texto, violar «la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica». Pero la de este tribunal no es la primera expresión que se alza contra aquella sentencia: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó un planteo de revocatoria para 16 causas, entre las cuales está la de la deuda del Correo de la familia Macri; y el Procurador General interino, Eduardo Casal, le pidió al alto tribunal que suspenda lo decidido ya que los fiscales nacionales no pueden litigar en los tribunales porteños. 

Este miércoles la Cámara del Trabajo tiene acuerdo general y es posible que siga el mismo camino que la Civil. También se reunirá para tratar el tema la Cámara del Crimen y la Cámara Comercial ya tuvo un encuentro informal. Todas objetan el fallo de los cortesanos que determinó que los recursos extraordinarios que cuestionen sus decisiones vayan a parar al alto tribunal porteño, que como es conocido está integrado por una mayoría de jueces afines al macrismo. 

La cocina suprema

En la Corte Suprema se veían venir el malestar pero no una reacción tan amplia. Creyeron que iban a amortiguar los efectos al firmar sentencia después de la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, que es la entidad gremial que representa a jueces/zas, fiscales/as y defensores/as. La idea era ahorrarse un mal momento. Además en el evento sería homenajeado Juan Carlos Maqueda, quien finalmente se jubiló al promediar diciembre y, de hecho, firmó junto con Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti el caso «Levinas» que desató todo este revuelo, y una serie de resoluciones calcadas que aplican el mismo criterio. Una de ellas fue un verdadero regalo para Mauricio Macri y el grupo SOCMA, que querían a toda costa que la quiebra del Correo sea revisada por los supremos de la Ciudad. La quiebra de por sí quedó en suspenso con el recurso extraordinario que presentó la firma. La Corte le dio incluso tres años de oxígeno sin tratar el tema. El grupo Macri al parecer confía en eludir con ayuda de jueces porteños el pago de la deuda millonaria que tiene con el Estado desde 2001. 

«Levinas»,que resultó ser el leading case, se originó con demanda civil de la familia del artista plástico León Ferrari contra el panelista Gabriel Levinas, a quien le había dado unos cuadros para exponer en París en 2008, no se los devolvió, dijo que los vendió «por razones de urgencia» y tampoco le dio el dinero. Un fallo ordenaba pagarle a sus herederos 88.000 dólares y la Cámara Civil lo confirmó. Para apelar esa sentencia, Levinas hizo el intento que luego copiaron con esperanza los Macri: apeló el fallo directamente ante el TSJ porteño para llevarlo a esa jurisdicción, donde esperaba revertir si situación. El TSJ disputó la competencia y la discusión desembocó en la Corte. 

En el máximo tribunal ahora crece la preocupación. Tratarán el tema en el acuerdo de este jueves, aunque no es seguro que lleguen tan pronto a alguna conclusión y, eventualmente, a una decisión. Por el momento, parece difícil que a la Asociación de Magistrados le reconozcan legitimación para pedir la revocatoria. En cambio podrían considerar alguna clase de respuesta al planteo del procurador Casal. Como sea hoy por hoy al ser tres los ministros de la Corte no hay mayoría ya que Rosenkrantz había firmado en disidencia, a menos que Rosatti y Lorenzetti se dispongan a revisar su posición. 

¡Objeción!

El texto de la acordada de la Cámara Civil, que firmaron todos sus integrantes menos tres que faltaron, es lapidario. Arranca con el «rechazo» al fallo que convirtió a la corte porteña en una instancia de revisión nacional. O, de otro modo, que aplicó un traspaso de hecho de la justicia nacional a la Ciudad. Dice: «Ningún Tribunal de Justicia cuenta con facultades para atribuir jurisdicción a un tribunal local a fin de revisar resoluciones o sentencias de Tribunales Nacionales, alterando la estructura del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, afectando la división de poderes y provocando una situación de incertidumbre en los litigantes, demoras injustificadas en el trámite de los procesos, mayores costos derivados del pago de depósitos para recurrir, perturbando el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y, en suma afectando la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica». Al final recuerda que estas cuestiones están reservadas al Congreso, que ellos como camaristas «han jurado defender». 

En la Cámara Civil hay, además, pedidos en dos de sus salas para que se convoque a un plenario para tratar dos casos que están afectados por el fallo de la Corte. Todo indica que la reunión se haría el martes y que podrían firmar un «fallo plenario». Se trata de una resolución que toman las Cámaras para fijar una postura que es obligatoria para todos los juzgados de primera instancia del fuero y todas las salas de la propia Cámara. En este caso sería desoyendo lo establecido por el alto tribunal. Por ejemplo, Cámara Civil lo ha hecho en otros temas jurídicos, como la definición del plazo de prescripción (la Corte decía diez años y la Cámara fijó cinco). De todos modos es la primera vez que se plantea una oposición tajante en un tema de relevancia institucional como el que esta vez está en juego. Todo apunta a que será una decisión extendida en la justicia nacional declarar inaplicable el fallo supremo. 

El primer indicio del conflicto en puerta lo dio un fallo de una jueza de feria de la Cámara del Trabajo, Beatriz Ferdman, que rechazó un planteo del Estado Nacional que quería mandar al TSJ porteño la causa iniciada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) por los despidos en la exAFIP, ahora ARCA. El argumento puntual de la magistrada fue que no puede intervenir la justicia de la Ciudad en un caso referido a un organismo nacional. Una medida cautelar concedida por la Cámara también durante la feria había ordenado que gobierno se abstenga de adoptar medidas que afecten la estabilidad laboral de los empleados y funcionarios del ente recaudador. 

El último día de la feria se conoció la presentación del Procurador Casal ante la Corte donde le pide que suspenda la aplicación del fallo «Levinas» ya que, explicó, «se vería impedido de cumplir sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante el fuero nacional, en detrimento de los intereses por los que tiene que velar». Advertía que si el Ministerio Público Fiscal quiere impugnar sentencias de las Cámaras Nacionales no podrá, porque solo tiene «legitimidad procesal» para intervenir ante los tribunales nacionales. Ese problema, fundamentaba Casal, no se puede resolver mediante una instrucción general de al Procuración, y eso perjudica «los intereses sociales que debe defender». 

Esta semana entró abiertamente en escena la Asociación de Magistrados, que preside el juez de tribunal oral Andrés Basso, quien ya había convocado a una reunión extraordinaria a todos los presidentes de las Cámaras, representantes de tribunales orales, fiscales y defensores, el 30 de diciembre, tres días después de que salió el fallo de la discordia. En ese momento la Asociación recordó que se opone desde el vamos al traspaso de la justicia nacional a la Ciudad. Aluden a un problema constitucional, pero es conocido que lo interpretan como una suerte de degradación. Después de reuniones de consejo directivo y con gremios, la entidad presentó –como representante de sus asociados– un recurso de revocatoria ante la Corte Suprema, es decir, un pedido para que revise su decisión en 16 expedientes donde resolvió que el TSJ porteño intervenga en causa de la justicia ordinaria nacional. 

El escrito de 40 páginas dice que en circunstancias excepcionales la Corte ha admitido enmendar errores y que este debería ser el caso. Remarca que la Constitución no prevé el traspaso sino que lo supedita una ley, y hasta cita un dictamen del exprocurador Rodolfo Barra en contra de la inclusión de esta cuestión en la Ley Bases que llevó a que Diputados lo excluyera con el argumento de que requiere un tratamiento específico. La Asociación fundamentó que la Corte se contradijo con sus propios precedentes, sumó el problema para el Ministerio Público, recordó que una ley porteña que habilitó al TSJ a revisar fallos nacionales (cuando Macri buscaba llevar allí el caso Correo) está bajo análisis del fuero contencioso. Y acusó a los supremos de legislar con sus sentencias.

/P12

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Fuerza Patria lanzó su primer spot de cara a las elecciones en Buenos Aires

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La alianza es conformada por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Los comicios bonaerenses tendrán lugar el próximo 7 de septiembre.

Tras acordar la unidad y confirmar la alianza el pasado miércoles 9 julio, Fuerza Patria presentó su primer spot de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses que tendrán lugar el próximo 7 de septiembre. «Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante», reza una voz en off en el video de más de un minuto.

En detalle, la alianza está conformada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el titular del PJ provincial, Máximo Kirchner, y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, que tras meses diálogos y enfrentamientos lograron acordar un frente común.

Fuerza Patria apunta a las elecciones legislativas

Lograr los acuerdos necesarios para presentar un frente único no fue tarea fácil para el peronismo en territorio bonaerense, que tuvo un semestre revulsivo, con el debate por el desdoblamiento de las elecciones y la condena de la expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el pasado miércoles, el frente emitió un comunicado que confirmó el primer paso de las negociaciones: «Se firmó el frente y se acordó que todas las listas, tanto las de concejales de los 135 municipios, como las de legisladores provinciales por las ocho secciones, como la de diputados nacionales tendrán un único esquema de apoderados, uno por sector».

En este escenario, y a dos meses de los comicios legislativos, la nueva propuesta electoral lanzó su primer spot de campaña. El mismo fue publicado por Massa, con un lema que reza: «Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa».

/ámbito

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Senado: aprueba proyectos sobre la distribución de los ATN y combustibles

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Una sesión muy intensa se vivió en el Congreso. Aprobaron varios proyectos y Milei anunció que los vetará.

El Senado aprobó  los proyectos que proponen la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles por 56 votos afirmativos y uno negativo, dos iniciativas que fueron impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

Fue con el apoyo de senadores de todos los bloques con excepción de Luis Juez (PRO) y La Libertad Avanza (LLA), que dejó el recinto horas antes y a la mitad de la discusión por los proyectos jubilatorios, que salieron aprobados con dos tercios de los presentes y que el presidente Javier Milei advirtió que vetará.

La embestida de los mandatarios provinciales se activó después de una reunión en el CFI en la que participaron representantes del Gobierno, entre ellos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Ante la inflexibilidad oficialista de considerar las propuestas presentadas, decidieron avanzar con ambos por ley en la Cámara alta.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

De acuerdo a esa iniciativa, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación. Además, elimina los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.

/LPSJ

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Paro nacional de pilotos para el sábado 19 de julio: es en rechazo al decreto que modificó el código aeronaútico

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El sindicato de pilotos de aviones confirmó paro de 24 horas para el sábado 19. Lo hacen en rechazo al Decreto 378/2025 que firmó el presidente Milei y modifica el código aeronáutico.

Mediante un comunicado, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro de 24 horas para este sábado 19 de julio, a partir de las 00.00 y hasta las 23.59 del mismo día. La medida de fuerza nace a partir de la promulgación del Decreto 378/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que fue rechazado por el gremio por unanimidad en asamblea general. “Advertimos que la implementación de dicho decreto representa un serio riesgo para la seguridad de los vuelos y hacemos responsables a las autoridades de las consecuencias de su aplicación”, indicaron en el comunicado.

Acusan al Gobierno de aumentar los tiempos de servicio de vuelo, disminuir los descansos de las tripulaciones y suprimir artículos que contribuyen a reducir la fatiga en horario laboral. Además, APLA denunció que no se trata de una disputa sectorial aislada, sino de una problemática que compromete a varias cuestiones estructurales vinculadas a la seguridad aérea.

Se prevé que la medida afecte tanto vuelos de cabotaje como internacionales, en uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico del año, lo cual agudiza el conflicto en el sector aeronáutico en plena temporada alta.

Se espera que el paro del sábado impacte sobre al menos el 50 por ciento de la regularidad de los vuelos desde este mismo fin de semana y durante todo el receso invernal, generando una ola de cancelaciones y demoras.

Qué dice el Decreto 378/2025 que firmó el presidente 

El conflicto se centra en el Decreto 378/2025, recientemente firmado por el presidente Milei, el cual introduce modificaciones en la normativa vigente sobre tiempos de actividad y descanso de las tripulaciones. Desde el sindicato calificaron a la postura gubernamental como un intento de “desviar la atención y deslindar responsabilidades frente a una medida claramente improvisada y peligrosa”.

En ese contexto fue que confirmaron el paro de actividades para este sábado 19, que durará 24 horas y se espera que afecte a la regularidad de los vuelos en el comienzo de la temporada alta de viajes.

Desde el Gobierno, en tanto, minimizaron la protesta, la cual atribuyeron a «motivaciones políticas a las acciones sindicales». En los últimos días, voceros del Gobierno señalaron que el gremio «responde a intereses corporativos que buscan resistirse a la modernización del sistema aéreo”.

/Ed

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