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NacionalPolítica & Economía 

La Oficina Anticorrupción denunció a Mauricio Macri por enriquecimiento ilícito.

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La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a Mauricio Macri por omitir en sus declaraciones juradas su participación accionaria real en la empresa Agropecuaria Guayquiraró (Agro G S.A), pero además señaló que sospecha que lavó dinero a través de operaciones con esa firma y que evadió impuestos.

Las maniobras fueron detectadas al cruzar datos del famoso fideicomiso ciego que el expresidente creó cuando llegó a la Casa Rosada, con el pretexto de poner su patrimonio bajo custodia de terceros y mantenerlo lejos suyo, con los registros obligatorios de todas las sociedades comerciales. 

Cuanto menos, dice el organismo, no declaró la compra de «acciones preferidas» de Agro G S.A por 5.064.938 pesos pero las transfirió al fideicomiso para darle apariencia de licitud a ese dinero y generar dividendos. Ese tipo de acciones le permitieron, a la vez, transferir 54.286.824 de pesos entre 2017 y 2020 desde una empresa llamada Latin Bio de la que era accionista esa sociedad junto con su esposa Juliana Awada, que finalmente le fueron reintegrados al propio Macri.

La denuncia que dio pie a la que finalmente hizo la OA, y que le tocó a la jueza María Servini, fue realizada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que al analizar el «fideicomiso ciego» de Macri encontró numerosas irregularidades y directamente decidió su anulación.

Entre otras cosas, había incongruencias entre las acciones que Macri reconocía y las que aparecían, pero además las transferencias y retiros dudosos de grandes sumas de dinero.

El organismo anticorrupción, que dirige Félix Crous, giró su presentación judicial también a la Unidad de Información Financiera (UIF), ante la fuerte sospecha de que el expresidente habría lavado dinero, y a la AFIP, por la posible evasión derivada del solo hecho de no reconocer la participación accionaria real al menos en la sociedad Agro G, dedicada a la actividad agrícola ganadera.

Hay dos hallazgos centrales que son los núcleos de la presentación judicial. El primero es el que dice que: «Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos«.

El expresidente declaraba una participación del 14 por ciento en esa sociedad, pero resultó que al menos tenía el 30 por ciento. El momento en que aumentó su capital, en septiembre de 2013, omitió informarlo a la IGJ, y fue en forma deliberada, según la denuncia.

Tampoco asentó en los libros de acciones la titularidad de los 5.064.938. Eso, señala la OA, se conjuga con «la conducta concretada por el propio Mauricio Macri consistente en omitir maliciosamente la declaración de su real tenencia accionaria en dicha sociedad, en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015«. Pero agrega que la «finalidad última» era ocultar que las acciones preferidas se hizo con «dinero espurio».

El segundo punto clave es que la tenencia de esas «acciones preferidas» le permitían a la sociedad Agro G, precisamente por su carácter preferencial, acceder a dividendos de otras firmas en las que participaba. Una de ellas se llama Latin Bio, una empresa de biocombustibles. Los accionistas mayoritarios de Latin Bio son la propia Agro G S.A, titular del 29,75% del capital social y Juliana Awada, titular del 20,25% del capital.

Dice la OA: «no puede soslayarse que la adquisición de las acciones preferidas de Agro G S.A., le permitieron al Fideicomiso Ciego de Administración hacerse de $ 54.286.824 (en concepto de dividendos) entre 2017 y 2020, suma que el 20/02/20 al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri«. Agrega que conformaron el directorio de Latin Bio: el exsecretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Clusellas, que fue presidente de la sociedad entre 2013 y 2020; Alejandro Jaime Braun Peña (que ocupó cargos de director presidente, director y director suplente entre 2013 y 2019) y Luz Braun Peña (directora suplente y titular entre 2013 y 2020), ambos primos segundos del exjefe de gabinete Marcos Peña. Son todas personas vinculadas de manera cercana a Macri.

No puede descartarse que al igual que lo que ocurre en Agro G S.A., el único hombre detrás de dicha firma resulte el propio Macri. 

Las circunstancias descriptas, ameritan la denuncia y pesquisa judicial, ya que se configura la sospecha cierta de que Mauricio Macri se habría transferido a él mismo $ 54.286.824 entre 2017 y 2020, lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G S.A», plantea el escrito que ahora analizará la jueza Servini.

Un dato impactante es que para girar los 54 millones Latin Bio emitió cheques para Agro G. El primero fue de 10 millones de pesos. La sociedad lo cobró y entregó todo ese dinero en efectivo al fideicomiso ciego.

Así figura en un acta de asamblea y, ante los ojos del organismo antilavado, podría ser un clásico caso de operación sospechosa por sus dimensiones.

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Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

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Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».

Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.

En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.

Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner 

El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».

/Ed

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El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

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El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.

A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.

Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.

Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.

Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.

/ámbito

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Milei celebró estar del «lado correcto de la historia» tras el ataque de EE.UU a Irán

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El Presidente compartió el posteo del ministro de Defensa, Luis Petri, tras la escalada en el conflicto de Medio Oriente.

El presidente Javier Milei rápidamente se hizo eco del ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. A través de sus redes sociales, el mandatario se encargó de repostear apoyos al accionar del país norteamericano y celebró que Argentina «esté del lado correcto de la Historia».

/Ed

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