Si bien se esperaba que la nueva ley se tratara el 9 de octubre, aparentemente no sucederá debido al pedido de los diputados para disponer de más tiempo para su estudio
Un nuevo capítulo se suma al debate por la nueva ley de transporte en San Juan. Si bien desde el oficialismo provincial se había adelantado que el proyecto podría tratarse y aprobarse en la sesión legislativa de este jueves 9 de octubre, finalmente esto no ocurrirá.
De acuerdo con la información obtenida, diputados tanto del oficialismo como de la oposición solicitaron más tiempo para analizar el texto, por lo que prácticamente está confirmado que la ley será debatida recién después de las elecciones.
La nueva ley de transporte busca transformar el sistema de transporte de pasajeros y de cargas en la provincia. Entre sus principales puntos, propone: la eliminación de las licencias alquiladas, la creación de un registro único, el establecimiento de sanciones económicas claras para los infractores.
Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, el objetivo es mejorar la seguridad de los usuarios, fomentar la competencia sana entre los prestadores del servicio y brindar reglas claras para todos los actores del sector.
En la Legislatura provincial, el proyecto cobró impulso a partir del trabajo del vicepresidente primero de la Cámara y presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Enzo Cornejo, junto con el diputado Juan de la Cruz Córdoba. Ambos recibieron al secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, para avanzar en la discusión sobre el proyecto de “modernización y transparencia del transporte de personas y cargas en San Juan”.
El vicegobernador Fabián Martín había anticipado antes de la sesión del 18 de septiembre que no había apuro en tratar el proyecto y que, de no lograrse un consenso amplio, el debate podría posponerse.
Ahora, aunque la fecha prevista era el 9 de octubre, el tema no figura en el orden del día de la décima sesión del año, por lo que todo indica que se postergará. Además, la próxima semana no habrá sesión, y la siguiente coincide con los días previos a las elecciones, por lo que el debate se trasladaría directamente para después de los comicios.
De acuerdo con fuentes legislativas, existe cierto consenso en torno a los lineamientos generales del proyecto, pero el bloque del PJ manifestó su intención de analizar el texto con mayor profundidad antes de emitir su voto.
Cabe destacar que el objetivo del orreguismo es alcanzar un consenso amplio para aprobar la reforma. Incluso el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, manifestó en su momento la voluntad de abrir el proyecto a posibles correcciones dentro de las comisiones.
Uno de los principales focos de debate proviene del sector de los remiseros, quienes sostienen que la propuesta no fue consultada con ellos y denuncian que podría generarles competencia desleal frente a los choferes de aplicaciones, que quedarían habilitados a operar de manera legal con la nueva normativa.
En declaraciones recientes, el vicegobernador Martín explicó los motivos por los que se decidió postergar el tratamiento de la ley: “Hubo tres diputados que pidieron más tiempo para estudiarla. Hace treinta años que no se modifica la ley, es un cambio profundo, que requiere leerla y releerla. Entonces, nos solicitaron un poco más de tiempo. En la sesión pasada incluso teníamos los votos para llevarla adelante, pero preferimos esperar para lograr un mayor consenso”, señaló el funcionario en los medios de comunicación.
De este modo, con la orden del día ya definida, y sin pistas de su tratamiento en la brevedad, no hay fecha para bajarlo a votación y lo más probable es que todo sea post elecciones de diputados nacionales.
Los ejes de la reforma
La nueva ley de transporte para San Juan se presenta como una legislación innovadora. De acuerdo con lo consignado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, la misma está centrada en el usuario. Incluso indicaron desde su cartera que, entre los objetivos, está proteger, cuidar y ofrecer el mejor servicio posible.
Taxis, remises y apps de vehículo con conductor
• Apertura del mercado y fomento de la competencia: la ley busca abrir las puertas a la competencia en todos los sectores del transporte, tanto el regular (colectivos) como el no regular (autos de alquiler, taxi, remis, aplicaciones). Esto se hace con la meta de aumentar la oferta de servicios y opciones para el ciudadano de San Juan.
• Transformación del sistema de licencias a un sistema de registro para el transporte no regular:
-Se elimina el alquiler o la compraventa de licencias, un problema histórico que desvirtuaba el sistema y generaba muchas quejas.
-Cualquier ciudadano de San Juan que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa podrá registrarse para prestar el servicio.
-Los requisitos incluyen tener un vehículo con una antigüedad adecuada, carnet profesional, y un seguro específico para transporte de pasajeros.
– La Secretaría de Tránsito y Transporte será la que gestione este registro digital.
– Beneficios fiscales para el taxista profesional (vehículos identificados): Se reducirán cargas fiscales como el derecho a la licencia (que ya no se cobrará), el control de desinfección (que se mantendrá pero sin costo), y se buscarán bonificaciones en el pago de patentes. Esto busca reducir costos que luego se trasladan al pasajero y mantener la figura del profesional del volante, que representa una «columna vertebral» del sistema y garantiza disponibilidad permanente, resaltó Molina en una entrevista radial reciente.
• Regulación de las aplicaciones de movilidad (Uber, Didi, Oeste, etc.):
La ley no las regula ni habilita directamente, sino que las considera como «terceros de contactabilidad». Así, quedan alcanzadas por el Código Civil y Comercial, lo que les atribuye responsabilidad respecto al pasajero.
Se propiciará que haya más «sistemas de comunicación» al alcance de los usuarios, no solo una o dos aplicaciones, para que el viajero tenga mayor eficiencia, tarifas adecuadas y menos tiempo de espera.
• Control y transparencia para el usuario:
La Secretaría pondrá a disposición un registro público vía web o aplicación (se estudia por Ciudadano Digital) para que los sanjuaninos puedan consultar si el vehículo en el que se trasladan o que solicitan esté debidamente autorizado.
Se habilitará un sistema de calificación para que los usuarios puedan evaluar el servicio, promoviendo el «control social».
Aquellos que no se registren o infrinjan la ley enfrentarán las sanciones «más duras posibles», ya que el Estado está facilitando las condiciones para trabajar legalmente. Molina lo expresó en esos términos y evitó hablar de montos de multas, por ejemplo.
• Tarifas orientativas para el servicio no regular:
La tarifa dejará de ser regulada y pasará a ser una tarifa libre con carácter orientativo.
Esto permitirá diferenciar el costo según la calidad del servicio (por ejemplo, un vehículo nuevo de alta gama podrá tener un precio diferente a uno más económico o antiguo).
La Secretaría establecerá una orientación basada en estudios de costos (por ejemplo, un costo por kilómetro), pero el precio final será pactado entre el prestador y el pasajero, quien podrá aceptar o no la oferta.
Transporte público regular o colectivos
• Se busca aumentar la oferta y la cantidad de empresas en el sistema.
• Se promoverán nuevas formas de financiamiento, como el leasing, para facilitar la renovación y adquisición de unidades (que son costosas) por parte de las empresas actuales o nuevas.
• Se reducirá a la mitad la participación máxima que puede tener una empresa en el sistema, incentivando la entrada de más competidores.
• Visión a futuro y nuevas tecnologías:
La ley prevé la incorporación de líneas experimentales con elementos tecnológicos novedosos, como la electromovilidad (vehículos eléctricos, híbridos) y otras energías alternativas. Incluso se contempla la posibilidad de la incorporación de vehículos autónomos de alquiler, como tecnología de última generación que podría estar disponible a futuro. Estas líneas experimentales se aplicarán a nuevas necesidades o tecnologías, y no para alterar las licitaciones existentes con tecnología convencional.
• Servicios de asistencia especial:
Se identificarán y contemplarán los servicios de traslado para personas que requieren asistencia médica especial (como los utilizados por ART, obras sociales o servicios médicos), asegurando su seguridad vial y la de los pasajeros. Estos vehículos también estarán identificados para indicar que transportan a una persona con necesidades especiales.
Transporte de carga
• Se unifican las leyes de transporte de personas y de carga en una única legislación.
• Se implementará un sistema de registro para los transportistas de carga, permitiendo conocer el parque móvil de la provincia y la carga que se mueve desde y hacia San Juan.
/TSJ
