Argentina posee cuatro de los doce mayores proyectos mundiales de cobre, un mineral con alto potencial económico y estratégico. Sin embargo, la ambigüedad en la aplicación de la Ley de Glaciares de 2010 genera incertidumbre sobre el desarrollo de estas iniciativas clave.
Según informó Sergio Serrichio en Infobae, aunque el oro lidera en exportaciones y el litio crece en producción, el cobre representa el mayor potencial en inversión, empleo, producción y generación de divisas para Argentina. Este metal, el tercero más comercializado mundialmente, concentra el 75% de las inversiones confirmadas bajo el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), acercándose a USD 30.000 millones solo en proyectos cupríferos.
La mayoría de estas iniciativas se ubican en la cordillera Andina, principalmente en San Juan. Sin embargo, su avance depende en gran medida de la interpretación y aplicación de la Ley de Glaciares sancionada en 2010, cuyo alcance técnico y normativo sigue siendo ambiguo. Esto genera incertidumbre y riesgos de paralización en proyectos que representan miles de millones de dólares.
Javier Milei anunció la intención de enviar al Congreso una reforma para devolver a cada provincia la potestad de fijar zonas periglaciares, siguiendo ideas iniciales del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. «Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y se aprovechen las riquezas naturales», manifestó el presidente.
Expertos internacionales, como Gracelin Baskaran del CSIS en Washington, destacan que cuatro de los doce mayores proyectos de cobre verdes están en Argentina y que siete podrían aportar 1,2 millones de toneladas para mediados de la próxima década, posicionando al país como actor clave en la transición energética y tecnologías como la Inteligencia Artificial.
El mercado global de cobre enfrenta desafíos por concentraciones de stock en China y Rusia, y recientes interrupciones en minas clave, lo que realza aún más la importancia estratégica de los proyectos argentinos. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Glaciares sigue siendo un obstáculo.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, piden una definición clara, ya sea mediante un decreto reglamentario o una nueva ley que identifique a las provincias como autoridad competente. Para especialistas como Mario Capello, una reglamentación técnica y científica enfocada en los artículos más relevantes de la ley vigente sería la solución más ágil y eficaz.
El debate se intensifica dado que la ley actual tiene lagunas en la definición de conceptos como permafrost y significancia hídrica, piezas claves para determinar las restricciones ambientales. Las autoridades provinciales y nacionales deben buscar consenso para destrabar proyectos que pueden impulsar el desarrollo económico y estratégico de Argentina.
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