Presidentes de Cámaras se reunirán para preparar un plenario en el que declararán la «inaplicabilidad absoluta» de la sentencia. Se sumarán el resto de los fueros y la Asociación de Magistrados anticipa presentación ante el máximo Tribunal. La clave: una «suspensión» indefinida.

El fallo de la sala de feria de la Cámara del Trabajo que rechazó la validez de interponer un recurso extraordinario a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, fue solo la punta de lanza de un conato de rebelión que se viene gestando desde fin de año y que se perfeccionó durante toda la feria de enero, que culmina hoy. Una batería de acciones de los jueces nacionales -llamados «ordinarios»- se desplegará a partir de la semana próxima, con epicentro el lunes, con una reunión de presidentes de Cámaras Nacionales y cuando se hará pública una presentación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ante la propia Corte. Al día siguiente, en el fuero civil planearán fecha de plenario donde adoptarán una definición.

El objetivo central es desactivar completamente el fallo «Levinas» de la Corte Suprema que, en los últimos días de 2024, instituyó que cualquier recurso extraordinario contra sentencias de las Cámaras Nacionales de Apelaciones deba, necesariamente, pasar el filtro del TSJ como tribunal superior para la Capital Federal. Fue un mazazo para la justicia nacional y descerrajó la furia de los magistrados ante lo que percibieron como un traspaso de hecho a la órbita porteña, algo que siempre resistieron. La estrategia de resistencia comenzó en los últimos días del año y fue anticipada por Ámbito. Pero continuó, en secreto, durante toda la feria.

El primer paso lo dio la Procuración General con un pedido a la Corte Suprema, pero este lunes comenzará la estrategia: se encontrarán todos los presidentes de las Cámaras Nacionales. Por esto, varios camaristas confirmaron  que se reunirán -primero los del fuero civil, desde donde partió el fallo Levinas- para definir el alcance del plenario en el que van a utilizar como argumento la «inaplicabilidad absoluta» del fallo del máximo Tribunal, a futuro. Considerarán que no solo es inaplicable para otros casos «análogos», sino que no existe un traspaso formal -acordado por el Congreso, entre otros requisitos- y que no está legislado ningún recurso que habilite lo que la Corte dijo en su sentencia. Las demás Cámaras aguardan el resultado del plenario para sumarse, cada uno en su respectivo fuero. Se eso se conversará el lunes, para el efecto cascada.

En tanto, los jueces también confirmaron a este medio que desde la Asociación de Magistrados pedirán una la revocatoria y la suspensión de la aplicación del fallo de la Corte. Hay un borrador que comenzó a ser diseñado y fue precedido por varias reuniones y gestiones que se extendieron toda la feria.

Este viernes, la Procuración General de la Nación que conduce Eduardo Casal hizo pública su postura y picó en punta para pedir que sea la propia Corte Suprema la que suspenda su decisión en el polémico fallo de finales del año pasado, que tuvo la firma de Juan Carlos Maqueda para conformar la mayoría, horas antes de que dejara su cargo tras alcanzar el límite de edad previsto para continuar en el máximo Tribunal. A mediados de enero, este medio pudo saber que Casal se reunió con varios camaristas nacionales pero no les ofreció muchas esperanzas. Algo cambió. Todo forma parte del mismo combo y en la Corte la mayoría que selló la suerte de este traspaso ya no existe más: Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti votaron junto a Maqueda; Carlos Rosenkrantz se opuso. Hoy, con tres miembros, son dos contra uno si hubiese que volver a someter una votación.

El planteo de la Asociación de Magistrados

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que conduce Andrés Basso está directamente impactada bajo los efectos de lo que decidió la Corte Suprema porque la mayoría de sus afiliados consideran que el trasfondo de la decisión busca dejarlos subsumidos a la autoridad del TSJ que es un tribunal local, y cuya ascendencia está, en términos políticos, definida por el PRO. Basso ya había convocado a los presidentes de las Cámaras Nacionales el anteúltimo día del año con asistencia perfecta y luego surgió un comunicado conjunto en el que se acordó que se harían todas las gestiones posibles por parte de la AMFJN y que habría una presentación ante la Corte por parte de la entidad.

En ese marco, hubo reuniones clave durante los primeros días de enero entre Basso y Casal, por un lado; y entre Basso y Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación. Se acordó elevar «papers» donde estuviesen descriptas las inconveniencias operativas y problemas que empezarían a surgir a partir del lunes, cuando se reanude la actividad y se volviera «operativa» la instancia del TSJ. Esos documentos nutrieron los borradores que se están terminando de delinear para la presentación de la Asociación el mismo lunes, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

De acuerdo al borrador que puede tener modificaciones y agregados de aquí hasta que se presente la idea es solicitar la «revocatoria y pedido de suspensión de los efectos de la decisión de esa Corte, con fecha 27 de diciembre de 2024». Sería «extensivo» a todas las causas que fueron resueltas en la misma fecha y en las que la Corte dio similar instrucción. Esto incluye el caso Correo Argentino que impacta -desde el fuero comercial- en la posible extensión de la quiebra a la familia del ex presidente Mauricio Macri.

La Asociación declaró su efectiva legitimidad para accionar por sus representados y por «afectar la debida prestación del servicio de Justicia, lo que entraña gravedad institucional». Centralmente, se establece que no hubo ley del Congreso que reglamente ni el traspaso ni el proceso para modificar el camino de un recurso extraordinario, lo que había aparecido como motivo fundamental a fin de año.

Pero reconocen otros vacíos que ocasiona el fallo Levinas de acuerdo al diseño constitucional que posee CABA y en las atribuciones que posee frente a los poderes de la Nación, mientras sea la Capital de la República Argentina, más allá de su estatus de ciudad constitucional federada. De hecho, señalan que el TSJ no integra el mismo Poder Judicial que la justicia nacional. Opera en el mismo distrito pero orgánicamente es distinta. Y apuntan a una clave legal: el poder judicial porteño no ejerce competencias ordinarias porque lo tiene excluido por el artículo 8 de la Ley 24.588

La estrategia de la Asociación también deja un escenario interesante a corto plazo: para plantear la revocatoria a la propia Corte sobre su decisión, necesita tratarla. Generalmente, estos planteos tienen destino de rechazo, pero ya no existe una mayoría que la pueda rechazar de plano que serían los mismos firmantes. Ahora, todos los tres miembros deberían estar de acuerdo en rechazarla, incluyendo a Rosenkrantz que dio argumentos similares a los que plantean los jueces.

Pero la clave está en la suspensión. Desde la AMFJN también mantuvieron contactos con la Corte Suprema que se mostró dispuesta a escuchar argumentos. ¿Significaría que la Corte daría marcha atrás con una sentencia? Improbable. Pero el camino creativo de una suspensión hasta que estuviesen dadas distintas condiciones o exhortar a los poderes políticos a realizar las reformas que lo volvieran aplicable sería una forma tácita de dejar en suspenso los alcances del fallo, sin retroceder. Según pudo reconstruir Ámbito, algo de esto quedó flotando en el aire.

Los antecedentes del problema

Como ya se adelantó, además del argumento de la «municipalización» que utilizan como objeción simbólica, a los jueces nacionales los elige el Consejo de la Magistratura de la Nación, como ocurre con los jueces federales.

La Corte ya había dado indicios de que su doctrina es que los recursos extraordinarios que ocurrieran dentro del distrito deberían ser intermediados por el tribunal superior local, como ocurre en las provincias. La particularidad de la Ciudad de Buenos Aires es que conviven tres instancias judiciales: una netamente local que cuelga por debajo del TSJ, la justicia nacional y la federal. La tensión se arrastra desde hace años, mientras que la Ciudad pugna por el traspaso que en términos de poder lo multiplicaría, desde la vereda de enfrente sostienen que es directamente inconstitucional.

Hubo dos acciones judiciales que la AMFJN interpusieron bajo el radar con el objetivo de frenar iniciativas porteñas con medidas cautelares: una fue la creación -adelantada por Ámbito- de diez juzgados laborales, creando un fuero del trabajo local, aprovechando que había idénticas vacantes en la justicia nacional; y la otra, la dotación de una partida presupuestaria especial para atender cuestiones de juzgados de familia porteños, algo que tiene idéntica función en los juzgados nacionales. Ambas recayeron en el estratégico fuero Contencioso Administrativo Federal y su suerte comenzará a rodar a partir de la semana próxima.

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