Sociedad Sucesos
La Justicia autorizó a Macri a viajar otra vez al exterior.

El juzgado criminal y correccional número 10 autorizó este viernes al expresidente Mauricio Macri, procesado en una causa que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, a viajar a Estados Unidos entre el 18 y 22 de abril, según indicaron fuentes judiciales.
El jueves, familiares de víctimas de los tripulantes del ARA San Juan rechazaron que el expresidente haya solicitado «nuevamente, autorización para salir del país sin informar el motivo», y denunciaron que el ex mandatario dispone de «privilegios cedidos» por el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa por espionaje ilegal.
Sin embargo, este viernes la justicia autorizó el viaje con un escrito que advierte que Macri «se le habrán de fijar las mismas obligaciones que en las autorizaciones de salida del país anteriormente concedidas en la presente incidencia».
El ex jefe de Estado debe «informar su regreso al país dentro de las 48 horas de su arribo y de retornar al mismo en caso de que el proceso lo requiera de manera anticipada».
La autorización está «supeditada al cumplimiento previo del pertinente informe de regreso del viaje actualmente en curso», añade la cédula y deja constancia de que la autorización «quedará sujeta a las distintas medidas sanitarias vigentes o que pudiesen adoptarse en el ámbito del Poder Ejecutivo (en particular, respecto del régimen de ingreso y egreso del país, entre otras), en el marco de la pandemia que se transita».
Los familiares de los tripulantes del submarino hundido en noviembre de 2017 manifestaron ante le pedido formulado por el exjefe de Estado que «Macri, quien actualmente está participando de un torneo de bridge en Italia y se dirigiría a Qatar para presenciar el sorteo de tandas equipos para el Mundial de Fútbol 2022, ha vuelto a pedir autorización para salir del país sin informar el motivo».
En un comunicado difundido el jueves por la abogada Valeria Carreras -representante de la querella mayoritaria que siguen los familiares- se remarcó que, «habiendo instaurado la modalidad reservada por el juez (Julián) Ercolini, nos vemos privados de acceder a dicha información, lo cual genera una falta gravísima al principio de igualdad ante la ley y publicidad de los actos procesales, como el debido acceso».
Esta situación se produce pese a que los familiares son «parte del proceso», por lo que cuestionaron el «hermetismo» referido a las autorizaciones de los viajes de Macri, lo que «no solo expone los privilegios concedidos al procesado expresidente sino que genera un gravamen cierto a la querella».
De igual forma, añadieron que esta situación «acrecienta el temor de fuga inminente».


El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.
Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.
Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.
Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.
/DC

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.
Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.
Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.
El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.
La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.
/TSJ

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación
A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz.
El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.
El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela.
El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.
La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.
La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.
/DH
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