NacionalPolítica & Economía
La Justicia advirtió que Milei no entregó la suficiente cantidad de boletas.

La Justicia Electoral detalló que La Libertad Avanza (LLA) «ha presentado sus fajos con una cantidad sustancialmente menor», y además afirmó que con ese número no alcanzan a cubrir las mesas de los municipios. Cuántos millones de pesos pagó el Estado a cada una de las alianzas para la impresión de boletas.
La Justicia Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires advirtió este domingo a los apoderados de La Libertad Avanza que no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara al balotaje que el candidato presidencial de ese espacio, Javier Milei, disputará el próximo domingo con Sergio Massa, de Unión por la Patria.
El planteo se formuló a través del Acta 33, a la que tuvo acceso Télam, y que lleva las firmas del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Agustín Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el juez dederal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.
En tanto, una situación similar se registró en la ciudad de Buenos Aires, según revelaron fuentes judiciales. «Milei presentó boletas pero en algunas cajas había solo 100 y las mesas son de 350 aproximadamente. La Junta (Nacional Electoral de CABA) le pidió que entregara más y tenía tiempo hasta ayer sábado al mediodía, pero no llevó nada», por lo que ese organismo anunciaría una resolución al respecto el lunes.
En el caso bonaerense, la Justicia recordó que «cada agrupación debe entregarle para su distribución través del Correo Argentino un fajo de hasta 350 boletas por cada una de las 38.074 mesas a habilitarse y dos fajos de igual cantidad de boletas para el sistema de «contingencia» por cada establecimiento en el que fueran a funcionar hasta ocho mesas de votación y cuatro fajos para el caso de los establecimientos en los que habrán de funcionar nueve o más mesas de votación».
En el texto, se consideró que «en las entregas efectuadas hasta la fecha, la agrupación ‘La Libertad Avanza’, ha presentado sus fajos con una cantidad sustancialmente menor de boletas, que, en algunos casos, no alcanza a un cuarto de la cantidad máxima sugerida, notándose también en muchos casos que la cantidad de fajos tampoco alcanza a cubrir todas las mesas de los municipios que se están procesando para su entrega al Correo; lo que obligó a sacar fajos de las bolsas de contingencia, o inclusive restarlos de otros municipios de procesamiento posterior, para poder completar las mesas».

«De igual modo, se ha notado el incumplimiento de lo requerido en el Acta 31 en cuanto al modo de presentación de los fajos, puesto que la agrupación los ha presentado en cajas cerradas de cartón o en bolsas plásticas negras, que dificultan y demoran su control y verificación», se indicó.
Los jueces especificaron que «esas circunstancias ya ha sido puestas en conocimiento de los apoderados de la alianza de referencia a cargo de la entrega de boletas, por parte de los funcionarios de esta Junta responsables de la recepción».
En tanto, se indicó que «respecto de la otra alianza participante, ‘Unión por la Patria’ no se advierten hasta la fecha, inconvenientes similares».
En ese marco, se puso de relieve que «dicho esto, es también deber de esta Junta advertir que una entrega de boletas tan deficiente como la que se observa hasta aquí por parte de ‘La Libertad Avanza’, no se adecua a las previsiones estimadas por este Tribunal, para el mejor desarrollo de la jornada comicial».
Se aclaró que «no existe forma de que la Junta Electoral remita boletas a cada mesa de votación, ni para el sistema de contingencia, si estas no le son entregadas por las propias agrupaciones políticas participantes de la elección, en la cantidad, tiempo y forma oportunamente fijada para permitir su adecuada distribución».
El Tribunal planteó que «no dispone por sí mismo de boletas» dado que cada agrupación debe imprimirlas y distribuirlas.
«Es importante traer a colación sobre este punto. que a fin de que las agrupaciones cumplan con la obligación aludida -provisión de boletas a las mesas de votación- el Estado Nacional destina y les transfiere fondos de asignación específica para dicha impresión de boletas, habiéndose asignado en esta oportunidad, por Disposición n° 16/2023 de la Dirección Nacional Electoral, una suma de $ 258.379.302,50 para cada una de las alianzas participantes», apuntaron los jueces.
«Las boletas van a estar», aseguró Marra
En relación a este asunto, el excandidato a jefe de gobierno porteño por LLA y legislador local Ramiro Marra aseguró a la prensa que «las boletas van a estar en cada mesa como tiene que ser gracias a nuestros fiscales que van a estar trabajando ahí».
Reiteró que hubo «irregularidades» en las elecciones generales e insistió con el pedido de «fiscalización».
«Hubo irregularidades en la elección y por eso estamos tan preocupados por los fiscales y sabemos que hay un proceso democrático que no funciona y por eso insistimos fiscalización«, abundó.
Marra agregó antes de entrar al debate presidencial que «es triste que en la Argentina estemos pidiendo fiscalización porque si no hay fiscalización; hay irregularidades y eso está mal y sabemos que en la Argentina pasa hace mucho».
@Telam
/Imagen principal: foto archivo

NacionalPolítica & Economía
La morosidad en las familias volvió a crecer en abril: en tarjetas de crédito tocó un máximo desde 2021

El endeudamiento para consumo continúa como un fenómeno estructural en los hogares argentinos. En ese marco, la morosidad en créditos personales tocó un máximo en 20 meses y en tarjetas de créditos, un tope de tres años y medio.
El endeudamiento continúa creciendo entre las familias argentinas, a tal punto que la morosidad en los créditos personales trepó al 4,6% en abril, el nivel más alto en 20 meses, mientras que en tarjetas de crédito escaló al 3,2%, alcanzando un récord en más de tres años y medio.
Los datos se desprenden del último informe sobre entidades financieras del Banco Central (BCRA) para el cuarto mes del año, que constata que el crédito para el consumo persiste como un fenómeno estructural en los hogares y que la mora del crédito del sector privado creció «desde niveles acotados».
El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,2% para el conjunto agregado de entidades en ese mes, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) más que en marzo. El alza estuvo principalmente explicada justamente por el crédito destinado a las familias, donde la morosidad relativa aumentó al 3,7% (0,4 p.p. más que en marzo).
Al respecto, el director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, señaló a Ámbito que el incremento se explica por la mayor frecuencia en que los hogares comenzaron a usar la tarjeta de crédito para «patear» gastos a partir del deterioro del poder adquisitivo de los salarios. «Hay no solo una caída profunda en los salarios reales, no recuperada aún, sino una precarización laboral mayor», expresó.
«Cuando uno mira que el salario privado registrado efectivamente recuperó niveles de hace un año y medio, tiene que entender que hay menos trabajadores registrados privados y mucha de esa gente está cobrando a la vez salarios peores, o pasaron a ser no registrados o hacer cosas por cuenta propia», continuó el economista.
En ese sentido, Kalos expresó que «este deterioro de los ingresos no tiene por ahora una perspectiva de mejora» por el tope que impone el Gobierno al ritmo de actualización de las paritarias a futuro, por debajo de las expectativas de inflación, marcando un desinterés en mejorar este aspecto.

El nivel de endeudamiento en los hogares argentinos empeoró en abril.
En diálogo con este medio, el director de Analytica Consultora, Claudio Caprarulo, explicó que el crédito desaceleró su crecimiento en los últimos meses, mientras «la carga de la deuda sobre los ingresos de las familias está cerca de los niveles récord del 2018», a diferencia de un año atrás cuando se encontraba en mínimos.
Según el experto, la clave es que hacia adelante los ingresos de las familias «frenen la caída que tuvieron en marzo y abril, tanto en lo que respecta a salarios como a jubilaciones», y que baje el costo del financiamiento, ya que «las tasas quedaron altas, producto de la desinflación», más allá de los factores que las ubicaron allí.
Por otra parte, el indicador de irregularidad de crédito a las empresas totalizó 0,9%, un nivel cercano a mínimos de 20 años. Asimismo, el informe de la autoridad monetaria señala que el nivel actual del coeficiente de mora del sistema financiero se encuentra por debajo del promedio de la regional, donde es del 2,8%, y de la media local en las últimas dos décadas, la cual es del 3,1%.
A su vez, los créditos del sector privado respaldados por garantías preferidas representaron el 16% del total, con un nivel de morosidad del 1,6%, sin variaciones significativas respecto al mes anterior ni en la comparación interanual. En contraste, los préstamos sin este tipo de respaldo presentaron un ratio de irregularidad más elevado, del 2,3%.
El ratio entre los cargos por incobrabilidad devengados y el saldo de crédito del sector privado se ubicó en 4,7%, sin cambios a nivel mensual y con una baja de 0,3 puntos porcentuales en la comparación interanual. En tanto, el nivel de previsionamiento alcanzó el 142% del financiamiento en situación irregular a abril, por encima del promedio de los últimos 20 años, que fue del 129%.
Crece la mora en los servicios financieros no bancarios
Por otra parte, desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Financieros no Bancarios (Caesfi) advirtieron a Ámbito que la morosidad entre sus clientes aumentó un 5% en los últimos seis meses en comparación con el segundo semestre de 2024.
Según detallaron, este incremento refleja las crecientes dificultades que enfrentan los hogares para cumplir con sus compromisos financieros, en canales de crédito alternativos al sistema bancario tradicional.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Javier Milei se adjudicó que «están mandando presos» a los «kirchneristas»

En el marco del congreso libertario en Buenos Aires, el Presidente destacó la reciente resolución de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner, y se la adjudicó.
En el marco del Congreso de La Libertad Avanza (LLA) que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata, rumbo a las elecciones bonaerense, el presidente Javier Milei se encargó de cerrar el evento con un discurso al que no le faltaron polémicas, en especial cuando pareció reconocer que el Gobierno libertario interviene en la Justicia.
Con críticas al «kirchnerismo», y en lo que pareció ser un acto fallido, el Presidente se adjudicó estar «metiendo presos» a los dirigentes de la oposición. Declaración que surge mientras Cristina Kirchner cumple con la prisión domiciliara, tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena en la causa Vialidad.
«El experimento es el kirchnerismo y los resultados están siendo a la vista de todos. Solo han sido positivos para los políticos y sus amigos… bueno, por eso los estamos mandando presos… van a terminar presos. Que dicho sea de paso, ocurrió en este Gobierno», expresó el libertario durante su discurso leído.
Justamente, la parte en la que destacó estar «mandando presos» a los «kirchneristas» fue un comentario propio, que no fue leído.
La actividad se realizó en La Plata, y la apertura estuvo a cargo del diputado nacional José Luis Espert. A continuación, expusieron los ministros de Salud, Mario Lugones; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; Seguridad, Patricia Bullrich; y Economía, Luis Caputo.
Por su parte, el titular bonaerense del partido, Sebastián Pareja, brindó una disertación previo al discurso de cierre del jefe de Estado. También participaron la presidenta de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La exposición de Milei también contó con fuertes agravios hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que llamó «soviético» y «pelotudo».
/m1
NacionalPolítica & Economía
La Justicia dejó sin efecto el decreto del Gobierno que eliminaba el Día del Trabajador Estatal

La noticia fue confirmada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X, luego de la resolución de la jueza Moira Fullana.
La Justicia dio lugar al amparo presentado por ATE y dejó sin efecto el decreto emitido por el Gobierno de Javier Milei el día miércoles que derogaba el asueto del viernes 27 de junio por el Día del Trabajador Estatal.
La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 firmada por la jueza Moira Fullana frenó la disposición de la administración libertaria para eliminar el día no laborable para la administración pública.
En su sentencia, la jueza Fullana expresó: «Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva».
Previo a la decisión de la Justicia, este jueves por la mañana, Aguiar había señalado: “Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”.
Asimismo, la cuenta de X de ATE Capital celebró la medida y aseguraron que «años de historia no se borran de un día para otro».
Por qué se celebra el día del Empleado Público
La jornada de descansó para trabajadores estatales comenzó en 1978, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159 vinculada al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de los trabajadores del Estado. Según el texto, se “pretendía llenar un vacío pidiendo a los Estados Miembros que fomentasen el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.
En nuestro país, este convenio fue ratificado recién en 1987 con la sanción de la Ley 24.185, que reguló las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y sus empleados. Posteriormente, en 2013 – impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) – el Congreso determinó el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado a nivel nacional.
De esta manera, se estableció una jornada de descanso para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.
/ámbito
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