NacionalPolítica & Economía
La jueza Capuchetti elevó a juicio oral la causa por el atentado contra Cristina.
La medida fue dispuesta después que ninguna de las defensas de los detenidos presentara alguna objeción. La querella de la vicepresidenta había solicitado más medidas de prueba sobre la llamada «pista Milman», pero igual participará como parte acusadora.
Los presuntos coautores del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron enviados este lunes a juicio oral y público por la jueza federal María Eugenia Capuchetti que clausuró parcialmente la instrucción de investigación del atentado ocurrido el 1° de septiembre pasado, informaron fuentes judiciales.
La magistrada lo decidió incluso contra la opinión de la querella de la exmandataria Fernández de Kirchner, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes consideraron que «elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad».
La jueza dispuso la elevación a juicio de la parte de la investigación que tiene como protagonistas a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado como partícipe secundario.
Capuchetti lo resolvió horas después de que el abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, avalara la elevación a juicio y antes de que Carlos Telledín, flamante abogado de Uliarte, pudiera hacer cualquier presentación en el expediente que demorara su elevación a debate oral.
Telleldín, que estuvo preso y luego fue absuelto por el caso AMIA, se hizo cargo de la defensa de Uliarte el viernes último después de que su anterior abogado, el defensor oficial Gustavo Kollman, avalara la elevación del caso a juicio oral y público.
«En función de todo lo analizado, y toda vez que las defensas de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo no se opusieron a la elevación a juicio ni dedujeron excepciones, declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado», sostuvo la jueza Capuchetti en la resolución a la que accedió Télam.
Al resolver la elevación a juicio de la causa, la jueza señaló que «la oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar», según surge de su resolución.
«La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones, se impone un rápido avance a la siguiente etapa«, planteó la jueza.
«Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados», agregó la magistrada.
En otro tramo de su resolución, la jueza expresó que «no resultan novedosas» las cuestiones planteadas por la acusación privada a la hora de oponerse a la elevación a juicio: la querella había reclamado que se avanzara con otras líneas investigativas antes de elevar la causa a juicio, como la ‘pista Milman’ (por los dichos del diputado Gerardo Milman en un bar y el testimonio de su exsecretaria Ivana Bohdziewicz) y cualquier otra que pudiera apuntar a una posible autoría intelectual del ataque.
«Aun sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí, de forma tan enfática, se sostienen», replicó la jueza.
La jueza recordó en su resolución que la fiscalía, a cargo de Carlos Rivolo, había señalado en su dictamen que no se detectaron elementos en la investigación que conduzcan a corroborar que los atacantes pudieron haber recibido, por ejemplo, financiamiento.
«Al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante», había señalado Rivolo.
«Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos (…) La planificación previa sobre el domicilio de la Vicepresidenta y sus movimientos fueron realizadas por ellos mismos en las inmediaciones del domicilio de la víctima, conforme lo acreditan las conversaciones ya analizadas», había opinado el fiscal, según recordó la jueza.
Cuando se opusieron a que la causa fuera elevada a juicio oral y público, los abogados de la querella, Ubeira y Aldazabal, opinaron que «lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una investigación».
Y además remarcaron: «La consecuencia obvia es que hay diversas líneas de investigación pendientes».
«Si bien conocemos que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo tuvieron parte en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, todavía nos falta, incluso, conocer detalles de sus roles y del marco en el que tuvo lugar su ataque», enfatizaron los abogados en su momento.
«Todavía no está para nada claro cuáles fueron las motivaciones de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. ¿Aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto?», se preguntaron los abogados.
«Tampoco sabemos por qué Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte tenían certificados falsos de discapacidad, que Carrizo se encargaba de tramitar. La falsificación es un delito por sí mismo, pero lo cierto es que puede haber tenido un rol en el plan criminal. Podría darse por sentado que el único objetivo de los certificados era viajar gratis en colectivo, pero parece una medida demasiado compleja para un fin tan estrecho», sostuvieron.
«Puede ser que el fin fuera no pagar el transporte público, pero también puede ser que fuese algo más: por ejemplo, al usar un carnet de discapacidad para subir a un transporte público no se apoya la tarjeta Sube, con lo que no se puede rastrear el trayecto que hizo la persona», hipotetizaron los abogados como una forma de resaltar que en el expediente aún hay incógnitas que no fueron develadas.
«Lo mismo sucede con los DNI en poder de Sabag Montiel y de Carrizo. Es sumamente extraño que ambos tuvieran en su poder documentos de personas cuyas edades coinciden con las de las dos personas que estuvieron la noche del 1° de septiembre en Juncal y Uruguay. Este es otro indicio de que el plan podría ser mucho más elaborado de lo que se suele sostener», escribieron.
Al elevar «parcialmente» a juicio la causa, la magistrada dispuso también extraer testimonio como había pedido el fiscal para seguir investigando las pistas que queden pendientes.
«Con todo lo mencionado en relación a la posibilidad de superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas), habré de adoptar el temperamento sugerido por el MPF (ministerio público fiscal) en su dictamen (extracción de testimonios)», sostuvo la jueza.
Minutos después de la decisión de la magistrada, la Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante el sorteo de rigor y resultó elegido el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, para llevar a cabo el debate.
@Télam.
/Imagen principal: Télam/
NacionalPolítica & Economía
El dólar blue escaló otros $40 y llegó a $1.340: la brecha con el oficial tocó un máximo de tres meses
Conocé a cuánto opera el dólar blue, el dólar oficial, MEP y CCL.
El dólar blue aceleró su escalda alcista este lunes 14 de julio y cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El billete paralelo trepó otros $40 y anotó un nuevo máximo en tres meses, para acumular un ascenso de $115 (+9,4%) en apenas siete días.
Así, la brecha con el tipo de cambio oficial minorista se amplió al 6,2%, un máximo desde el 22 de abril pasado.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 14 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar aumentó $18,50 a $1.280 por unidad.
El dólar oficial minorista cerró a $1.243,87 para compra y a $1.291,23 para la venta al inicio de la semana en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA).
Mientras tanto, en el Banco Nación el billete trepó $20 a $1.245 para la compra y $1.295 para la venta.
Cómo operó el dólar futuro hoy, lunes 14 de julio
En el mercado del dólar futuro, la mayoría de las posiciones operaron en alza. Los inversores «pricean» que el tipo de cambio mayorista alcanzará en diciembre los $1.445, un valor notoriamente más alto que el previsto en el adelanto del Presupuesto 2026 en torno a los $1.229.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 14 de julio
El dólar MEP cotiza a $1.293 y el spread contra el dólar minorista se posiciona en el 0,8%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 14 de julio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.301 y la brecha se ubica en 1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 14 de julio
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.683,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 14 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.309, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 14 de julio
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.722, según Binance.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
La inflación de junio fue del 1,6%, según el INDEC
La inflación del mes pasado aceleró por primera vez en tres meses frente a la medición previa.
Por debajo de las mediciones privadas, pero por encima de la de mayo, la inflación de junio se ubicó en el 1,6% y acumuló 15,1% en el primer semestre, según informó en esta jornada el Índice de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). Educación, por su parte, estuvo entre lo que más subió del mes, junto con los precios «regulados» y alimentos, por su parte, en lo que menos avanzó, junto con «la núcleo» y los «estacionales» que bajaron y jugaron a favor.
La inflación de junio fue del 1,6% y volvió a acelerar después de marcar dos meses con menores incrementos, como lo fue mayo con el 1,5% y con el 2,8%. Por su parte, marzo fue el valor más alto del año con el 3,7% y los primeros dos meses del año se ubicaron en el 2,2% en enero, y 2,4% en febrero. Lo que marca 15,1% en el primer semestre y 39,4% a nivel interanual, el menor valor desde enero del 2021.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
YPF: la jueza Loretta Preska rechazó pedido de Argentina y ratificó el traspaso del 51% de acciones
La jueza de Nueva York ratificó que el Estado nacional debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación.
La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó un planteo de los abogados de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia a favor de los fondos buitres y ratificó que el Estado nacional debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera bandera del 2012.
Aunque todavía hay varias instancias judiciales abiertas, incluso una apelación solicitada por el país que puede estar en trámite dos años, el caso se podría encaminar en llegar en los próximos meses a la Corte Suprema de los EEUU.
Los fondos buitre ganadores insisten en que se abra una etapa de negociación entre altos funcionarios del gobierno de Javier Milei y sus representantes. Los defensores de la Argentina esperan que algún tribunal de alzada les de la razón. Este martes por la mañana habrá una reunión clave entre las partes en Nueva York, que podría destrabar la situación.
Cómo sigue el juicio por la expropiación de YPF
El Gobierno nacional apeló el fallo el jueves ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En su presentación, la defensa argentina dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si el fallo vuelve a ser desfavorable. Por ahora este pedido no tiene resolución y puede estar en trámite durante por lo menos dos años.
Lo que la jueza ya definidió fue una solicitud paralela para frenar la ejecución del fallo que ordenó a la Argentina pagar u$s16.099 millones en compensación por la expropiación irregular de YPF durante el segundo gobierno de Cristina Ferández de Kirchner.
La Justicia de EEUU ordenó que la Argentina le transfiera el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres demandantes.
Depositphotos
Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EEUU, considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Donald Trump.
Por último, la apelación advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.
Causa YPF: por qué apelaron los abogados de la Argentina antes de tiempo
En respuesta a esa presentación de los fondos, los abogados estadounidenses del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP contratado por la Procuración del Tesoro -hoy a cargo de Santiago María Castro Videla- respondieron con los principales argumentos esgrimidos por la Argentina, que rechazan el fallo de Preska y la entrega de acciones.
Según comentaron fuentes ligadas al caso, los estrategas del estudio apelaron sin aguardar por una definición de Loretta Preska sobre el pedido de “stay” realizado anteriormente. Esta apelación se esperaba para los próximos 15 días, no ahora. Posiblemente, los abogados esperan otro rotundo revés contra el país en este juicio, y una orden de embargo dirigida a instituciones financieras de EEUU. Por ese motivo y para ganar tiempo, decidieron presentar cuanto antes la apelación y que sea un tribunal de alzada el que defina los pasos a seguir.
YPF no forma parte del juicio, ni del proceso en el Segundo Distrito judicial de Nueva York, sino que es uno de los «botines» junto a Vaca Muerta del pleito entre privados y el Estado nacional. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales.
De hecho, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se mantuvo al margen del caso. «Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar«, apuntó.
Lo que Marín buscó resaltar es que la jueza quitó a YPF del centro del proceso, y focalizó las presuntas irregularidades en el accionar del Estado nacional, en particular, del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Los motivos del rechazo de la Argentina a la sentencia de Loretta Preska
En el caso Eton Park, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo en apelación y fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.
El temor del gobierno de EEUU es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.
Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Como dijo Kicillof, las acciones de YPF «sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso» como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría parlamentaria.
Por último, se esgrimió la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.
/ámbito
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