Los directivos enfrentan acusaciones por irregularidades millonarias en los estados contables 2021 y 2022
La causa que investiga la falsificación de balances y estados contables de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita) correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 fue elevada a juicio por la Fiscalía de Delitos Económicos. Los imputados Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta, Marcelo Federici, Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti se enfrentan a penas que podrían alcanzar los dos años de prisión.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, «tanto la materialidad del hecho como la autoría y la responsabilidad penal de los imputados, se encuentran fehacientemente acreditadas a través de las pruebas reunidas, habiéndose alcanzado el mérito convictivo necesario para pasar a la siguiente etapa procesal: el juicio oral y público«.
Uno de los puntos centrales del dictamen es la omisión de registrar la salida de Fecovita de Evisa, lo que implicó una disminución patrimonial relevante. La Fiscalía señaló que esta situación fue «directamente omitida en el Balance N° 42 al no ser documentada como hecho posterior al cierre del estado contable».
Cómo sigue el proceso
«El juicio oral está cada vez más cerca. La elevación de la causa implica que pronto se fijará fecha para el debate y posterior sentencia», explicó el abogado Carlos Aguinaga, representante de Iberte y Evisa.
Según el letrado, «la falsedad de los balances tuvo una doble finalidad: esconder la estafa contra Iberte y Evisa, y ocultar pasivos que superan los 100 millones de dólares, comprometiendo directamente a los cooperativistas». Además, advirtió que «con estos mismos balances falsos, Fecovita logró presentarse ante el sistema financiero y solicitar créditos bancarios, engañando a proveedores, clientes e incluso a la propia industria vitivinícola».
El caso no se limita a los ejercicios 2021 y 2022: los directivos también están imputados por irregularidades en el balance 2023 y denunciados por falsificaciones en los estados contables 2024. Asimismo, Panella (actual presidente), Sancho, Juan Ángel Rodríguez (gerente general) e Irañeta enfrentan otra causa paralela por el delito de estafa, confirmada tanto por un Juzgado de Garantías como por la Cámara de Apelaciones.
La pericia oficial
El Ministerio Público Fiscal encomendó una pericia contable que concluyó con un informe de más de 140 páginas, donde se detallan maniobras fraudulentas en perjuicio de Iberte, Evisa y los propios cooperativistas. Entre las irregularidades más relevantes se destacan:
Aporte de capital inexistente: se registró a la Bodega Resero como aporte pese a que nunca hubo transferencia patrimonial efectiva, simulando una ganancia en 2021 y ocultando pérdidas cercanas a 900 millones de pesos.
Sobrevaluación patrimonial: en 2022 la bodega fue reintroducida en los activos, elevando su valor contable de 175 millones a más de 6.000 millones de pesos sin sustento económico.
Ocultamiento de pasivos: no se informó el Acuerdo Final de octubre de 2022 que reconocía deudas por 3.600 millones de pesos, ni la obligación con Iberte por 26,5 millones de dólares.
Omisión de hechos relevantes: no se informaron dos pedidos de quiebra vigentes al cierre del ejercicio.
Incumplimiento contractual encubierto: se acreditó que los cheques presentados como pagos correspondían a un contrato anterior, lo que constituye una falsedad para justificar créditos inexistentes.
Según los peritos, las irregularidades acumuladas en los balances 2021 y 2022, proyectadas al ejercicio 2023, superan los 100 millones de dólares en activos ficticios y pasivos ocultos.
Movidas defensivas y sospechas de dilación
Antes de que se dictara la elevación a juicio, la defensa de Panella, Sancho, Irañeta, Federici, Portera Sánchez, Vázquez y Wilhelm Spanner había solicitado audiencia para declarar. Sin embargo, cuando la Fiscalía fijó fecha, presentaron un escrito desistiendo de la medida.
Este comportamiento fue interpretado como una maniobra dilatoria. La sospecha es que los imputados intentan estirar los plazos hasta lograr la prescripción, que se produciría en los primeros días de octubre.
El proceso judicial entra ahora en su etapa más crítica: la del debate oral y público, en el que se definirá la responsabilidad penal de los directivos de una de las entidades más influyentes del cooperativismo vitivinícola argentino.
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