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NacionalPolítica & Economía 

La experiencia de provincias que mejoraron índices con recetas propias

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Con excepción de la Boleta Única de Papel, el Gobierno reconoce una realidad: desde la ley Bases económica, no pudo conseguir el avance de ninguna de sus iniciativas en el Congreso y sus triunfos legislativos en el segundo semestre del año fueron ratificaciones de vetos presidenciales. Mientras se aleja la posibilidad -e incluso la prioridad oficialista- de consensuar el Presupuesto 2025, una de las expectativas libertarias es la sanción de reformas de seguridad que representan sustanciales transformaciones penales.

Después de haber convertido en ley la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, la prioridad se está debatiendo en el Senado: el régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado (o ley Antimafias) que define penalmente lo que es una organización criminal en nuestro país, colectiviza las condenas (el peor delito de cualquier miembro para todo el grupo) y brinda potestades extraordinarias a las fuerzas de seguridad (como la posibilidad de detención por 15 días por averiguación de antecedentes) en territorios determinados.

Dos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Manfroni y Fernando Soto, fueron los encargados de responder las preguntas en el plenario del Senado, que no contó con la participación de ningún legislador peronista. Soto explicó el decomiso anticipado: consideró que «está bien que un juez, con la precaución debida, tome la decisión de hacerlo y si por alguna eventualidad la persona es absuelta se le devuelve el bien o el valor del bien», pero admitió que «hay un choque constitucional. Es inocente y no tiene condena, es verdad, pero no es el único estatuto que afecta garantías fundamentales y constitucionales sin sentencia firme».

Carlos Manfroni

Juan Carlos Pagotto, Carolina Losada y Carlos Manfroni en el último debate de la ley Antimafias en el Senado.

Senado

Manfroni abarcó otro de los puntos imprecisos de la redacción: cómo se interpreta que una persona integra una mafia. «Puede determinarse cuando realiza actos propios de lo que estipula la ley o cuando se han comprobado vínculos con personas que realicen estos actos», dijo. Además, reconoció que «es verdad que en Rosario hemos podido avanzar sin contar todavía con un instrumento como éste, pero también es cierto que si hubiéramos contado con este instrumento la tarea la hubiésemos tenido mucho más adelantada y estaríamos cerca de darla por concluida» y remarcó que «esta ley nos resulta imprescindible porque necesitamos de estas facultades«.

El último senador que intervino en la sesión fue el riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), que aceptó que «esto probablemente tenga sus errores pero tenemos que caminar» e interpretó que «el narcoterrorismo es una realidad en América Latina» y que «la situación en Nicaragua ha hecho eclosión en Rosario, la Villa 1-11-14 y en varios otros lugares más«. Ámbito dialogó con dos referentes de seguridad en provincias con amplias fronteras internacionales para conocer cómo gestionan sus propias herramientas en sus distritos.

Seguridad: los casos de Mendoza y Misiones

Al constituir los hechos que siempre se denuncian e implican una investigación criminal, los homicidios dolosos suelen ser utilizados como unidad de medida de los índices de seguridad de un territorio. El último informe del Sistema Nacional de Información Criminal reveló que uno de los distritos que contó con una reducción más sustancial, contemplando cantidad de casos, fue el de Misiones con una caída del 38,7% en el número de asesinatos (de 71 a 44).

Esto tiene mucho que ver con el trabajo que hace un tiempo se está realizando con la formación de las fuerzas de seguridad”, fue el primer argumento que presentó en diálogo con este medio Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones. “Para vestir el uniforme, se requiere un título terciario -en el caso de los suboficiales- y un título universitario -en el caso de los oficiales-. Hemos reestructurado todo el sistema educativo de las fuerzas de seguridad, que antes era solamente un instituto y ahora pasó a ser una universidad”, detalló y apuntó a la siguiente prioridad: «Hay que optimizar el recurso humano y hacerlo trabajar con la tecnología de manera amigable».

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Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones, el área provincial encargada de las políticas de seguridad.

Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones, el área provincial encargada de las políticas de seguridad.

El funcionario misionero recalcó que «hay un abordaje social de contención en los barrios» porque «el mismo equilibrio de orden social que hay ayuda y no hay una pobreza que lleve a un delito». A su vez, remarcó la perspectiva penitenciaria tras la inauguración de un nuevo pabellón en la cárcel de Oberá: “Tenemos un bajo índice de reincidencia y eso demuestra primero la capacitación del recurso humano del servicio penitenciario provincial que tiene la misma formación que la policía. Eso hace que se concentren en que aquel que ha cometido un delito vuelva a la sociedad en mejores condiciones para no volver a reincidir y reinsertarse con educación y deportes».

Las políticas carcelarias también fueron remarcadas por Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza, que encabezó una reforma en el Sistema Penitenciario provincial este mismo año. “Pasamos de tener cuatro complejos en Mendoza a, en pocos años, tener 22 unidades penitenciarias”, cuantificó y señaló que “si vos no tenés espacio donde hacer talleres, vos no podés llevar al preso, por más buena voluntad que tenga, ni a estudiar, ni a trabajar, ni podés hacer buenos convenios”. “Queremos que realmente las empresas vengan y se instalen en la cárcel; que traigan sus máquinas. Por eso es importante la infraestructura para ver dónde podemos meter talleres y que después esos presos puedan concretar una producción mayor y a mayor escala para después generar un negocio”, analizó.

Si bien remarcó la prioridad de la presencia policial en el territorio, aclaró que «no es sólo tirar a la calle a un policía en un móvil. Nuestros efectivos llevan un sistema biométrico, que identifican a alguien si tiene pedido de captura; hay cámaras inteligentes con lectores de patente; tienen patrulleros tecnológicos con computadora a bordo”. Asimismo, hizo énfasis en las políticas de prevención y destacó los avances que podrían conseguir a partir del acuerdo rubricado con San Juan y San Luis para «tener la primera base regional de datos para que todas nuestras alertas estén conectadas. Antes por cuestiones políticas no se había dado, lo cual es un error porque la seguridad tiene que ser una política de Estado”.

Ambos ministros respondieron sobre la presencia de mafias en sus distritos, lo que el senador Pagotto generalizó al señalar: «Rosario, la Villa 1-11-14 y varios otros lugares más». “Definitivamente no hay crimen organizado ni una violencia que se exprese así, porque cuando vos tenés bandas está metida la policía, parte de la política y la justicia, con una mecánica de lavado de activos”, respondió Rus. «Acá no existen esos conflictos territoriales o bandas criminales en disputa«, indicó Pérez y continuó: «La mayoría de los crímenes que hay aquí se originan en cuestiones domésticas o vecinales. Los homicidios suelen ser situaciones aisladas, más que un delito premeditado y planificado”.

Políticas penitenciarias sociolaborales, inversión en tecnología, formación policial, inserción barrial con alternativas económicas para la comunidad, estrategias de seguimiento del dinero, procesos de investigación de la connivencia de la dirigencia política y de las fuerzas de seguridad: nada de eso se encuentra presente en el discurso y en la redacción del proyecto más ambicioso del oficialismo, que sí acrecienta las penas, establece más controles en zonas que se determinarán discrecionalmente y dispone la saturación policial sin precisar el presupuesto que implicará el equipamiento de efectivos y la demanda de más plazas para detenidos en las cárceles.

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Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza.

Ley Bases de Seguridad

Dentro del paquete de reformas del Código Penal y otras iniciativas legislativas que conforman la agenda de seguridad y Justicia, el oficialismo otorgó prioridad a los siguientes proyectos:

  • Ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual: se extraerá material genético para integrar el registro a todas las personas procesadas por delitos contemplados por el Código Penal. Se convirtió en ley.
  • Reforma de Ley 26.216 de Armas de Fuego: Flexibilización del protocolo para el acceso legal a tenencia de armas de fuego. Prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entrega anónima de armamento para su destrucción. Obtuvo media sanción en Diputados.
  • Régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado: agravamiento y unificación de penas para quienes sean considerados miembros de una organización criminal, establecimiento de facultades especiales a fuerzas de seguridad en “Zonas Sujetas a Investigación Especial” y decomiso anticipado. Obtuvo media sanción en Diputados.
  • Modificación del Régimen Penal Juvenil: baja de edad de imputabilidad (de 16 a 13 o 14 años, según el proyecto) y determinación de nuevas responsabilidades institucionales del Estado con respecto a los adolescentes judicializados. Se encuentra en debate en comisiones.
  • Reforma de Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos: establece un plazo máximo de seis meses para definir el restituir o destruir munición o armamento incautado. Se encuentra en debate en comisiones.
  • Sanción de ley de Bien Restituido: establecimiento de los parámetros de distribución a la sociedad civil de los bienes incautados a narcotraficantes y organizaciones criminales. Se encuentra en debate en comisiones.
  • Ley de Seguridad Interior: habilita a las Fuerzas Armadas a participar en actividades de seguridad interior sin necesidad de acudir a la declaración de estado de sitio; su accionar no puede ser punible. Se encuentra en debate en comisiones.
  • Derecho a la legítima defensa y cumplimiento del deber: reformas de los regímenes existentes. Inicia en noviembre su debate en comisiones.

Ambito Financiero

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Según Javier Milei, es mentira que no se llega a fin de mes: «La calle tendría que estar llena de cadáveres»

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En la Fundación Faro, el Presidente consideró «una pelotudez» que a los trabajadores no les alcance el salario, y pidió «40 años» para sacar al país adelante.

El presidente Javier Milei cerró este lunes un evento de la Fundación Faro, en donde expuso nuevamente a oscuras y dejó llamativas afirmaciones, como que «sacar al país adelante» puede llegar a tardar «40 años», o negar que la gente no llega a fin de mes, con el argumento de que no se observa la calle llena de cadáveres.

El encuentro se desarrolló en el barrio porteño de Puerto Madero, donde también habrá discursos del escritor chileno Axel Kaiser, los economistas Miguel BoggianoAdrián Ravier y Ramiro Castiñeira y el cineasta Diego Recalde. Además, previamente disertaron el director de la fundación, Agustín Laje, y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

En plena escalada del dólar, y mientras las estadísticas dan cuenta de los problemas de salarios que transitan los trabajadores, el Presidente negó que los argentinos tengan problemas para llegar a fin de mes con plata en sus bolsillos.

«Ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes. Convengamos que está claro que la frase suena muy interesante para ponerse sensiblero, pero es muy interesante, porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena da cadáveres«, argumentó el mandatario. «Es una pelotudez», insistió.

En el mismo sentido, Milei sostuvo que esa queja sobre un salario insuficiente «es un insulto a los que hacen un esfuerzo por la vía honesta», y apuntó: «Esa vida, los kukas y el periodismo no la conocen».

En otro tramo de su disertación, el libertario volvió a acudir al relato de paciencia con la espera de que la economía repunte, aunque con un margen cada vez más extenso. «Tenemos que tener claro que pese a todos estos logros mayúsculos, sacar adelante al país va a llevar tiempo. No nos vamos a convertir en un país desarrollado de un momento a otro. El proceso puede tardar 30, 35 o 40 años», señaló.

«Los kukas, parece que nos hubieran dejado en Suiza, y nosotros generamos una masacre. Cuando en realidad los que destruyeron y se consumieron al capital, empobreciendo a la gente, fueron ellos», sostuvo Milei.

En este marco, el Presidente se refirió a las elecciones legislativas. «En septiembre, si llegamos a ganar la provincia, habremos puesto el último clavo en el ataúd del kirchnerismo», señaló, y sin ningún tipo de pruebas, sostuvo que en el peronismo «están dispuestos a hacer fraude y se vota con un sistema electoral distinto (boletas múltiples de papel) que habilita el fraude».

«Esa elección van a ser el techo del kirchnerismo y para nosotros va a significar el piso porque en la nacional (26 de octubre) no habrá testimoniales y se va a votar con boleta única de papel. Ellos sólo tienen esta sola oportunidad en septiembre, nosotros tenemos esa y octubre», vaticinó el libertario.

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La inflación, más cerca del 3%

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En la previa a las elecciones, al Gobierno se le escapa el aumento de precios. Salarios congelados. Impacto en alimentos.

El caballito de batalla de Milei comienza a trotar y al Gobierno se le complica sostener el relato sobre la desinflación. La suba del dólar oficial 6 por ciento la semana pasada empezó a mover los precios en las góndolas de los supermercados. No alcanzó la receta ortodoxa con incremento de las tasas de interés y aumento de los encajes bancarios -hasta el 40 por ciento- para frenar la escalada de la divisa estadounidense, y tampoco la presión de Economía sobre los empresarios para que no trasladen el impacto a las listas que ya llegaron actualizadas a los comercios.

En el mes previo a la elección en la provincia de Buenos Aires, el recalentamiento del dólar, más cerca del techo de la banda acordada con el FMI, vino acompañado de subas en todos los servicios. De acuerdo con la proyección de Orlando Ferreres & Asociados, para agosto, el índice de inflación podría rondar el 3 por ciento. Aunque el titular de la consultora considera que lo más preocupante no es la variación del costo de vida en ese porcentaje, sino la decisión de la administración libertaria sobre la tasa de interés que “afecta en los préstamos y en el crecimiento”. Se encuentra 40 puntos por encima de la inflación esperada.

“El último mes la base monetaria aumentó bastante y por lo tanto ese efecto puede notarse también en los precios al consumidor”, señaló Ferreres. Además, aseguró que hay beneficiados y perjudicados por la política económica que conduce el Ejecutivo. “Existen ganadores, como por ejemplo el sector de automóviles, que está vendiendo mucho más que el año pasado” y “perdedores, como la construcción, que está teniendo una actividad muy baja, lo mismo que el cemento”.

En una emisión de streaming, el ministro de Hacienda, Luis Caputo afirmaba que “El tipo de cambio subió 17 por ciento y los precios ni se movieron”. Horas después, distintas firmas se dispusieron a remarcar.

Para el economista jefe de BTG Pactual, Andrés Borenstein, el IPC en agosto podría llegar al 2,2 por ciento, cifra que no considera de gran impacto. De todas maneras, las estimaciones incipientes que se conocen para el octavo mes del año apuntan al alza.

Cuando los datos se contraponen con la situación de los ingresos populares, la crisis del consumo, el endeudamiento de las familias para comprar alimentos, las paradas de planta y los cierres de fábricas, cualquier movimiento obtura aún más las posibilidades de acceso a bienes y servicios.

Mientras el precio del dólar y de los productos en las góndolas se descongelan, los sueldos se mantienen frizados. Por ejemplo, en mayo, último relevamiento disponible del Indec, los salarios aumentaron 3 por ciento en promedio, pero los registrados privados lo hicieron apenas 2 por ciento; contra el 5,6 por ciento de los no registrados.

La realidad que marca el bolsillo no es la misma que prometen los números. En el caso puntual del IPC, según especialistas de distintos colores políticos, el indicador no pondera de forma correcta el costo de los servicios públicos en la canasta. Esto porque se sigue utilizando una encuesta cuya última modificación ocurrió durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el peso de las tarifas era menor. Fue incluso el propio titular del organismo, Marco Lavagna, quien pidió autorización para actualizar el formulario, solicitud que resultó desestimada de inmediato.

“La inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene. Y se va a terminar porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Ahora es el momento de empezar a pensar en crecer”, declaró Milei en abril de 2025, cuando expuso en el Congreso Económico Argentino, de Expo Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (EFI).

Lo que no estaba entre las líneas leídas por el Presidente era la disparada del dólar y el parate de la actividad económica. El repunte en V que parece no encontrar el rebote. La variación porcentual interanual de la inflación en los últimos 12 meses se ubicó en el 39,4 por ciento y la acumulada en 2025 hasta junio quedó en el 15,1 por ciento.

Este martes el Banco Central publica el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que para junio había estimado 1,8 por ciento de inflación y para julio 1,7 por ciento. El informe incluye perspectivas sobre los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de actividad, en base especialistas, locales y extranjeros.

El FMI, por su parte, estimó que la inflación anual de Argentina estará entre 18 y 23 por ciento este año, analizó el francés Pierre-Olivier Gourinchas, consejero económico y director del Departamento de Estudios del Fondo.

Las principales consultores privadas anticiparon que en julio el indicador estaría por debajo del 2 por ciento. El 13 de agosto se conocerá la cifra oficial. 

/P12

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El Gobierno recibe u$s2.000 millones del FMI y apuntala las reservas tras la flexibilización de la meta

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Aunque se flexibilizaron metas y se espaciarán las revisiones, el Fondo alertó por el bajo nivel de reservas, el déficit externo creciente y pidió mantener un enfoque monetario contractivo.

El Gobierno nacional recibirá este lunes un nuevo desembolso de u$s2.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente al acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) firmado en abril, que destinará a reforzar las reservas internacionales y a cumplir compromisos de deuda con el propio organismo. De hecho, apenas se concrete el giro, el Tesoro deberá abonar unos u$s824 millones en concepto de intereses y comisiones.

Con este segundo desembolso, el FMI habrá girado hasta ahora u$s14.000 millones de los u$s20.000 millones acordados en abril. Ese adelanto fue clave para frenar la pérdida de reservas y estabilizar el esquema cambiario, a cambio de compromisos como el abandono del deslizamiento controlado del dólar al 1% mensual, el levantamiento parcial del cepo y la adopción de una banda de flotación cambiaria entre $1.000 y $1.400 por dólar.

A pesar de esta reconfiguración monetaria, el FMI informó en su último staff report que la Argentina no cumplió la meta de acumulación de reservas netas del segundo trimestre. Al cierre de junio, el saldo era de u$s4.700 millones, lejos del objetivo de u$s1.100 millones. Esta desviación se atribuye a la demora en aprobar la primera revisión y motivó un ajuste a la baja de la meta de reservas, que fue reducida en u$s5.000 millones.

Relajación de metas y monitoreo más espaciado

Como parte del entendimiento alcanzado, el FMI también acordó modificar la frecuencia de las revisiones del programa, que pasarán a ser semestrales en lugar de trimestrales. La decisión responde al contexto de alta tensión económica que atravesó el Gobierno en julio, marcado por una fuerte suba de tasas y renovadas presiones sobre el dólar, que saltó 4% en un solo día, alcanzando los $1.380, para luego retroceder levemente a $1.375 el viernes.

El organismo advirtió que la Argentina se encuentra entre los países con menores niveles de reservas dentro del universo emergente, y recomendó que el Banco Central asuma un rol más activo en la acumulación anticipada de divisas, como lo hacen Chile, Colombia o México.

Déficit externo y presión por importaciones

Otro punto de preocupación para el FMI es el deterioro del frente externo. Según el reporte, el déficit de cuenta corriente cerraría 2025 en u$s11.800 millones, equivalente al 1,7% del PBI, frente al 0,4% registrado en 2024. Esta dinámica se explica, principalmente, por la apertura del cepo y la liberalización de importaciones, que provocaron un rápido aumento de la demanda de divisas.

“El superávit comercial se está reduciendo rápidamente impulsado por un aumento de las importaciones, en un contexto de elevada actividad, una moneda aún relativamente fuerte y una liberalización comercial y cambiaria”, señaló el FMI. No obstante, en junio se habría observado una moderación del 3% mensual en el nivel de importaciones, posiblemente reflejando una menor demanda interna y una depreciación real del peso cercana al 15% desde abril, según estimaciones del staff técnico.

Por último, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, insistió en que se mantengan condiciones monetarias contractivas para sostener el proceso de desinflación y remonetización, al tiempo que remarcó la necesidad de mejorar el marco de política monetaria a fin de reducir la volatilidad de tasas y consolidar un entorno macroeconómico más previsible.

/ámbito

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