Sociedad
La dueña de Garder, más complicada: habría intentado sobornar a una testigo para favorecerse

Durante la audiencia de este miércoles, una testigo reveló que la empresaria le ofreció dinero para firmar una prestación falsa. Tras su negativa, habrían falsificado su firma. El fiscal pidió la detención de De la Fuente, pero el juez la rechazó.
Marilina De la Fuente, la dueña de Garder Salud, quedó aún más comprometida en el juicio que investiga una millonaria estafa contra la Obra Social Provincia (OSP). Durante la audiencia celebrada este miércoles, una testigo clave aportó un dato contundente que agrava la situación judicial de la empresaria: aseguró que, hace un año y medio, cuando el escándalo estaba por estallar, De la Fuente la llamó para ofrecerle dinero a cambio de firmar una prestación domiciliaria en favor de su padre que nunca se realizó. Al negarse, la acusada habría falsificado su firma.
A raíz de esta grave acusación, tanto el fiscal del Ministerio Público, Adrián Grassi, como el abogado de Fiscalía de Estado, Carlos Herrera, solicitaron la detención inmediata de De la Fuente por considerar que está intentando entorpecer el curso de la investigación. No obstante, el juez de Garantías Matías Parrón no hizo lugar al pedido. Pese a esto, se abrió una nueva causa en la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal.
El caso Garder
La causa involucra a cuatro imputados: Eduardo Guzmán, Marilina De la Fuente, Florencia Molina De la Fuente y la médica María Noel Becerra. Los tres primeros están acusados como coautores de 26 hechos de defraudación a la administración pública y adulteración de instrumento privado; Becerra, como partícipe necesaria en un hecho.
El fiscal Grassi anticipó que pedirá penas de hasta 3 años de prisión condicional para los principales responsables y 2 años en suspenso para la médica. Sin embargo, desde Fiscalía de Estado buscarán penas de cumplimiento efectivo, debido a la gravedad de los delitos.
Las maniobras detectadas incluyen el cobro por prestaciones médicas y entrega de insumos que nunca se realizaron. Entre ellas, se documentaron ocho casos de falsos módulos alimentarios y 18 internaciones domiciliarias inexistentes. Una auditoría externa de la empresa Nivel Salud fue clave para descubrir el fraude, que luego derivó en una denuncia penal.
Becerra, por su parte, está acusada de haber emitido una receta utilizando el recetario y sello de otro médico, lo que violaría normas éticas y legales.
Juicio caliente
El proceso se anticipa largo, con abundante prueba documental, pericias y testimonios. En la audiencia pasada, llevada adelante el 16 de mayo, la defensa de los acusados negó los hechos. Diego Molina, abogado de Florencia Molina, aseguró que su clienta solo participó en la conformación legal de la sociedad y que su vínculo con la empresa fue mínimo
/TSJ


Un joven que trabaja como delivery fue a dejar una entrega a un barrio en Concepción y fue víctima de un violento robo. Lo maniataron, golpearon y le robaron la moto.
Un joven fue víctima de un violento atraco en la ciudad de Concepción, donde fue sorprendido por un delincuente que lo golpeó con la culata de un arma de fuego, lo maniató y le robó sus pertenencias, incluida la moto y el teléfono celular.
Los hechos ocurrieron cuando el joven realizaba una entrega como delivery. Fueron interceptados por al menos un individuo armado, quien aprovechó la situación para agredirlo físicamente, impactando con la culata del arma en la cabeza o rostro, y luego lo mantuvo inmovilizado mientras sustraía sus objetos de valor.
Una vez neutralizada la resistencia, el agresor huyó con la motocicleta de uso laboral del joven y su teléfono celular, dejándolo herido y atado en el lugar.
Este tipo de atraco armado, en el que se emplea violencia física con armas, está tipificado como un delito agravado. La utilización de armas de fuego y agresión directa coloca el hecho en la categoría de alto peligro para la víctima, con penas más severas si hay lesiones físicas.
En este caso, no sólo hubo intimidación, sino también agresión con arma, lo que configura un robo con violencia agravada, que podría implicar sanciones más duras bajo el código penal local.
/C13
Actualidad
El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el fenómeno afectará la zona precordillerana durante toda la jornada del sábado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes la alerta amarilla por fuertes vientos en un sector de la provincia de San Juan, que se mantendrá vigente durante toda la jornada del sábado 2 de agosto.
Según detalló el organismo, la zona afectada será el departamento de Calingasta, especialmente en su sector precordillerano, donde se prevé la mayor intensidad del fenómeno climático.
“El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, particularmente en los niveles más elevados”, indica el comunicado oficial emitido por el SMN.
En cuanto a las condiciones generales del clima para ese día, se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 18°, lo que marcará una jornada fresca, con importantes variaciones térmicas.
Desde Protección Civil recomiendan evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, asegurar objetos que puedan volarse y estar atentos a cualquier actualización meteorológica oficial.
La alerta amarilla implica un fenómeno climático con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se solicita a los vecinos de Calingasta tomar las precauciones necesarias.
/TSJ
Sociedad
Amenaza de bomba en la Boero: los alumnos deberán pagar $4 millones y hacer tareas comunitarias

Dos estudiantes de la escuela técnica deben pagar por intimidación pública tras una falsa denuncia de bomba realizada el pasado miércoles.
La Justicia formalizó este viernes la causa contra los dos alumnos de la Escuela Boero que realizaron una falsa amenaza de bomba. El operativo de evacuación y seguridad tuvo un costo estimado de 4 millones de pesos, y la Fiscalía propuso una probation con medidas económicas y comunitarias como reparación.
Durante la audiencia, la fiscal Daniela Pringles (UFI Genérica) detalló que uno de los jóvenes usó el celular de su compañero —que pertenece a su madre— para llamar tres veces al 911, siendo la tercera la que fue atendida. La geolocalización permitió confirmar que el llamado salió desde el interior del aula séptimo segunda de Electromecánica, donde ambos imputados -Ricardo Joaquín Barassi y Juan Paulo Ferreyra Castro- se encontraban en ese momento.
La amenaza activó el protocolo de emergencia: evacuación total, un cerco policial en la zona y un rastrillaje que duró más de dos horas. Finalmente, el operativo terminó sin hallazgos de explosivos.
Como parte del acuerdo de suspensión de juicio a prueba, cada imputado deberá pagar $2 millones en 6 cuotas, cumplir 24 horas de trabajo comunitario en sus respectivas jurisdicciones y asistir a un curso de concientización sobre explosivos dictado por Bomberos.
El caso fue caratulado como intimidación al orden público, una figura que ya se aplicó recientemente por una falsa amenaza en el Hospital Rawson.
/DC
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