NacionalPolítica & Economía
La Corte tratará un segundo planteo sobre las torturas a soldados en Malvinas.

La Corte Suprema de Justicia recibirá un segundo expediente donde se discute si las denuncias por supuestas torturas cometidas por exmilitares argentinos contra soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben, confirmaron este miércoles fuentes judiciales.
El máximo tribunal argentino analiza desde mediados de 2021 un recurso extraordinario federal presentado por la fiscalía y las partes querellantes contra un pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal que consideró prescriptos los delitos, en un fallo en mayoría y que involucra la situación de uno de los imputados en el caso, Jorge Ferrante, cuyo procesamiento fue anulado por Casación.
Ahora, la misma cámara declaró la admisibilidad de un nuevo recurso extraordinario planteado en torno a la situación de los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, también procesados (por el delito de “vejaciones”) hasta que el 30 de mayo de este año Casación anuló el fallo con el criterio de que los delitos están prescriptos.
El recurso que depositará el caso ante la Corte fue presentado por el fiscal Javier De Luca y por abogados del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (Cecim), la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la querella representante de las víctimas Oscar Torres, Carlos Raymundo Rodas, Jorge Ramón Diez y Oscar Orlando Frías.
Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Ana Mara Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña coincidieron en que la causa debe llegar a la Suprema Corte porque “los agravios expuestos remiten al debate de una cuestión federal al vincularse con la interpretación y alcance del derecho de gentes y categorías de derecho penal internacional y derecho internacional humanitario”, sostiene el escrito judicial que al que accedió Télam.
También argumentaron que, al tratarse de presuntos crímenes de guerra, tortura y/o graves violaciones a los derechos humanos, “se encuentra en juego la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar a sus responsables, cuyo incumplimiento generaría responsabilidad ante la comunidad internacional”.
En otro orden, los magistrados indicaron que los recursos fueron presentados “por quienes se encuentran legitimados para hacerlo” y para ventilar “cuestiones de índole federal”.
La megacausa por torturas y violaciones a los derechos humanos de soldados en la guerra de Malvinas está a cargo de la jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, quien declaró los delitos como de lesa humanidad imprescriptibles.
Sin embargo, en mayo de 2021 esta decisión fue revocada en Casación, en el fallo del caso Ferrante que está en la actualidad bajo revisión en la Corte Suprema.
En forma paralela, los exmilitares Gassino, Garde y Calderini fueron indagados a fines de 2019 y quedaron procesados en febrero de 2020 por «imposición de tormentos», como estaqueamientos y enterramientos de los soldados castigados en mayor parte por salir en busca de comida, ya que pasaban hambre extrema.
En abril de 2021, la Cámara de Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre el juzgado de Tierra del Fuego, confirmó los procesamientos y cambió el delito a «vejaciones», pese a lo cual igual los consideró como de lesa humanidad e imprescriptibles, hasta que en mayo de este año Casación volvió a aplicar el precedente Ferrante y anuló por mayoría los procesos al considerar que los delitos estaban prescriptos.
De esta manera, ya sea por el caso Ferrante como por el de Gassino, Garde y Calderini, el máximo tribunal deberá expedirse sobre la cuestión de fondo en los próximos meses.
Si bien la Corte ya emitió un pronunciamiento relacionado a este tema en el caso “Taranto”, lo hizo entendiendo que la apelación había sido presentada fuera de los plazos legales, sin ingresar en el debate sobre si los delitos deben ser considerados o no como crímenes de guerra e imprescriptibles, explicaron los voceros judiciales consultados.
La investigación por supuestas torturas a soldados en Malvinas tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos e impulsó las denuncias en el juzgado fueguino.
En la causa siempre convivieron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los conscriptos o si, en cambio, se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares partícipes de la guerra.

NacionalPolítica & Economía
Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».
Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.
En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.
Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner
El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), y no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».
/Ed
NacionalPolítica & Economía
El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.
A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.
Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.
Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.
Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.
Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.
Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.
Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Milei celebró estar del «lado correcto de la historia» tras el ataque de EE.UU a Irán

El Presidente compartió el posteo del ministro de Defensa, Luis Petri, tras la escalada en el conflicto de Medio Oriente.
El presidente Javier Milei rápidamente se hizo eco del ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. A través de sus redes sociales, el mandatario se encargó de repostear apoyos al accionar del país norteamericano y celebró que Argentina «esté del lado correcto de la Historia».
/Ed
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