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NacionalPolítica & Economía 

La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina en la causa Vialidad: 6 años de prisión y no podrá ejercer cargos públicos

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La expresidenta había sido condenada en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La Corte Suprema de justicia confirmó este martes la condena Cristina Kirchner en la causa Vialidad en un fallo unánime de los tres miembros. De esta manera, se ratifica la pena de seis años de presión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo fue absuelta del delito de asociación ilícita, pedido por la fiscalía.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti emitieron un voto conjunto en el que rechazaron cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa de Cristina Kirchner para revertir la condena en su contra.

«Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación», justificaron los jueces en el fallo.

La expresidenta había sido condenada en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad. Al mismo tiempo, la absolvió del delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía para agravar su condena al declarar el planteo inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en Civil y Comercial de la Nación.

En uno de los tramos, la Corte explicó que “los reclamos de la defensa llevan a examinar cuestiones —de hecho y prueba en muchos casos, ajenas por su materia a la competencia apelada extraordinaria de esta Corte Suprema en los términos del artículo 14 de la ley 48, salvo que medie un supuesto de arbitrariedad— tales como el contexto dentro del cual se ejecutó la maniobra que fue juzgada, las relaciones personales y comerciales que unían a Fernández de Kirchner con Lázaro Báez, las implicancias en torno al dictado y efectos del decreto 54/2009, las advertencias emitidas por los servicios jurídicos en relación con su dictado y la valoración del contenido de los mensajes extraídos el celular de José López, entre otros. En particular, la decisión apelada aludió a que Lázaro Báez, por intermedio de sociedades por él controladas, efectuó contratos de locación y gerenciamiento con sociedades de titularidad de la familia Kirchner que explotaban hoteles, además de haber realizado otros negocios inmobiliarios. Esas relaciones no fueron cuestionadas por la defensa en manera alguna, más allá de alegar que los actos comerciales señalados fueron ‘totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado’, lo que resta toda eficacia a su planteo”.

Para los ministros, se pudo acreditar que “la encausada quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acción y tuvo, además, el ánimo de lucro requerido por el tipo”.

Según subrayaron, “esas circunstancias, valoradas ya por dos instancias judiciales, llevaron a la conclusión de que esa decisión presidencial ‘relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados’ y de que ‘Fernández de Kirchner se representó los elementos objetivos del tipo al momento de dar comienzo a la acción típica y que previó la realización de estos y, por tanto, la producción del resultado’”.

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Piden la renuncia de Cúneo Libarona, a partir del nuevo escándalo

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Distintos sectores de la oposición en la Cámara de Diputados piden la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, luego de conocerse un video de una reunión que mantuvo con el ex agente de la CIA Tim Ballard, denunciado por al menos seis mujeres por abuso y acoso sexual, y a quien le prometió «cambiar ese malentendido que hubo» en el país.

Desde la Coalición Cívica (CC) y Encuentro Federal (EF) acusan al funcionario de «tráfico de influencias, violación a la Ley de Ética Pública y gestión ilegal de intereses» y advierten que si no es corrido de su cargo podrían accionar un juicio político en su contra.

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La Justicia le pone un freno al Gobierno e impide el cierre del INTI

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La jueza Martina Forns hizo lugar a una medida cautelar que ordena a la administración de Javier Milei abstenerse de hacer cambios en el organismo por un plazo de seis meses, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras.

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 hizo lugar este martes a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y le ordenó al Gobierno de Javier Milei abstenerse de realizar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por un período de 6 meses.

El pasado 7 de julio, a través del decreto 462/2025, la administración ultraderechista ordenó una reconfiguración de varios organismos del Estado, entre ellos el INTI, que debía transformarse en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. 

El decreto también establecía que los ingresos provenientes de aranceles, tasas, rentas, patentes, derechos intelectuales o aportes de terceros que reciba el instituto pasarían a integrar los recursos del Tesoro Nacional. 

Como excusa para el desguace, el Gobierno había señalado que el INTI «posee una estructura sobredimensionada», con áreas administrativas superpuestas

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 hizo lugar este martes a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y le ordenó al Gobierno de Javier Milei abstenerse de realizar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por un período de 6 meses.

El pasado 7 de julio, a través del decreto 462/2025, la administración ultraderechista ordenó una reconfiguración de varios organismos del Estado, entre ellos el INTI, que debía transformarse en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. 

El decreto también establecía que los ingresos provenientes de aranceles, tasas, rentas, patentes, derechos intelectuales o aportes de terceros que reciba el instituto pasarían a integrar los recursos del Tesoro Nacional. 

Como excusa para el desguace, el Gobierno había señalado que el INTI «posee una estructura sobredimensionada», con áreas administrativas superpuestas y escasa articulación entre funciones estratégicas y las necesidades reales del sector industrial.

Este martes, sin embargo, la magistrada Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, le puso un freno a la motosierra libertaria.

En el fallo, Forns dijo que «se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar» con el objetivo de «evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo»

En ese sentido, exigió al Gobierno «que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)».

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la noticia en sus redes sociales. «La Justicia volvió a dar la razón a ATE y frena el cierre del INTI», festejó el sindicalista. 

«Presidente @JMilei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. @fedesturze te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. Luchar sirve!! El INTI no se toca!!«, concluyó.

/P12

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Oscar Zago, en contra del veto al aumento a los jubilados: «Pasé de héroe a genocida»

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El diputado del MID aclaró que sí acompañará el veto a la moratoria previsional y que están analizando los artículos de la ley de emergencia por discapacidad antes de tomar una decisión al respecto.

Oscar Zago, diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) por la Ciudad de Buenos Aires, confirmó que su bloque acompañará el veto a la moratoria previsional, pero se opondrá a vetar el aumento de las jubilaciones anunciado por el presidente Javier Milei.

Al ser consultado sobre cómo se iba a comportar el MID respecto a las tres leyes que aprobó el Senado, Zago adelantó: “Vamos a acompañar el veto a las moratorias porque así lo decidimos desde un principio. Creemos que las moratorias en Argentina se tienen que terminar, se tienen que terminar los vivos”.

Al ampliar su postura sobre el tema, el diputado consideró: “Cuando vos sos un buen contribuyente, vivís pagando, no solo el tema jubilatorio. Pagás patente, ABL, multas, un montón de cuestiones, y después llega el momento de la moratoria. Viene alguien en diez minutos, le hacen una quita para ‘una gran monatoria’ y terminamos pagando los que somos buenos contribuyentes. Le pagamos a todos los que nunca lo fueron. Es la viveza argentina”.

Respecto a la suba en las jubilaciones, Zago sostuvo que “es muy probable que rechacemos el veto”: “Vamos a acompañar la decisión de aumentarles a los jubilados el 7,2%”, remarcó el diputado.

En ese sentido, recordó que a principios del año pasado el MID presentó un proyecto donde indicaban que había quedado un desfasaje del 7,2% que debían devolverles a los jubilados. Mencionó que desde el PRO también se había presentado un proyecto que mencionaba la posibilidad de pagar esa diferencia en cuotas.

Al ser consultado sobre los dichos del presidente Milei, quien trató de “genocidas de las generaciones futuras” a quienes no acompañen el veto, Zago lanzó irónicamente: “Pasé de héroe a genocida”.

“En alguna oportunidad fui héroe, que nunca me hice cargo de ser héroe. Nadie es héroe por no acompañar una mejora a los jubilados. No me sentí un héroe. Tampoco me siento en genocida en decir que no», agregó.

Y expuso: “Soy una persona que también acompaño el equilibrio fiscal, la reducción de gastos y un montón de cosas que hicimos desde un principio, que fue parte de nuestra campaña. Pero también fue parte de nuestra campaña la mejora a todos los sectores más postergados, en este caso como son los jubilados”.

En cuanto la ley de emergencia por discapacidad, expuso: “Lo estamos analizando artículo por artículo, porque hay artículos que creo que están correctos y hay artículos que no. Así que eso vamos a adelantar nuestra posición un poquito más adelante, seguramente va a ser la semana que viene”.

/m1

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