Política & Economía
La CGT denunció el protocolo de seguridad del Gobierno y afirmó que quiere “criminalizar la protesta”.

«La medida vulnera libertades individuales y colectivas y no favorece el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas» indicó la conducción de la central obrera. La CTA se sumó a las críticas y dijo que el protocolo «restringe la libertad de expresión».
La conducción de la CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, aseguró que «la Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho», y denunció que «el protocolo determinado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, es una estrategia para criminalizar la protesta social» en la Argentina.
«La Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho. El protocolo difundido por Bullrich es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, luego de los anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo, implica vulnerar el efectivo ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y sindical», sostuvo la central obrera en un documento de prensa.
La CGT denunció ese protocolo de seguridad y aseveró que «la medida vulnera libertades individuales y colectivas y no favorece el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, un elemento esencial para la libertad sindical».
«Ese protocolo procura subordinar la acción de la justicia a las fuerzas policiales y de seguridad. Más allá de las evidentes reservas constitucionales de la medida, la central ratifica que los trabajadores siempre fueron los primeros en respetar la ley, porque saben que ello es la mejor garantía para que sus derechos sean respetados», afirmó.
La conducción sindical puntualizó que «el respeto a la ley involucra a todos, es decir, a los ciudadanos y a las autoridades, que tienen que comprometerse de manera plena con la defensa de los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional».
Los dirigentes añadieron que «la vigencia del Estado de derecho es el contexto democrático para hallar soluciones reclamadas en un momento crítico del país, para lo cual es necesario más que nunca el diálogo», y ratificaron que «la consolidación de ese sistema de gobierno con justicia social es con más diálogo, democracia y paz social».
La CTA se suma al rechazo
La CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky rechazó también la resolución de Ministerio de Seguridad sobre la protesta social al considerar que esa normativa «restringe la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades».
«Utilizando el argumento de establecer un ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’ la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, introduce elementos peligrosos y violatorios del estado de derecho, como la autorización para realizar tareas de “inteligencia” sobre los dirigentes y organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, o políticas, que organicen las protestas», señalaron desde la CTA de los Trabajadores en un comunicado.
Para la central, está claro que con esta iniciativa «se intenta amedrentar a la población para callar las legítimas manifestaciones públicas que surgirán tras los efectos brutales de sus propias políticas de ajuste».
«Recordamos que la Constitución Nacional en su artículo 14, garantiza –entre otros derechos- que todos los habitantes de la Nación gocen del derecho a peticionar a las autoridades y que resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización», se sostuvo.
En ese sentido, se consignó que organizaciones como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) que representan a 333 organizaciones afiliadas en 162 países y a 180 millones de trabajadores y trabajadoras rechazaron la aplicación de este protocolo.
«Exigimos al Gobierno Nacional la inmediata derogación del protocolo, rechazamos cualquier intento de cercenar los derechos de las y los ciudadanos a peticionar ante las autoridades. Este anuncio de la ministra de Seguridad deja en evidencia la determinación de criminalizar la protesta social», remarcaron desde la CTA de los Trabajadores.
@Télam.
/Imagen principal: Archivo/

InternacionalPolítica & Economía
China y Estados Unidos acuerdan reducir aranceles recíprocos durante 90 días

Pekín y Washington pactaron recortar los gravámenes recíprocos impuestos en abril a partir del 14 de mayo, según su declaración conjunta publicada en la web de la Casa Blanca. Esto se produce después de que mantuvieran del 10 al 11 de mayo conversaciones de alto nivel en Suiza, en medio de una escalada de la guerra comercial entre ambos países.
En particular, se señala que EEUU suspenderá unos 24 puntos porcentuales del arancel adicional, impuesto mediante la Orden Ejecutiva 14257 a las mercancías procedentes de China «durante un período inicial de 90 días», y que eliminará otros adicionales, impuestos por la Orden Ejecutiva 14259 la Orden Ejecutiva 14266.
Se mantendrá «al mismo tiempo el arancel ad valorem restante del 10%», procede de la declaración.
Por su parte, China procederá a una suspensión y un recorte simétricos, y eliminará los aranceles adicionales anunciados en las semanas recientes y adoptará las medidas administrativas necesarias para suspender o eliminar las contramedidas no arancelarias impuestas contra Estados Unidos desde el 2 de abril de 2025.
Todo esto significa que Washington recorta los aranceles generales sobre los productos chinos del 145% al 30% y Pekín rebaja los derechos de aduana sobre las importaciones estadounidenses del 125% al 10%.
También se informa de que, tras la adopción de las medidas mencionadas, las partes establecerán un mecanismo para continuar las conversaciones. En palabras del Secretario del Tesoro de EEUU y representante de la delegación estadounidense en las conversaciones, Scott Bessent, Washington y Pekín no quieren que se quiebren las relaciones económicas entre ambos países.
Las dos naciones están enfrentadas en una guerra comercial, que estalló después de que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, impusiera en febrero un arancel del 10% a las importaciones de todos los productos procedentes de China. En marzo, lo elevó al 20%, y Pekín respondió con tarifas a las importaciones de productos agrícolas estadounidenses.
Una nueva ronda de escalada se produjo luego de que Washington impusiera aranceles recíprocos a las importaciones de otros países, con una tasa del 54% contra China. Actualmente, esa tasa alcanza el 145%, mientras que el arancel para los proveedores estadounidenses del gigante asiático es del 125%.
/Sputnik
San JuanPolítica & Economía
Cierre del CIMYN: asambleas del gremio, guardias mínimas y presentación ante la Subsecretaría de Trabajo

El secretario de ATSA, Alfredo Duarte, criticó a las autoridades del Colegio Médico. «Institución que se queja, pero recibió ayuda de todo tipo», dijo.
El sorpresivo anuncio por parte del Colegio Médico del cierre del CIMYN generó “suma preocupación” en ATSA, el gremio que nuclea a los trabajadores de la sanidad. Alfredo Duarte, secretario general de ATSA, manifestó que se realizará una presentación en la subsecretaría de Trabajo, asambleas y mantendrá guardias mínimas.
EN DESARROLLO
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San JuanPolítica & Economía
La Ruta 40 Sur se acerca a su pico de casi 300 puestos de empleo en obra

Tras 8 meses desde que la UTE ingresó, se aceleraron las tareas. Restan alrededor de 20 meses de obra.
La UTE (Unión Transitoria de Empresas) Construcciones Ivica y Antonio Dumandzic SA – Semisa Infraestructura SA está cerca de llegar a ritmo pleno de trabajo en la obra de la Ruta 40 Sur, Autopista San Juan – Mendoza. Así lo confirmó el responsable de obra, Fernando Zakalik. Si bien están haciendo tareas desde hace 8 meses, avanzaron con el movimiento de terrenos y apertura de desvíos. En unas semanas esperan iniciar la construcción de los puentes, una de las partes más compleja de la obra, y pavimentar las colectoras. En esta etapa se acercarán al pico de contratación, que está previsto que sea de entre 250 y 300 personas.
La obra de la Ruta 40, que se frenó durante más de 4 años luego de que la constructora anterior parara los trabajos, corresponde a la Sección 2, que va de Tres Esquinas al Ingreso a Cochagual. El financiamiento proviene en su mayoría del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y un 7% con aportes de Vialidad Nacional. Son 26 kilómetros en total, pero donde el nuevo diseño cambiará radicalmente la circulación: cuenta con puentes elevados para mayor seguridad de las comunidades, calzada más ancha y asfalto preparado para el uso comercial de la ruta.

Los tres puentes son uno de los elementos distintivos del nuevo tramo. Zakalik explicó que están terminando de tramitar los permisos ejecutivos para empezar a hacerlos. Este es el procedimiento normal: iniciaron las obras con la preparación de la zona, movimiento de suelo y obras menores. En el medio deben solicitar permiso particular para construir los puentes, que creen que podrán iniciar en junio. Primero harán el de Cochagual, después el de Colonia Fiscal y por último el de Media Agua. Esto cambiará el tránsito en los tres cruces que son clave para las comunidades.
Poco después esperan iniciar también las tareas de asfaltar las colectoras. El plan que tiene la UTE es mejorar los trazados actuales de las calles que van por el costado de la ruta. Una vez que hayan terminado con la carpeta de estos, el tránsito se mantendrá por ahí para que puedan avanzar con la parte principal. Zakalik dijo que de esta manera pueden garantizar la seguridad de los conductores. La primera parte del asfalto podría hacerse en julio o incluso a finales de junio, explicó el responsable de obra.
Para llegar a este punto, explicó, han trabajado estos meses en ritmo ascendente y agregó que están “dentro de los tiempos y la planificación esperada”. La UTE construyó un obrador, ubicado en calle San Luis, para tener servicios para el personal que trabaja en la obra. También tienen una planta propia de áridos, donde procesan el material que luego utilizan en la construcción de la Ruta 40. Esto, explicó, es el modelo más beneficioso en provincias que tienen las condiciones de materia prima como San Juan, pero no siempre es posible hacerlo si no la constructora no tiene las dimensiones necesarias.
A su vez, también fue creciendo la contratación de personal. Florencia Guzmán, a cargo del diálogo con las comunidades, dijo que alrededor de un 50% de las personas son de zonas cercanas a la obra y un 10% es personal femenino. Esto, explicó, les permite generar un impacto positivo en las cercanías. Está previsto que este modelo continúe mientras siguen ampliando la planilla de contratados, que superarán los 250. Una vez en este punto la obra llegará a su máximo de actividad y según Zakalik, mantendrán el ritmo de trabajo la mayor parte de los 20 meses restantes.
/DC
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