Aseguran que el INV realiza controles innecesarios con sobrecostos.

El plan de ajuste del Estado del gobierno no para. El mismo día confirmó cambios en 7 entes claves de la agroindustria, entre los que está el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), por ” exceso de fiscalización”, además del INTA e INTI, entre otros.

Según lo confirmó el Ministerio de Economía, el INV pasará a ser una “unidad organizativa” dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Aunque mantendrá su nombre, INV.

Actualmente, el Instituto cuenta con una planta de personal de 459 agentes entre su sede central en la vecina provincia de Mendoza y delegaciones en distintos puntos del país. Y un presupuesto anual de $12.120 millones, principal objetivo del ajuste implementado.

“El INV ha desplegado una excesiva actividad fiscalizadora en la cadena productiva, ejerciendo controles redundantes e innecesarios que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones”, señaló el comunicado del Ministerio de Economía.

Esto, para la cartera que dirige Luis Caputo “afecta la competitividad de la industria, en especial de pequeños productores”.

De su degradación el INV se mantiene a salvo sólo la facultad de certificar calidad porque “el proceso es valorado en los mercados de destino”. Pero tendrá carácter de “voluntario”, es decir, podrá proceder a pedido del productor interesado.

Los cambios en INTA e INTI

Ahora el INTA será un ente desconcentrado en la órbita de Agricultura, para “enfocarse en la innovación y la transferencia tecnológica y “dejar de sostener con recursos presupuestarios un organismo orientado al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología”.

También se transformará al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Y como el INV, conservará su nombre como instituto.

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El gobernador Marcelo Orrego expresó su inquietud sobre la gestión de la infraestructura vial de San Juan luego de la disolución de Vialidad Nacional.

La decisión del Gobierno nacional de cerrar Vialidad Nacional ha generado incertidumbre en las provincias, y San Juan no es la excepción. El gobernador Marcelo Orrego manifestó sus dudas sobre cómo impactará esta medida en la gestión y el mantenimiento de las rutas nacionales en la provincia, una preocupación que se suma al ya complejo panorama económico del país.

Consultado por la noticia, Marcelo Orrego reconoció que se enteró por los medios: «La verdad que me estoy enterando por ustedes. Se venía diciendo, pero bueno, todavía no estaba esa consideración ya ejecutada. Ahora sí». Esta declaración subraya la rapidez con la que se están implementando los cambios a nivel nacional y la falta de comunicación previa con las autoridades provinciales.

La disolución de Vialidad Nacional, se formalizará este martes 8 mediante un decreto en el Boletín Oficial, implica que sus funciones, empleados y bienes serán absorbidos por el Ministerio de Economía de la Nación. Esta centralización es lo que genera mayor inquietud en el mandatario sanjuanino. «Es parte de lo ellos quieren que regular el gobierno nacional. Quiero leer un poco más», señaló Orrego, marcando su necesidad de comprender el alcance de la medida.

El gobernador resaltó el peso que ya tiene la cartera económica y la complejidad que podría añadir esta nueva incorporación: «Todo va a pasar a ser parte de lo que es el Ministerio de Economía de la Nación, ya de por sí un ministerio pesado y grande, digamos, porque hay muchas reparticiones que ya han ido ingresando ahí». Esta observación no es menor, ya que un ministerio con tantas responsabilidades podría ver dificultada la atención específica y ágil que requiere la infraestructura vial en las distintas jurisdicciones.

La preocupación de Orrego radica en el «desenlace de cómo se va a proceder en cada una de las jurisdicciones argentinas». La posibilidad de que la gestión de las rutas nacionales en San Juan, hasta ahora bajo la órbita de Vialidad Nacional, quede diluida en una estructura ministerial más amplia, plantea interrogantes sobre la eficiencia y los recursos destinados a esta área crucial para el desarrollo provincial. Las rutas no solo son arterias de conexión, sino también pilares para el transporte de producción y el turismo, actividades fundamentales para la economía sanjuanina.

El cierre de Vialidad Nacional es una de las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei en su plan de reestructuración y reducción del gasto público, que incluye la eliminación de organismos y la revisión de contratos. Si bien la justificación oficial apunta a la eficiencia y el ahorro, para las provincias, el impacto puede ser significativo si no se garantiza una continuidad efectiva en el mantenimiento y desarrollo de la red vial.

/DH

Es la iniciativa que presentó en la Legislatura el diputado ullunero Leopoldo Soler. Los detalles de la normativa que se intenta impulsar.

El jueves pasado tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados un proyecto que propone realizar la caza de jabalíes dado que, según menciona, es una amenaza para animales de granja y especies autóctonas de la provincia. Hace meses surgió la versión que podía habilitarse este tipo de cacería pero luego quedó descartada. 

Ahora, con esta presentación que busca ser ley podría existir un marco legal para proceder a la caza de estos animales. Pero, el interrogante es quiénes podrán cazar y en qué periodo, en caso de aprobarse lo propuesto por el legislador ullunero Leopoldo Soler.

Dentro de los fundamentos que presenta la iniciativa, aseguran que se pretende autorizar la caza debido a los daños ecológicos, económicos y productivos que la especie que no es autóctona de San Juan y, además, representa una alarma tanto para vecinos como para productores Que aseguran que estos animales causan un desequilibrio ambiental. 

Pero el interrogante que se dispara es acerca de quiénes podrán proceder con la caza de los animales en cuestión. Y es uno de los articulados de la presentación la que menciona quiénes serán los encargados de la fiscalización o autoridad de aplicación.

La “caza deberá realizarse bajo estricto control y fiscalización de la autoridad de aplicación, que establecerá anualmente un plan de manejo poblacional, incluyendo las zonas habilitadas”, describe el proyecto de Soler. Y en el artículo siguiente norma que “sólo podrán acceder a los permisos de caza las personas físicas mayores de edad” y estos deberán estar anotados en un “Registro Provincial de Cazadores Autorizados que será creado a tal efecto”.

En caso de aprobarse el proyecto, también se establece el periodo del año en el que se podrá llevar adelante la caza de los animales mencionados. “La caza deberá efectuarse únicamente durante el periodo comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de octubre de cada año, en horarios diurnos, y utilizando exclusivamente armas de fuego habilitadas por la legislación nacional”, describe el artículo 5 de la presentación.

Dentro de esta práctica, lo que quedaría prohibido sería el uso de trampas ilegales, productos tóxicos, métodos de caza crueles “o cualquier otra modalidad que vulnere la Ley Provincial N° 6912 de Protección de la Fauna Silvestre”.

Este proyecto prevé que pueda llevarse adelante la caza pero sin atentar contra la ley que prohíbe la caza general en la provincia, sentada en la Ley Provincial N° 6911, que en uno de sus artículos prevé una excepción que aplica en casos de plagas dañinas.

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