NacionalPolítica & Economía
La AFI puso a disposición de la Justicia 105.000 escuchas almacenadas por el macrismo.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño puso a disposición de la Justicia 105.000 archivos de audio de escuchas resguardados en el organismo y obtenidas durante el macrismo entre 2016 y 2019, en presunta violación de la Ley de Inteligencia.
«Para mí la orden tenía que venir del Presidente (por entonces Mauricio Macri); el objetivo era escuchar online» como parte del «espionaje ilegal», evaluó la funcionaria en declaraciones a la prensa antes de ingresar a los tribunales federales de Retiro.
Caamaño entregó un escrito al actual juez que lleva la causa por «espionaje ilegal» que hasta el año pasado se investigó en Lomas de Zamora, Marcelo Martínez De Giorgi.
En ese escrito al que tuvo acceso Télam, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia advirtió que «puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, de la mano del Director General (de la AFI), Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia».
Esto implicaría una «flagrante contradicción con lo dispuesto por la Ley N° 25.520 y su modificatoria, Ley N° 27.126«, se agregó en relación a la Ley de Inteligencia.
La existencia de esos archivos había sido informada por la AFI a la justicia de Lomas de Zamora pero nunca fueron solicitados, pese a que están preservados y «a entera disposición a efectos de coadyuvar en la presente pesquisa», se explicó ahora a Martínez De Giorgi.
Según detalló en el escrito y explicó la funcionaria a la prensa, esas escuchas se obtuvieron mediante un sistema «punto a punto» que la gestión del macrismo en la AFI implementó con la Dajudeco, el organismo a cargo de las escuchas judiciales que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«Es preciso resaltar que la información que se ordenó resguardar forma parte de un procedimiento gestionado enteramente por las máximas autoridades de este Organismo entre los años 2016 y 2019″, se destacó en el escrito.
A través del entonces Servicio Jurídico de la AFI «se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones».
Posteriormente «diligenciaban la autorización judicial pertinente ante la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco), para finalmente recibir el material a través de un sistema de contenido de audios y transcripciones que funcionaba en un servidor ubicado en el Organismo».
«Dicho sistema implicaba una conexión de enlace tipo punto a punto que conectaba la Dajudeco con la Agencia Federal de Inteligencia», agregó.
Mediante el enlace, «los audios eran enviados directamente al Organismo desde donde el Servicio Jurídico, en principio, procedía a la transcripción de las comunicaciones recibidas y luego se las derivaba al área que se encargaba de su análisis».
La información obtenida «mediante la interceptación telefónica impulsada por la AFI y efectivizada por la Dajudeco era recibida prácticamente en tiempo real, toda vez que las ‘escuchas’ eran transferidas a más tardar al día siguiente de realizadas en un formato de archivo zip’«, explicó.
«En resumen, la Agencia encabezaba la pesquisa ante la autoridad jurisdiccional, impulsaba la interceptación telefónica, trasladaba la orden judicial a la Dajudeco, procedía a la transcripción, procesaba la información y, tanto el audio como la transcripción, se almacenaban, sin gestionar ante la autoridad pertinente el destino final del material almacenado», detalló.
Esto se habría hecho «a pesar de que en muchos casos podría no resultar de interés para las causas de referencia». El sistema implementado se llamó Sidea.
«Creo que la AFI macrista, además de no haber destruido estos 105.000 archivos que se supone que todos tienen un requerimiento judicial, lo que hizo Arribas con una resolución fue más o menos convertirse en juez, él le pedía a la Justicia y la Justicia daba la autorización», refirió Caamaño en sus declaraciones periodísticas.
En la AFI están preservadas «un montón de escuchas que no se destruyeron. Quiero que el juez Martínez De Giorgi sepa eso», agregó.
El 24 de diciembre de 2015, el entonces presidente Macri firmó un decreto por el cual sacó las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General de la Nación y esa tarea quedó encomendada a la Dajudeco.

NacionalPolítica & Economía
Cristina de Kircher: «¿Habrá Códigos Penales y Procesales especiales redactados únicamente para mí?»

La expresidenta denunció nuevas restricciones impuestas por el tribunal que lleva su causa, que limitan sus visitas a un círculo cerrado y exigen autorización previa para cualquier otro contacto. “Se me aplica un régimen que no rige para nadie más”, afirmó.
La expresidenta Cristina de Kirchner volvió a criticar al Poder Judicial y anunció que sus abogados presentaron un recurso para que el tribunal revea los permisos previos de su círculo para poder visitarla. En un mensaje en redes sociales denunció un «régimen de exclusión arbitrario» que restringe su vínculo con el mundo exterior, más allá del núcleo familiar, legal y médico.
“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa”, señaló la exmandataria. Según afirmó, la justicia le impuso un protocolo de visitas que limita el acceso a su domicilio solo a familiares directos, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá presentar previamente una solicitud formal al Tribunal y esperar su autorización.
Cristina calificó el mecanismo como un régimen “violatorio de los más elementales derechos civiles” y subrayó que estas condiciones no se aplican a otros ciudadanos en situaciones similares. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.
En la víspera el tribunal confirmó que puede utilizar el balcón, pero ordenó la colocación de la tobillera electrónica que se concretó durante la tarde.
Además de cuestionar la judicialización de su vida personal, la exvicepresidenta también dejó entrever críticas a la restricción de sus derechos políticos: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”, escribió.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
El desempleo escala al 7,9% en el primer trimestre, el nivel más alto de la era de Javier Milei

El mercado laboral argentino experimentó un aumento en el desempleo durante el primer trimestre de 2025, alcanzando el 7,9%, su nivel más alto en la gestión actual.
El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2025, lo que representa el nivel más alto registrado en la actual administración y desde 2021, período de recuperación pospandemia. Este incremento, aunque modesto en comparación con el 7,7% del mismo período en 2024, se produce a pesar de algunos signos de reactivación económica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al extrapolar esta cifra, se estima que aproximadamente 1.790.000 personas se encuentran desocupadas en el país.
La tasa de actividad (población económicamente activa sobre el total de la población) se situó en 48,2% en el primer trimestre de 2025, mientras que la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas en relación con la población total) alcanzó el 44,4%.
Un aspecto notable de este período es el cambio en la composición del empleo. Según Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, se observó un fuerte crecimiento del empleo por cuenta propia, que pasó del 21,9% al 23,5%, y de los asalariados no registrados, que aumentaron del 35,7% al 36,3% dentro de los trabajadores en relación de dependencia. Esta dinámica contribuyó a que la tasa de informalidad alcanzara el 42% entre enero y marzo de 2025, en comparación con el 40,8% del primer trimestre de 2024.
En cuanto a la tasa de desocupación juvenil (14 a 29 años), se observó un incremento preocupante: en mujeres, pasó del 17,3% al 19,2%, y en varones, del 14,1% al 15,1%. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) se destacó que el desempleo juvenil alcanzó niveles récord, con un incremento de 2,3 puntos porcentuales para esta población en los últimos dos años, mientras que para la población general el aumento fue de 1 punto porcentual.
El Gran Buenos Aires fue la región más afectada, registrando una tasa de desempleo del 9,1%, lo que la sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En contraste, la Patagonia presentó la menor tasa de desempleo, con un 4,9%, aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo del promedio general.
/DH
NacionalPolítica & Economía
La Corte Suprema reactivó la causa «Correo Argentino» tras el fallo contra Cristina Kirchner

El máximo tribunal reanudó la investigación sobre el caso tras confirmar la prisión de 6 años a Cristina Kirchner. Nuevas decisiones incomodan al ex presidente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó recientemente una decisión que reavivó la causa «Correo Argentino». El tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri. Este nuevo giro ocurre tras la reciente confirmación de la condena de 6 años de prisión a otra figura política, Cristina Kirchner.
La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso a los fallos de la Corte. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva el expediente, sino que también impone una sanción económica a los recurrentes, que deberán realizar un depósito bajo apercibimiento de ejecución.
Se investigan distintas irregularidades relacionadas con un acuerdo entre el Estado Nacional y una empresa controlada por el ex presidente Mauricio Macri, concerniente a la deuda de Correo Argentino S.A.. La Corte desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)».
Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., junto a Jaime Kleidermacher, su abogado, estaban siendo investigados desde 2017 por el juez federal Ariel Lijo. Ambos intentaron recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando «temor de parcialidad». La defensa argumentó que ambos jueces manifestaron una “enemistad” hacia Mauricio Macri y, en consecuencia, hacia ellos, sugiriendo que la causa tenía un contenido político destinado a “destruir” la imagen del ex mandatario.
Imparcialidad cuestionada
Los directivos de Correo Argentino S.A., que es gestionada por SOCMA, la empresa familiar de los Macri, expresaron dudas sobre la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno anterior. Además, se argumentó que Boico, antes de asumir como juez, había defendido a diferentes funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificaron la decisión de rechazo a la recusación interpuesta. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, destacó que «la defensa no logró substanciar objetivamente el temor de parcialidad» en este contexto particular.
Desenlace del recurso
El reclamo llegó a la Corte a través de un recurso de queja, donde se dictó una resolución clara: « Se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución«.
En esta causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, se indagan a otros involucrados, como el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Todos están acusados en relación a un acuerdo de 2016 por el cual el Estado decidió licuar el 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A. La fiscal Gabriela Boquin alertó sobre esta maniobra, calificándola como «ruinosa» y «abusiva», lo que logró detener la implementación del pacto.
Con esta decisión, la Corte confirmó la continuidad de la investigación, manteniendo bajo la lupa judicial a los directivos de Correo Argentino y, por ende, al Grupo Macri en esta compleja causa.
/m1
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