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NacionalPolítica & Economía 

Justicia: Ampliaron la denuncia por lavado de activos durante la gestión de María Eugenia Vidal.

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La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, amplió ante la justicia una denuncia contra el exInterventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla, durante el Gobierno de Cambiemos, en el marco de una causa por «malversación de fondos y lavado de activos» por 95 millones de dólares en perjuicio de la administración publica.

La diputada provincial acompañó la ampliación de la denuncia por presunto «lavado de activos» con un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por «una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos».

González indicó que, en el marco de la denuncia original, los ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la administración pública por 95 millones de dólares dejan en «evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand junto a integrantes del Ministerio Público y la Procuración General» a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.

En la denuncia original a la que accedió Télam, que tramita el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, se encuentran denunciados el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En las ultimas horas, la diputada provincial del Frente de Todos aportó nueva documentación a la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata.

En diálogo con Télam, informó que fueron presentadas las pruebas sobre la denuncia por «lavado de activos» contra el interventor de Astillero durante el gobierno de Vidal, y acompañó su testimonio con el pedido de informes presentado en la Legislatura bonaerense.

Según informó, oportunamente fue solicitado al Departamento Ejecutivo, que a través del Ministerio de Justicia informe y acompañe la declaración jurada del funcionario tras darse a conocer el comprobante de transferencia bancaria del Banco Ciudad en el que figura el CUIT, el número de cuenta en la que se realizó la transferencia, y un monto total de $1.000.000.066,65, todo ello «en el marco de las políticas en materia de erradicación de prácticas corruptas en la gestión de gobierno».

De esta manera, la legisladora señaló que «oportunamente conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión» por lo que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades».

Sin embargo, señaló que el pedido de informes fue «cajoneado» sin ningún tipo de tratamiento y «perdió estado parlamentario lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento» de la presunta maniobra fraudulenta.

En tanto, recordó que la gobernadora María Eugenia Vidal «lejos de atender políticas públicas para promover la reactivación del trabajo» y la gestión del exinterventor del Astillero con «la ausencia de provisión de insumos, despidos y compra de embarcaciones en el extranjero» -según denunciaron los trabajadores- inició «evidentes maniobras persecutorias».

Según González, «utilizaron una maniobra clara y manifiesta de intencionalidad persecutoria» y coordinada para que la misma «recayera» en la UFI 16 a cargo del Agente Fiscal Condomí Alcorta «UFI creada para él como premio por su aplicada obediencia y uno de los brazos ejecutores de la persecución del Procurador Julio Conte Grand».

«En conclusión, no se investigó el origen de la malversación por U$S 95 millones que forman parte de la denuncia original, con prueba en las distintas pericias solicitadas» por el mismo agente fiscal, dijo González, quien reiteró que la cuantía del monto habilita el pedido de investigación sobre éste hecho y que la prueba indicada estaría vinculada a las maniobras delictuales.

En estas circunstancias, «se redireccionó la denuncia y se decidió incriminar a los dirigentes de ATE sin pruebas de respaldo» concluyó la Legisladora provincial.

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Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

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Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».

Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.

En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.

Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner 

El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».

/Ed

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El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

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El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.

A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.

Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.

Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.

Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.

Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.

Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.

/ámbito

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Milei celebró estar del «lado correcto de la historia» tras el ataque de EE.UU a Irán

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El Presidente compartió el posteo del ministro de Defensa, Luis Petri, tras la escalada en el conflicto de Medio Oriente.

El presidente Javier Milei rápidamente se hizo eco del ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. A través de sus redes sociales, el mandatario se encargó de repostear apoyos al accionar del país norteamericano y celebró que Argentina «esté del lado correcto de la Historia».

/Ed

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