NacionalPolítica & Economía
Jujuy: 90% de adhesión al paro de médicos contra el bono

e creó el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública y la senadora nacional Carolina Moisés presentó un amparo preventivo para que se suspenda la aplicación y se declare su inconstitucionalidad.
La resistencia al Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) sigue creciendo en Jujuy. El bono de 50 mil pesos mensuales que el gobierno provincial quiere cobrar a las personas sin cobertura médica genera un amplio rechazo: hubo un paro de actividades de médicos y diversas organizaciones crearon un Foro en defensa de la salud pública. Además, se presentó un amparo preventivo para frenar la aplicación del bono y le pidieron al gobernador Carlos Sadir que vete la ley.
La Seccional Jujuy de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), que nuclea a profesionales de la salud del sector estatal y privado a nivel nacional, llevó a cabo ayer el primer día de un paro de actividades de 48 horas en hospitales de Jujuy. El seguro de salud implica la “privatización del sistema de salud”, advirtió este gremio.
El gremio denunció que “el SEPROSA se aprobó sin tratamiento formal en la Comisión de Salud y no fue anunciado por ningún medio público, sin un debate transparente y participativo». Rubén Camaño, secretario general de AMRA Jujuy, informó a Página/12 que ayer hubo un «alto acatamiento del paro», con un porcentaje superior al 90% y anticipó que hoy habrá una adhesión similar. «(Esto) demuestra el malestar en los colegas», aseguró. También adelantó que si no hay respuesta, se profundizará la medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales y en rechazo al SEPROSA.
Desde hace meses la AMRA viene denunciando persecución laboral y salarios por debajo de la línea de la pobreza: “nos desempeñamos en ambientes donde la persecución laboral por parte del Ministerio de Salud es moneda corriente y se desfinancian los hospitales con la intención de favorecer al sector privado”, aseguró el gremio. Tambien denunció el desmantelamiento del sistema de salud pública.
El pasado 8 de diciembre, con votos de la UCR y el PJ y en un trámite exprés, la Legislatura jujeña aprobó la Ley N° 6453, que crea el SEPROSA, por el que se impone un cobro obligatorio a quienes no tienen obra social y necesitan atenderse en un hospital público. «Esto implica un arancelamiento de la salud y el fin de la atención gratuita, afectando a más de 280.000 jujeños, la mitad de la población económicamente activa de la provincia”, sostuvo la AMRA.
El gremio también advirtió que la incorporación al SEPROSA “será de manera compulsiva y obligatoria” y tendrá un valor de cinco consultas médicas, equivalente a un monto de alrededor de $50 mil mensuales para quienes demuestren «capacidad de pago«, según informó el Ministerio de Salud de Jujuy. “Este es un verdadero ultraje sin precedentes al pueblo jujeño, que se carga día a día de más deudas y hace difícil tener un plato de comida digno”, planteó la AMRA Jujuy.
Por otro lado, este jueves se constituyó el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública, integrado por sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos y sectores políticos. Se acordó un documento que se presentará hoy ante el gobierno, cuando también pedirán el veto de la ley 6453.
El Foro reseñó que el seguro de salud «se enmarca en el Plan Estratégico de Salud que el ministro de Salud Gustavo Bouhid comenzó a implementar en la provincia en el año 2017 durante la Gestión de Gerardo Morales». Denunció que ese plan privatizador «implicó en una primera etapa la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamientode la atención primaria de la salud, la tercerizaciónde servicios con empresas privadas, laprecarización y los bajos salarios de los y las trabajadoras del sector, profundizando la crisis de recursos humanos en esta área, para luego avanzar con el arancelamiento de la salud pública».
El Foro también afirma en el documento que se entregará hoy en la Gobernación que «los principales beneficiados del SEPROSA son los dueños de la salud privada en Jujuy», entre los que nombró al ministro Bouhid, «dueño de la principal empresa de diagnóstico por imágenes de la provincia»; al diputado provincial justicialista Rubén Rivarola, «dueño de las dos clínicas privadas más grandes de Jujuy», y al diputado nacional por La Libertad Avanza Manuel Quintar, «dueño de otra importante clínica privada».
Añadió que este plan se encuadra en las recetas del Banco Mundial, que en el documento Invertir en Salud, de 1993, «desplaza la estrategia de atención primaria de la salud por el sistema de seguro para los ‘países en desarrollo'». En este marco, recordó que la primera avanzada fue el decreto 582 de Carlos Menem con el arancelamiento de la salud y la instrumentación de los hospitales de autogestión. Y en 2016 Mauricio Macri aprobó la Cobertura Universal de Salud para todo el país, a través del decreto 908, que comenzó a aplicarse en Mendoza y en Jujuy «introduciendo así el sistema de seguros en salud pública».
En otra acción contra el seguro de salud, la senadora nacional Carolina Moisés (Unión por la Patria) presentó un recurso de amparo y solicitó formalmente al gobernador Sadir que vete la ley 6.453. “La salud no es un privilegio, es un derecho. Esta ley pone barreras económicas que condenan a miles de jujeños a la incertidumbre y al abandono sanitario”, sostuvo la legisladora. El recurso de amparo solicita la suspensión inmediata de la aplicación de esta ley y su declaración de inconstitucionalidad.
/P12

NacionalPolítica & Economía
Cristina de Kircher: «¿Habrá Códigos Penales y Procesales especiales redactados únicamente para mí?»

La expresidenta denunció nuevas restricciones impuestas por el tribunal que lleva su causa, que limitan sus visitas a un círculo cerrado y exigen autorización previa para cualquier otro contacto. “Se me aplica un régimen que no rige para nadie más”, afirmó.
La expresidenta Cristina de Kirchner volvió a criticar al Poder Judicial y anunció que sus abogados presentaron un recurso para que el tribunal revea los permisos previos de su círculo para poder visitarla. En un mensaje en redes sociales denunció un «régimen de exclusión arbitrario» que restringe su vínculo con el mundo exterior, más allá del núcleo familiar, legal y médico.
“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa”, señaló la exmandataria. Según afirmó, la justicia le impuso un protocolo de visitas que limita el acceso a su domicilio solo a familiares directos, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá presentar previamente una solicitud formal al Tribunal y esperar su autorización.
Cristina calificó el mecanismo como un régimen “violatorio de los más elementales derechos civiles” y subrayó que estas condiciones no se aplican a otros ciudadanos en situaciones similares. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.
En la víspera el tribunal confirmó que puede utilizar el balcón, pero ordenó la colocación de la tobillera electrónica que se concretó durante la tarde.
Además de cuestionar la judicialización de su vida personal, la exvicepresidenta también dejó entrever críticas a la restricción de sus derechos políticos: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”, escribió.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
El desempleo escala al 7,9% en el primer trimestre, el nivel más alto de la era de Javier Milei

El mercado laboral argentino experimentó un aumento en el desempleo durante el primer trimestre de 2025, alcanzando el 7,9%, su nivel más alto en la gestión actual.
El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2025, lo que representa el nivel más alto registrado en la actual administración y desde 2021, período de recuperación pospandemia. Este incremento, aunque modesto en comparación con el 7,7% del mismo período en 2024, se produce a pesar de algunos signos de reactivación económica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al extrapolar esta cifra, se estima que aproximadamente 1.790.000 personas se encuentran desocupadas en el país.
La tasa de actividad (población económicamente activa sobre el total de la población) se situó en 48,2% en el primer trimestre de 2025, mientras que la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas en relación con la población total) alcanzó el 44,4%.
Un aspecto notable de este período es el cambio en la composición del empleo. Según Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, se observó un fuerte crecimiento del empleo por cuenta propia, que pasó del 21,9% al 23,5%, y de los asalariados no registrados, que aumentaron del 35,7% al 36,3% dentro de los trabajadores en relación de dependencia. Esta dinámica contribuyó a que la tasa de informalidad alcanzara el 42% entre enero y marzo de 2025, en comparación con el 40,8% del primer trimestre de 2024.
En cuanto a la tasa de desocupación juvenil (14 a 29 años), se observó un incremento preocupante: en mujeres, pasó del 17,3% al 19,2%, y en varones, del 14,1% al 15,1%. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) se destacó que el desempleo juvenil alcanzó niveles récord, con un incremento de 2,3 puntos porcentuales para esta población en los últimos dos años, mientras que para la población general el aumento fue de 1 punto porcentual.
El Gran Buenos Aires fue la región más afectada, registrando una tasa de desempleo del 9,1%, lo que la sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En contraste, la Patagonia presentó la menor tasa de desempleo, con un 4,9%, aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo del promedio general.
/DH
NacionalPolítica & Economía
La Corte Suprema reactivó la causa «Correo Argentino» tras el fallo contra Cristina Kirchner

El máximo tribunal reanudó la investigación sobre el caso tras confirmar la prisión de 6 años a Cristina Kirchner. Nuevas decisiones incomodan al ex presidente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó recientemente una decisión que reavivó la causa «Correo Argentino». El tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri. Este nuevo giro ocurre tras la reciente confirmación de la condena de 6 años de prisión a otra figura política, Cristina Kirchner.
La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso a los fallos de la Corte. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva el expediente, sino que también impone una sanción económica a los recurrentes, que deberán realizar un depósito bajo apercibimiento de ejecución.
Se investigan distintas irregularidades relacionadas con un acuerdo entre el Estado Nacional y una empresa controlada por el ex presidente Mauricio Macri, concerniente a la deuda de Correo Argentino S.A.. La Corte desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)».
Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., junto a Jaime Kleidermacher, su abogado, estaban siendo investigados desde 2017 por el juez federal Ariel Lijo. Ambos intentaron recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando «temor de parcialidad». La defensa argumentó que ambos jueces manifestaron una “enemistad” hacia Mauricio Macri y, en consecuencia, hacia ellos, sugiriendo que la causa tenía un contenido político destinado a “destruir” la imagen del ex mandatario.
Imparcialidad cuestionada
Los directivos de Correo Argentino S.A., que es gestionada por SOCMA, la empresa familiar de los Macri, expresaron dudas sobre la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno anterior. Además, se argumentó que Boico, antes de asumir como juez, había defendido a diferentes funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificaron la decisión de rechazo a la recusación interpuesta. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, destacó que «la defensa no logró substanciar objetivamente el temor de parcialidad» en este contexto particular.
Desenlace del recurso
El reclamo llegó a la Corte a través de un recurso de queja, donde se dictó una resolución clara: « Se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución«.
En esta causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, se indagan a otros involucrados, como el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Todos están acusados en relación a un acuerdo de 2016 por el cual el Estado decidió licuar el 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A. La fiscal Gabriela Boquin alertó sobre esta maniobra, calificándola como «ruinosa» y «abusiva», lo que logró detener la implementación del pacto.
Con esta decisión, la Corte confirmó la continuidad de la investigación, manteniendo bajo la lupa judicial a los directivos de Correo Argentino y, por ende, al Grupo Macri en esta compleja causa.
/m1
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