El juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea avanza con nuevos alegatos de la defensa, que cuestiona la validez de las acusaciones.

Este martes, el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea tuvo un capítulo más en su tramo final, con la continuidad de los alegatos por parte de la defensa oficial encabezada por Esteban Chervin. El letrado desempolvó la denominada “causa económica”, que tuvo acusaciones cruzadas entre la querella y los acusados por desmanejo de fondos de la mutual de la UNSJ, en la que las partes terminaron sobresidas.

La teoría del defensor va en línea con lo sostenido durante el proceso, en el cual el ingeniero habría desaparecido de forma voluntaria. Sobre 7 de los acusados, Luis Moyano, Eduardo Oro, Miguel Del Castillo, Luis Alonso y Carlos Flores, así como dos exjefes policiales, pesa un pedido de prisión perpetua.

El proceso judicial por estafa realizado por Raúl Tellechea se llevó a cabo con motivo de la denuncia radicada por Miguel Del Castillo, acompañado por el Dr. Videla, en la sección de defraudaciones y estafas de la policía de San Juan en septiembre de 2004.

“La desaparición forzada no existió, es una conjetura, en vista de lo que llama la negación original de los hechos perpetrados por Tellechea“, dijo el defensor Esteban Chervin ante el Tribunal Oral Federal. Según señaló, esto “motivó la afirmación de fraude presuntamente oculto por parte de los exdirectivos de la mutual, de la que solo tenía conocimiento Tellechea, no sabemos cuáles”.

Señaló que la única documentación que se verificaba en las planillas con firma adulterada era hasta diciembre de 2003, “la sustitución del monto en el que estaba incluida en la orden verdadera, la transferencia dirigida por Raúl Tellechea”, advirtió.

En este sentido, Chervin remarcó que Tellechea, quien tenía una relación contractual diferente, llevaba un registro paralelo en el que se incluía a sí mismo para recibir beneficios como aguinaldo, pese a que no le correspondían por esta situación. “En las notas y planillas que efectivamente recibió el banco Credicoop, con firma de las autoridades de la mutual adulterada, Tellechea estaba incluido con una suma de $1200, luego se incrementaron a $1500 y hasta el último mes, que correspondía al mes de julio de 2004, se acreditaba a la cuenta de Tellechea un monto de $2000”, dijo el expositor. Y agregó: “Es el mismo monto que le solicitó a Silva en préstamo a comienzos de septiembre de 2004, cuando ya las autoridades de la mutual habían logrado evitar la continuidad de la maniobra que Tellechea había perpetrado durante tanto tiempo”.

Por otro lado, la denuncia que se había realizado contra los dirigentes de la mutual fue radicada ante el primer juzgado de instrucción el 20 de diciembre de 2004, luego de 2 meses de la denuncia contra el ingeniero. Las denunciantes habían sido, una de ellas cuñada de Tellechea, María Eugenia Toro, y dos amigas, Margarita Camus y María Guillermina Cesco. También suscribió una persona de maestranza, Ana Rodríguez, quien “en este juicio no recordaba haber presentado denuncia alguna contra los directivos de la mutual y tampoco recordaba tener alguna sospecha para denunciar”. Acusó la relación: “La letrada que asesoró a las denunciantes, Inés Cantoni, había sido asesora de la familia de Tellechea en el diseño de la estrategia contra los integrantes de la mutual”.

El proceso contra Tellechea tuvo un sobreseimiento parcial en septiembre de 2007, mientras que para los exdirectivos de la mutual tuvo un sobreseimiento total en febrero de 2010.

Recordó declaraciones del abogado Fernando Castro, a quien el Juez Leopoldo Zaballa Pringles le habría comentado que había sobreseído a Tellechea con el fin de que, liberado de la causa en su contra, “pudiera aparecer”. “Eso nos permite llegar a dos conclusiones parciales: la primera, que Tellechea no debió haber sido sobreseído y que su sobreseimiento se basó en una afirmación de hechos falsos”, dijo y lanzó: “Todos sabemos cómo se llama una decisión judicial tomada en esos términos”.

La otra conclusión que manifestó es que Zaballa Pringles consideraba que no había elementos para considerar que Tellechea hubiera sido víctima de ninguna privación de la libertad. “Para desvincularlo parcialmente, Zaballa Pringles omitió valorar que Tellechea era quien elaboraba las notas y planillas de la liquidación de sueldos y de sus honorarios”, expresó.

Luego hizo referencia a que desde la fiscalía y la querella, alegaron que la situación financiera de la mutual era consecuencia de la crisis económica de 2001. Sin embargo, advirtió que esta situación estaba revertida al momento de la desaparición, ya que habían descendido abruptamente las notificaciones de cheques sin fondo para el año 2003.

Finalmente, advirtió por un posible desconocimiento arbitrario por parte de la querella y de la fiscalía, que habían señalado que el delito económico es de acción pública y no se podía hacer un arreglo para devolver el dinero y se debía denunciar. “Así se engañó a la sociedad sanjuanina, se circunscribe a funcionarios que, en función del ejercicio público, nada más lejos de la situación de la mutual. En base a esto construyeron la causa“, cerró

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