La suspensión de prestaciones médicas, la falta de medicamentos y las deudas con prestadores dejaron a miles de efectivos, retirados y pensionados sin atención en la provincia. Afiliados de Iosfa denuncian abandono y reclaman respuestas al Gobierno nacional.
La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) golpea con fuerza en San Juan y mantiene en vilo a miles de afiliados que hoy no tienen acceso a prestaciones médicas básicas. Mientras en distintas provincias se multiplican las movilizaciones, en la provincia el malestar crece por la falta de respuestas y la incertidumbre sobre la continuidad del servicio.
En San Juan, más de 7.000 personas —entre personal activo, retirado y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad— dependen de la obra social. Sin embargo, la cobertura está prácticamente paralizada: las farmacias no entregan medicamentos y los prestadores privados suspendieron la atención por falta de pago. “Yo tengo que tomar calcio de por vida porque estoy operado de cáncer de tiroides, y la farmacia del Iosfa no me da la medicación. Lo tengo que comprar, y me sale entre $40.000 y $50.000. Imaginate lo que pasa con los tratamientos oncológicos”, contó a Diario Huarpe el Suboficial Retirado de la Armada Argentina y Presidente de Acsuj (Asociación Civil Suboficiales Unidos de San Juan), por IOSFA, Marcelo Pereyra.
La situación local refleja una crisis que se extiende a todo el país. Desde agosto, las deudas acumuladas con prestadores médicos superan los $250.000 millones, con un incremento mensual estimado en $29.000 millones. A pesar de las advertencias y reclamos formales al Ministerio de Defensa y a las autoridades del Iosfa, los afiliados aseguran que no han recibido ninguna respuesta. “Hemos presentado notas al presidente del Iosfa y al ministro Petri, pero no hubo contestación. Nadie explica qué está pasando ni cómo se va a resolver”, señaló el representante sanjuanino.
El origen del problema se remonta a 2013, cuando por decreto del gobierno nacional se unificaron las obras sociales de las tres Fuerzas Armadas y las dos Fuerzas de Seguridad Federales. Hasta entonces, cada una administraba su propio sistema de salud, adaptado a las particularidades de su labor. Con la fusión, la administración pasó a depender de dos ministerios distintos —Defensa y Seguridad— y de un presupuesto unificado. “La idea fue buena, pero se ejecutó mal. Las direcciones son diferentes, los fondos también, y eso generó un desequilibrio que nunca se corrigió”, explicó.
El resultado es un sistema colapsado que dejó sin cobertura a miles de beneficiarios en todo el país. En San Juan, muchos afiliados han debido pagar de su bolsillo intervenciones quirúrgicas o tratamientos costosos. “Tengo un amigo que debía operarse y le pidieron un depósito de $3.000.000. No puede ser que un jubilado o un paciente con cáncer tenga que pasar por eso”, expresó con indignación.
Otro punto de conflicto es la falta de representación de los suboficiales en la conducción del instituto. Según el testimonio, cuando se creó el Iosfa el decreto preveía que cada fuerza designara un integrante para su directorio, pero la mayoría de los cargos quedaron en manos de oficiales superiores. “Nosotros somos la mayoría, pero no tenemos voz. Y eso hace que las decisiones se tomen sin conocer las verdaderas necesidades de quienes están en el día a día”, afirmó.
Actualmente, el déficit financiero del Iosfa es tal que las clínicas y hospitales dejaron de facturar o rechazan la atención a nuevos pacientes. Las consecuencias son graves: cirugías suspendidas, tratamientos interrumpidos y medicación que no llega. “Hay gente que abandonó terapias porque no puede pagarlas. Es un drama humano que crece todos los días”, resumió el representante.
Pese a la gravedad de la crisis, en San Juan no se realizaron movilizaciones como en otras provincias. Según explicó, la decisión fue “no echar más leña al fuego” ante el conflicto con la jefatura local de la delegación, y optar por visibilizar el reclamo a través de los medios de comunicación. “La gente de la delegación también está sufriendo lo mismo. No pueden hacer nada, mandan los reclamos a Buenos Aires y ahí mueren. No hay respuestas”, lamentó.
La obra social, que cubre a más de 550.000 personas en todo el país, es la tercera más grande de la Argentina. Pero su situación actual la ubica al borde del colapso. En palabras del entrevistado, la salida no requiere medidas extremas sino voluntad política: “Esto tiene solución, pero hay que sentarse, barajar y repartir de nuevo. No puede ser que la gente se muera esperando una respuesta”.
/DH
