NacionalPolítica & Economía
Intervienen la fundación que Patricia Bullrich usaba para financiar su campaña.

La medida sobre el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil regirá durante 180 días hábiles. Además de irregularidades contables, detectaron “un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político».
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso este miércoles la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), con sede social en la ciudad de Buenos Aires y presidido por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, por irregularidades contables, entre otras cuestiones.
Según se precisó en un comunicado, mediante la Resolución 742/2023, se «busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar«.
En ese marco, Soria dispuso la intervención de la asociación civil en los términos del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315.
La medida dispuesta generó un duro cruce entre Soria y Bullrich a través de la red social Twitter.
«Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía», escribió la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) en su cuenta oficial de Twitter:
Y agregó: «Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo».
De inmediato, Soria le contestó por la misma red social: «La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!».
La intervención -que fue solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen– se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, en la cual se determinó que desde el instituto que preside Bullrich «se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar».
Las actuaciones sumariales realizadas determinaron que -bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES- «se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata», se indicó en el comunicado.
También se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un «crecimiento exponencial» de los ingresos y egresos del instituto, «pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos».
En ese sentido, se explicó que el incremento de los ingresos es «coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad«.
El sumario que fue instruido por la Inspección General de Justicia incluyó «visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, el Cronista y Página/12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES».
La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta luego que la resolución recaída en la Causa «Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias» (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, ha adquirido firmeza.
Por último, la IGJ determinó que la «utilización estructural y financiera» del IEES para la campaña política nacional de Bullrich «no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles», sino que también podría «implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos».
«La Ley 22.315 establece en su artículo 10 inciso J, que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros», recordaron.
La Inspección General de Justicia es el organismo encargado de verificar la legalidad de los objetos sociales de las asociaciones civiles, autorizar su funcionamiento y realizar el control permanente de dichas entidades para evitar la indebida utilización de la persona jurídica registrada.
SORIA: «ARMAN SOCIEDADES DE MENTIRITA PARA ENCUBRIR SUS OBJETIVOS POLÍTICOS»
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, aseguró que se demostraron «un cúmulo de irregularidades tremendas» en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) que presidía la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y realizó duras criticas a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una «muestra más de la impunidad» con la que se manejan.
«Es una muestra mas de la impunidad con la que se maneja esa gente y sus dirigentes. Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores», criticó Soria en declaraciones a radio 10.
El ministro aseguró que «se demostró en esta investigación un cúmulo de irregularidades tremendas» en el funcionamiento de esta asociación civil donde «se estructuró todo un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar en un todo o en parte acciones de proselitismo político».
«Armaban seminarios y charlas para estudiar supuestamente temas de seguridad o el fortalecimientos de la justicia, pero en realidad hacían almuerzos y cenas para recaudar fondos para la campaña de Patricia Bullrich. Algo totalmente prohibido para una asociación civil sin fines de lucro», describió Soria.
Además, dijo que se «registro un enriquecimiento exponencial de los ingresos y egresos del instituto» donde pasaron «en tan solo meses de no tener fondos para los gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos».
«A los republicanos les encanta hacer política con plata en negro. No hablemos del (diputado José Luis) Espert a quien alguna vez (el auditor general de la Nación, Miguel Ángel) Pichetto lo denunció por utilizar aviones de personas que estaban investigadas por narcotráfico. Hoy integran prácticamente el mismo espacio. Siempre a estos fachos les gustan estas cosas», fustigó.
También sostuvo que en la organización civil «figuran pagos de facturas telefónicas que están vinculadas a líneas registradas bajo el partido Unión por la Libertad» y pagos a consultores políticos e integrante del equipo de Bullrich como el diputado nacional Gerardo Millman.
«Era la cueva desde donde apretaban gente cuando fueron sorprendidos Millman y compañía», sostuvo en referencia a las asesoras del diputado que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando Millman se habría referido al intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dos días antes de que ocurriera.
Soria agregó que en la investigación, la IGJ también detectó «el pago de un viaje con fondos de este instituto por mas de 1.700.000 pesos» a una empresa de turismo desde donde Bullrich viajó al exterior para lanzar su candidatura y que «debían todos los estados contables desde el año 2019», entre otras irregularidades.
@Télam.
/Imagen principal: Archivo/

NacionalPolítica & Economía
El Gobierno anunció que dejará de cobrar aranceles para la importación de celulares

La medida será publicada próximamente en el Boletín Oficial. La reducción arancelaria se realizará en dos partes.
El vocero presidencial Manuel Adornianunció este martes en conferencia de prensa que el Gobierno planea eliminar los aranceles de importación para teléfonos celulares inteligentes. Según precisó el también candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), la medida se oficializará a través de un decreto que será publicado «próximamente» en el Boletín Oficial. De todas maneras, la medida entraría en vigencia por completo recién el año que viene.
“A partir de un decreto que se va a publicar llegando al cierre de la semana, seguramente entre jueves o viernes, el Gobierno Nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16%, y van a pasar a ser del 0%”, anunció el funcionario.
En medio de la carrera electoral legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, el titular de la lista de La Libertad Avanza explicó que la medida se instrumentará en dos etapas: la primera parte entrará en vigencia de inmediato con la publicación del decreto, y se reducirá el arancel vigente del 16% al 8%; la segunda etapa se implementará el 15 de enero de 2026, fecha a partir de la cual el arancel pasará a 0% de manera definitiva.
«Adicionalmente, se van a bajar los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados, del 19 al 9,5%; y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%», indicó el vocero.
Para justificar esta medida, Adorni dibujó los precios actuales de ciertos bienes y los comparó con países de la región y del mundo. «Un celular de alta gama cuesta en Argentina 2.566 dólares; en Madrid, 1290 dólares; en Santiago de Chile, 1.147 dóalres; en Londres, 1143 dólares; y en Nueva York, 1.011 dólares. Mientras tanto, una computadora cuesta en Argentina 1.931 dólares, cuando cruzando la Cordillera cuesta la misma computadora 966 dólares», indicó.
«Con el total de esta baja impositiva se estima que los precios de los productos electrónicos importados van a bajar alrededor de un 30% como mínimo, lo que va a equiparar a la Argentina con el resto de los países vecinos», aseveró. Planteó además que ese mismo escenario ocurriría con «los productos provenientes de Tierra del Fuego».
«Esto además de bajar fuertemente los precios de los productos electrónicos, va a reducir el contrabando y el robo de celulares. Esto ya sucedió con el robo de autos y neumáticos, gracias a la reducción de impuestos y de la desregulación de autopartes», prometió.
/P12
NacionalPolítica & Economía
El Gobierno le respondió a Mauricio Macri por la guerra con Javier Milei: «Está exaltado y nervioso»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, arremetió contra el expresidente, aunque aseguró que no descarta negociar con el PRO en la provincia de Buenos Aires.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la actitud del expresidente Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas porteñas y lo acusó de estar «un poco exaltado» y «nervioso», aunque no descartó negociar con el PRO en la provincia de Buenos Aires.
En una entrevista radial, el funcionario asegueró: «Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral, donde el presidente Macri tal vez un poco exaltado y nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, desde hace muchos años, y debe parecer que lo pierde».
En ese sentido, Francos se refirió a Ficha Limpia, uno de los principales focos de enfrentamiento entre el Gobierno y el PRO: «No sé por qué se pone tan nervioso, ha perdido un poco la compostura en sus cuestionamientos. Finalmente, han hecho campaña como hemos planteado alrededor del tema de Ficha Limpia si salía y ahora que no salió».
«No creo que merezca más comentarios que esto. Tanto él como la diputada (Silvia) Lospennato han montado una campaña alrededor de este tema«, aseveró, al tiempo que expresó: «Echarle la culpa al presidente Milei del tratamiento de Ficha Limpia es absurdo y no tiene sentido. El Presidente no tuvo nada que ver».
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Guerra judicial que involucra a la principal cooperativa de vinos de Argentina: otra denuncia por falsificación de balance y fraude

Es la tercera presentación consecutiva contra directivos de FECOVITA por los balances de los años 2021, 2022 y 2023. Además, hay una causa por estafa de más de 30 millones de dólares.
Los directivos de FECOVITA Rubén Panella (presidente), Marcelo Federici (secretario), Gustavo Arangüena (tesorero) y los síndicos Eugenio Portera, Roberto Vázquez e Hilda W. de Vaieretti, fueron denunciados nuevamente ante la Justicia Penal de Mendoza por presunta falsificación reiterada de balances contables y maniobras destinadas a ocultar deudas millonarias. El denunciante es Juan José Retamero, titular de la compañía española Iberte, con la que los argentinos se asociaron para comercializar vinos en el Viejo Continente, bajo la figura de la firma Evisa. Además, entre estas partes hay un reclamo por más de 30 millones de dólares por una presunta estafa.
Según información proporcionada por una de las partes en conflicto, esta es la tercera denuncia consecutiva de IBERTE y EVISA contra los mismos directivos, quienes ya están imputados en dos causas previas por hechos similares relacionados con los balances correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Los denunciantes aseguran que se habría ocultado o tergiversado información relevante, especialmente la existencia de un acuerdo firmado en octubre de 2022 mediante el cual FECOVITA reconocía una deuda con EVISA por más de 3.500 millones de pesos y una obligación adicional de compra de acciones de Iberte por casi 27 millones de dólares.
Los empresarios dicen que FECOVITA utilizó maniobras contables para disimular sus pasivos. En 2021, por ejemplo, se revaluó un inmueble en más de 6.300 millones de pesos como «resultado operativo», pese a tratarse de un simple ajuste técnico. En 2022, se habría omitido informar el acuerdo clave de finalización de relaciones con EVISA e Iberte. Y en 2023, se eliminó directamente la deuda reconocida, alegando un cumplimiento parcial del acuerdo con cheques que, según pruebas aportadas, correspondían a acuerdos anteriores.
“La novedad en el balance 2024, radica en una nueva justificación falsa: esta vez se argumenta que la deuda fue saldada parcialmente con entrega de mosto y tres cheques, pero documentación y declaraciones oficiales indican que esos pagos también pertenecen a compromisos previos al acuerdo de octubre de 2022. Un informe técnico independiente firmado por el contador José Escandell ratifica esta versión y tilda el argumento contable de ´engaño total´”, asegura el abogado Carlos Aguinaga, representante legal de IBERTE y EVISA.
Además de la supuesta manipulación de estados contables, la denuncia advierte que FECOVITA ha utilizado estos balances para acceder a financiamiento bancario, en especial a partir de abril de 2024 tras la aprobación del balance 2023. “En la práctica, esto habría permitido a la federación presentar un panorama económico más sólido de lo real, incrementando su endeudamiento con garantías hipotecarias que afectan el patrimonio de las 29 cooperativas integrantes y, por ende, a miles de productores vitivinícolas”, explica Aguinaga.
Detalle de las supuestas irregularidades detectadas en el balance 2024
– Alteraciones deliberadas y fraudulentas en la información contable, específicamente en relación con el conflicto con Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA) e IBERTE.
– Violación flagrante del marco legal cooperativo, al superar el 25% de operaciones con terceros establecido por la Ley 20.337.
– Desvío patrimonial y administración fraudulenta, evidenciado por una disminución del 35% del Activo Total en un solo ejercicio y una restructuración de pasivos que compromete la sostenibilidad de la Federación.
En el caso de la presunta estafa, la pesquisa de la Justicia mendocina se centra en determinar si los acusados realizaron un desvío a cuentas propias de más de 3100 millones de pesos en capital que fueron invertidos por la empresa española, en sociedad con Fecovita, bajo la figura de la sociedad Evisa. Las denuncias comenzaron en 2022 por parte de Iberte ante el incumplimiento de los contratos y la falta de incorporación de la bodega Resero como aporte de capital, entre otras irregularidades. Los señalados, en este caso son Rubén Panella, Jorge Irañeta (ex tesorero), Juan Rodriguez (actual gerente general) y Eduardo Sancho (ex presidente).
Quebranto operativo: 12 millones de dólares
Además de las irregularidades referidas, los estados contables de FECOVITA correspondientes al 2024 aprobados el miércoles 30 de abril, muestran que el resultado del ejercicio de ese año tuvo un resultado operativo con déficit de aproximadamente 12 millones de dólares, un porcentaje del cual deberá ser reintegrado como aportes por parte de las 29 cooperativas que integran la Federación y sus miles de pequeños productores.
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