NacionalPolítica & Economía
Intervienen la fundación que Patricia Bullrich usaba para financiar su campaña.

La medida sobre el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil regirá durante 180 días hábiles. Además de irregularidades contables, detectaron “un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político».
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso este miércoles la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), con sede social en la ciudad de Buenos Aires y presidido por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, por irregularidades contables, entre otras cuestiones.
Según se precisó en un comunicado, mediante la Resolución 742/2023, se «busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar«.
En ese marco, Soria dispuso la intervención de la asociación civil en los términos del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315.
La medida dispuesta generó un duro cruce entre Soria y Bullrich a través de la red social Twitter.
«Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía», escribió la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) en su cuenta oficial de Twitter:
Y agregó: «Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo».
De inmediato, Soria le contestó por la misma red social: «La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!».
La intervención -que fue solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen– se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, en la cual se determinó que desde el instituto que preside Bullrich «se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar».
Las actuaciones sumariales realizadas determinaron que -bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES- «se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata», se indicó en el comunicado.
También se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un «crecimiento exponencial» de los ingresos y egresos del instituto, «pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos».
En ese sentido, se explicó que el incremento de los ingresos es «coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad«.
El sumario que fue instruido por la Inspección General de Justicia incluyó «visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, el Cronista y Página/12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES».
La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta luego que la resolución recaída en la Causa «Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias» (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, ha adquirido firmeza.
Por último, la IGJ determinó que la «utilización estructural y financiera» del IEES para la campaña política nacional de Bullrich «no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles», sino que también podría «implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos».
«La Ley 22.315 establece en su artículo 10 inciso J, que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros», recordaron.
La Inspección General de Justicia es el organismo encargado de verificar la legalidad de los objetos sociales de las asociaciones civiles, autorizar su funcionamiento y realizar el control permanente de dichas entidades para evitar la indebida utilización de la persona jurídica registrada.
SORIA: «ARMAN SOCIEDADES DE MENTIRITA PARA ENCUBRIR SUS OBJETIVOS POLÍTICOS»
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, aseguró que se demostraron «un cúmulo de irregularidades tremendas» en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES) que presidía la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y realizó duras criticas a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una «muestra más de la impunidad» con la que se manejan.
«Es una muestra mas de la impunidad con la que se maneja esa gente y sus dirigentes. Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores», criticó Soria en declaraciones a radio 10.
El ministro aseguró que «se demostró en esta investigación un cúmulo de irregularidades tremendas» en el funcionamiento de esta asociación civil donde «se estructuró todo un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar en un todo o en parte acciones de proselitismo político».
«Armaban seminarios y charlas para estudiar supuestamente temas de seguridad o el fortalecimientos de la justicia, pero en realidad hacían almuerzos y cenas para recaudar fondos para la campaña de Patricia Bullrich. Algo totalmente prohibido para una asociación civil sin fines de lucro», describió Soria.
Además, dijo que se «registro un enriquecimiento exponencial de los ingresos y egresos del instituto» donde pasaron «en tan solo meses de no tener fondos para los gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos».
«A los republicanos les encanta hacer política con plata en negro. No hablemos del (diputado José Luis) Espert a quien alguna vez (el auditor general de la Nación, Miguel Ángel) Pichetto lo denunció por utilizar aviones de personas que estaban investigadas por narcotráfico. Hoy integran prácticamente el mismo espacio. Siempre a estos fachos les gustan estas cosas», fustigó.
También sostuvo que en la organización civil «figuran pagos de facturas telefónicas que están vinculadas a líneas registradas bajo el partido Unión por la Libertad» y pagos a consultores políticos e integrante del equipo de Bullrich como el diputado nacional Gerardo Millman.
«Era la cueva desde donde apretaban gente cuando fueron sorprendidos Millman y compañía», sostuvo en referencia a las asesoras del diputado que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando Millman se habría referido al intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dos días antes de que ocurriera.
Soria agregó que en la investigación, la IGJ también detectó «el pago de un viaje con fondos de este instituto por mas de 1.700.000 pesos» a una empresa de turismo desde donde Bullrich viajó al exterior para lanzar su candidatura y que «debían todos los estados contables desde el año 2019», entre otras irregularidades.
@Télam.
/Imagen principal: Archivo/

NacionalPolítica & Economía
La morosidad en las familias volvió a crecer en abril: en tarjetas de crédito tocó un máximo desde 2021

El endeudamiento para consumo continúa como un fenómeno estructural en los hogares argentinos. En ese marco, la morosidad en créditos personales tocó un máximo en 20 meses y en tarjetas de créditos, un tope de tres años y medio.
El endeudamiento continúa creciendo entre las familias argentinas, a tal punto que la morosidad en los créditos personales trepó al 4,6% en abril, el nivel más alto en 20 meses, mientras que en tarjetas de crédito escaló al 3,2%, alcanzando un récord en más de tres años y medio.
Los datos se desprenden del último informe sobre entidades financieras del Banco Central (BCRA) para el cuarto mes del año, que constata que el crédito para el consumo persiste como un fenómeno estructural en los hogares y que la mora del crédito del sector privado creció «desde niveles acotados».
El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,2% para el conjunto agregado de entidades en ese mes, 0,2 puntos porcentuales (p.p.) más que en marzo. El alza estuvo principalmente explicada justamente por el crédito destinado a las familias, donde la morosidad relativa aumentó al 3,7% (0,4 p.p. más que en marzo).
Al respecto, el director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, señaló a Ámbito que el incremento se explica por la mayor frecuencia en que los hogares comenzaron a usar la tarjeta de crédito para «patear» gastos a partir del deterioro del poder adquisitivo de los salarios. «Hay no solo una caída profunda en los salarios reales, no recuperada aún, sino una precarización laboral mayor», expresó.
«Cuando uno mira que el salario privado registrado efectivamente recuperó niveles de hace un año y medio, tiene que entender que hay menos trabajadores registrados privados y mucha de esa gente está cobrando a la vez salarios peores, o pasaron a ser no registrados o hacer cosas por cuenta propia», continuó el economista.
En ese sentido, Kalos expresó que «este deterioro de los ingresos no tiene por ahora una perspectiva de mejora» por el tope que impone el Gobierno al ritmo de actualización de las paritarias a futuro, por debajo de las expectativas de inflación, marcando un desinterés en mejorar este aspecto.

El nivel de endeudamiento en los hogares argentinos empeoró en abril.
En diálogo con este medio, el director de Analytica Consultora, Claudio Caprarulo, explicó que el crédito desaceleró su crecimiento en los últimos meses, mientras «la carga de la deuda sobre los ingresos de las familias está cerca de los niveles récord del 2018», a diferencia de un año atrás cuando se encontraba en mínimos.
Según el experto, la clave es que hacia adelante los ingresos de las familias «frenen la caída que tuvieron en marzo y abril, tanto en lo que respecta a salarios como a jubilaciones», y que baje el costo del financiamiento, ya que «las tasas quedaron altas, producto de la desinflación», más allá de los factores que las ubicaron allí.
Por otra parte, el indicador de irregularidad de crédito a las empresas totalizó 0,9%, un nivel cercano a mínimos de 20 años. Asimismo, el informe de la autoridad monetaria señala que el nivel actual del coeficiente de mora del sistema financiero se encuentra por debajo del promedio de la regional, donde es del 2,8%, y de la media local en las últimas dos décadas, la cual es del 3,1%.
A su vez, los créditos del sector privado respaldados por garantías preferidas representaron el 16% del total, con un nivel de morosidad del 1,6%, sin variaciones significativas respecto al mes anterior ni en la comparación interanual. En contraste, los préstamos sin este tipo de respaldo presentaron un ratio de irregularidad más elevado, del 2,3%.
El ratio entre los cargos por incobrabilidad devengados y el saldo de crédito del sector privado se ubicó en 4,7%, sin cambios a nivel mensual y con una baja de 0,3 puntos porcentuales en la comparación interanual. En tanto, el nivel de previsionamiento alcanzó el 142% del financiamiento en situación irregular a abril, por encima del promedio de los últimos 20 años, que fue del 129%.
Crece la mora en los servicios financieros no bancarios
Por otra parte, desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Financieros no Bancarios (Caesfi) advirtieron a Ámbito que la morosidad entre sus clientes aumentó un 5% en los últimos seis meses en comparación con el segundo semestre de 2024.
Según detallaron, este incremento refleja las crecientes dificultades que enfrentan los hogares para cumplir con sus compromisos financieros, en canales de crédito alternativos al sistema bancario tradicional.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Javier Milei se adjudicó que «están mandando presos» a los «kirchneristas»

En el marco del congreso libertario en Buenos Aires, el Presidente destacó la reciente resolución de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner, y se la adjudicó.
En el marco del Congreso de La Libertad Avanza (LLA) que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata, rumbo a las elecciones bonaerense, el presidente Javier Milei se encargó de cerrar el evento con un discurso al que no le faltaron polémicas, en especial cuando pareció reconocer que el Gobierno libertario interviene en la Justicia.
Con críticas al «kirchnerismo», y en lo que pareció ser un acto fallido, el Presidente se adjudicó estar «metiendo presos» a los dirigentes de la oposición. Declaración que surge mientras Cristina Kirchner cumple con la prisión domiciliara, tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de la condena en la causa Vialidad.
«El experimento es el kirchnerismo y los resultados están siendo a la vista de todos. Solo han sido positivos para los políticos y sus amigos… bueno, por eso los estamos mandando presos… van a terminar presos. Que dicho sea de paso, ocurrió en este Gobierno», expresó el libertario durante su discurso leído.
Justamente, la parte en la que destacó estar «mandando presos» a los «kirchneristas» fue un comentario propio, que no fue leído.
La actividad se realizó en La Plata, y la apertura estuvo a cargo del diputado nacional José Luis Espert. A continuación, expusieron los ministros de Salud, Mario Lugones; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; Seguridad, Patricia Bullrich; y Economía, Luis Caputo.
Por su parte, el titular bonaerense del partido, Sebastián Pareja, brindó una disertación previo al discurso de cierre del jefe de Estado. También participaron la presidenta de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La exposición de Milei también contó con fuertes agravios hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que llamó «soviético» y «pelotudo».
/m1
NacionalPolítica & Economía
La Justicia dejó sin efecto el decreto del Gobierno que eliminaba el Día del Trabajador Estatal

La noticia fue confirmada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X, luego de la resolución de la jueza Moira Fullana.
La Justicia dio lugar al amparo presentado por ATE y dejó sin efecto el decreto emitido por el Gobierno de Javier Milei el día miércoles que derogaba el asueto del viernes 27 de junio por el Día del Trabajador Estatal.
La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 firmada por la jueza Moira Fullana frenó la disposición de la administración libertaria para eliminar el día no laborable para la administración pública.
En su sentencia, la jueza Fullana expresó: «Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva».
Previo a la decisión de la Justicia, este jueves por la mañana, Aguiar había señalado: “Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”.
Asimismo, la cuenta de X de ATE Capital celebró la medida y aseguraron que «años de historia no se borran de un día para otro».
Por qué se celebra el día del Empleado Público
La jornada de descansó para trabajadores estatales comenzó en 1978, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159 vinculada al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de los trabajadores del Estado. Según el texto, se “pretendía llenar un vacío pidiendo a los Estados Miembros que fomentasen el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.
En nuestro país, este convenio fue ratificado recién en 1987 con la sanción de la Ley 24.185, que reguló las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y sus empleados. Posteriormente, en 2013 – impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) – el Congreso determinó el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado a nivel nacional.
De esta manera, se estableció una jornada de descanso para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.
/ámbito
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