Se trata del caso que puso en el ojo de la tormenta a la oficina del Registro Civil de Pocito.
El caso que sacudió a Pocito por presuntas maniobras de falsificación de documentos de identidad sumó un nuevo capítulo judicial. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos formalizó la investigación penal y presentó imputaciones contra nueve personas, entre ellas la titular del Registro Civil pocitano, quien continúa bajo prisión preventiva.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Fernando Alcaraz, la organización habría operado desde agosto de 2024 hasta mediados de este año, utilizando un sistema de datos biométricos falsos, fotografías y huellas digitales adulteradas, para tramitar DNI con identidades apócrifas.
Aunque los documentos emitidos eran auténticos en su soporte, contenían información fraudulenta. Las identidades falsas eran empleadas para solicitar créditos y comprar electrodomésticos o vehículos, que luego eran revendidos, provocando un perjuicio económico estimado en más de 156 millones de pesos.
La causa se inició tras la denuncia de una víctima en Buenos Aires, que descubrió que habían usado sus datos reales para emitir un DNI con otra foto y huellas digitales. La investigación derivó rápidamente hacia el Registro Civil de Pocito, donde surgieron pruebas que vincularon a personal del organismo con la emisión irregular de documentos.
Durante la audiencia de formalización realizada los días 24 y 25 de septiembre, el juez Leopoldo Rago Gallo hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para ampliar las imputaciones y mantener la prisión preventiva de la funcionaria.
Además, se dictó la misma medida contra dos hombres más, mientras que otros cinco imputados quedaron en libertad con restricciones por no haber concretado el trámite fraudulento. Un séptimo acusado recuperó la libertad bajo caución real y otro se dio a la fuga tras la audiencia, motivo por el cual pesa sobre él una orden de detención.
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