Realizarán una asamblea si no les hacen la devolución de los descuentos, quizás haya medida de fuerza.

El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte en San Juan vuelve a encenderse. Este martes, el secretario general del gremio, Héctor Maldonado, advirtió que podrían iniciar asambleas en todas las empresas si no se revierte el descuento salarial aplicado a los trabajadores que participaron del paro nacional del 6 de mayo.

«Nos vieron la cara, hasta ahí lo dejo, no somos boludos», disparó Maldonado en declaraciones a Demasiada Información de Radio Light. Según explicó, los empresarios firmaron un acta en la que se comprometieron a no descontar el día no trabajado, pero al depositarse los sueldos este lunes, se les quitó a los choferes la jornada y el presentismo.

Desde el gremio aseguran que el perjuicio económico ronda los 70 mil pesos por trabajador, y más aún en los casos de mayor antigüedad. «Después de muchos meses de batallar con el país, tuvimos que hacer una medida de fuerza de 24 horas. En la audiencia paritaria, la UTA nacional pidió que no se descuente ese día. La cámara lo aceptó. Y ayer, sin avisar, igual descontaron», remarcó el dirigente.

Maldonado también criticó duramente el accionar unilateral de los empresarios locales: «Firmaron un acta con el representante de San Juan, jamás se comunicaron con UTA, nunca dijeron que tomaron otra solución. Nos enteramos cuando llegaron los sueldos», reclamó.

Ante esta situación, el gremio intimará a la Cámara Empresaria de Transporte (ATAP) dentro de los plazos legales. «Haremos los reclamos ante la Cámara de la provincia. Si no hay respuesta en 48 horas hábiles, acudiremos a la Subsecretaría de Trabajo y realizaremos asambleas en todas las empresas», adelantó.

Además, Maldonado cuestionó una reciente sanción económica al sindicato: «Nunca se dejó de prestar servicios sin anunciarlo. Igual decretaron una multa de 52 millones de pesos. Nadie puede pagar eso por un capricho. Vamos a hacer los rechazos correspondientes y un amparo judicial», señaló.

La UTA no descarta endurecer su postura si no hay marcha atrás con los descuentos. «En las asambleas vamos a contar la posición de la cámara. Y si hace falta, se vendrá otra medida de fuerza. Nosotros fuimos comprensivos, dimos plazos. Dijeron que no iban a descontar, y nos lo descontaron igual», concluyó el gremialista.

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Se firmó un convenio con la Fundación Manos Abiertas que incluye desde la donación de computadoras recuperadas, aporte de fondos provenientes del reciclaje y la creación del primer club ambiental organizado por una fundación.

Este 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Ambiente. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos y la presidenta de la Fundación Manos Abierta, Silvina Dibella.

En este marco, se concretó la firma de un convenio con la Fundación Manos Abiertas para concretar una acción de triple impacto —ambiental, social y económico— que incluye la donación de computadoras recuperadas, el aporte de fondos provenientes del reciclaje, la creación del primer club ambiental organizado por una fundación y el fortalecimiento de la economía circular a través de la recolección de tapitas y actividades educativas.

En este marco, Orrego dijo: “Estar filmando este convenio es un privilegio. Porque cuando uno trabaja con personas de bien, que miran hacia adelante, que tienen ese espíritu altruista y desinteresado de querer mejorar la vida de los demás, se siente algo muy especial”.

Agregó que “estamos compartiendo un espacio que ha sido pensado y abordado desde tres perspectivas fundamentales: la social, la ambiental y la económica. Esa mirada integral es la que debemos seguir fortaleciendo. Tenemos que seguir trabajando juntos, no solo en todo lo que concierne a las políticas ambientales, sino también en esos otros dos ejes que venimos desarrollando. Ustedes lo han expresado con una claridad y una precisión admirables”.

Por su lado, Federico Ríos aseguró que “cuando comenzamos a planificar esta actividad y la firma de este convenio, soñamos con lo que hoy se está haciendo realidad. Este convenio tiene un profundo sentido ambiental, pero también humanitario. La política, cuando trasciende los partidos, se convierte en una herramienta de transformación real. Este convenio con la Fundación lo demuestra: su trabajo con pacientes, con personas en soledad, con niños que necesitan apoyo escolar, es invaluable. Y cuando ambiente, educación, solidaridad y familia se articulan, logramos cambios verdaderos”.

La Fundación Manos Abiertas es una institución de fuerte arraigo solidario en la provincia. La Fundación desarrolla su labor en tres ejes fundamentales:

• Casa de la Bondad, donde brindan contención a personas con enfermedades terminales;
• Hogar Madre Teresa de Calcuta, destinado a acompañar a personas en situación de soledad;
• Centro Educativo San Ignacio, donde ofrecen apoyo escolar a estudiantes de nivel primario y secundario en Caucete.

Como parte del convenio, la Secretaría de Ambiente se compromete a entregar un porcentaje del producido de la próxima venta de material recuperado en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA). Además, se donarán computadoras reacondicionadas, armadas a partir de componentes recuperados de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) procesados en el PTA.

También se facilitará el traslado y visitas guiadas de los miembros de la Fundación a los espacios educativos ambientales con los que cuenta la Secretaría.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es la creación del primer club ambiental de la provincia organizado por una fundación, que tendrá sede en el Centro Educativo San Ignacio. Allí se trabajará en proyectos de forestación y gestión de residuos, promoviendo la educación ambiental desde una perspectiva participativa y comunitaria.

La elección de Manos Abiertas se vincula también a su valiosa tarea ambiental a través del programa “Cada Tapita Suma”, una campaña de recolección de tapitas plásticas que articula con escuelas y comercios. Las tapitas son luego vendidas, y con lo recaudado se sostiene el funcionamiento de la Fundación. Este programa no solo tiene un impacto económico positivo, sino que también constituye un claro ejemplo de economía circular: un residuo plástico se transforma en materia prima para la fabricación de madera plástica, reduciendo el impacto ambiental.

Durante el acto, alumnos de tres escuelas compartieron sus experiencias vinculadas a la economía circular, y junto a la Fundación recibieron sus chalecos identificatorios como miembros de los clubes ambientales.

Esta campaña de recolección es una muestra concreta de cómo la economía circular puede generar resultados reales, eficientes y con alto impacto social. En San Juan, los residuos se conciben como una oportunidad para cuidar el ambiente, generar empleo verde, fortalecer vínculos sociales y construir una provincia más justa y solidaria.

La economía circular no se limita a reducir, reutilizar y reciclar: implica transformar la manera en que concebimos los recursos y sus ciclos de vida, dando valor a lo que antes se descartaba. Desde la provincia, esta transformación se impulsa con políticas públicas como el fortalecimiento del Parque de Tecnologías Ambientales, el programa Separar Suma, las visitas educativas y la articulación con actores del entramado social.

Sumado al gobernador, asistieron al acto la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, además la presidenta de la Fundación Manos Abiertas, Silvina Dibella.

/SiSanJuan

La Estación Experimental San Juan del INTA emitió un comunicado en el que advierte que los cambios propuestos por el Gobierno ponen en riesgo la soberanía científica, la extensión rural y el desarrollo agropecuario de la provincia y del país.

La Estación Experimental San Juan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) expresó su profunda preocupación y absoluto rechazo ante la reforma institucional que impulsa el Gobierno nacional, bajo el argumento de un ajuste económico. Mediante un comunicado, las autoridades locales —junto a las jefaturas de las Agencias de Extensión Rural y los Grupos de Investigación— advirtieron sobre las graves consecuencias que tendría la medida en el desarrollo productivo y científico del país.

Según lo manifestado, las propuestas conocidas hasta el momento incluyen el despido del 25% del personal, compuesto por profesionales que accedieron a sus cargos mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, así como una reestructuración del Consejo Directivo que reduciría la participación de productores y universidades en la toma de decisiones. A esto se suma la posible eliminación de la extensión rural, que constituye el vínculo directo del organismo con los productores, las comunidades y los territorios.

«El debilitamiento del INTA tendría consecuencias devastadoras» , advirtieron, y señalaron que la reforma pone en riesgo la autarquía del organismo, violando la ley de su creación, y exponiéndolo a la injerencia política y a la pérdida de independencia técnica y científica. Desde la institución afirmaron que este plan de reestructuración no contempla instancias de diálogo, ni evaluación de impacto, y representa un intento de desmantelar una herramienta clave para el desarrollo agropecuario nacional.

En el caso particular de San Juan, el INTA ha tenido un rol estratégico en numerosas áreas: desde la preservación genética de variedades de vid y olivo, hasta la investigación en cultivos como pistacho, quinua, trigo, ajo y cebolla que permiten diversificar la matriz productiva provincial. También destacan su trabajo en el uso eficiente del agua —fundamental en un contexto de crisis hídrica—, así como en el fortalecimiento de la producción familiar y la comercialización de pequeños productores.

Además, el cierre o debilitamiento de las Agencias de Extensión Rural —presentes en Media Agua, Pocito, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta— significaría la pérdida de la única presencia estatal con capacidad técnica en vastos sectores del interior provincial. «Estas agencias dejarían de generar conocimiento local, apoyar proyectos de desarrollo rural y brindar asistencia técnica», alertaron.

Por todo ello, desde el INTA San Juan se reclama la apertura urgente de un espacio de diálogo con todos los actores involucrados y se exige respeto por la institucionalidad y la trayectoria de la institución, en defensa de una política agropecuaria más justa, productiva y sustentable.

/DZ