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Sociedad Sucesos

Iglesia y dictadura: Los documentos que confirman la complicidad de los obispos.

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El segundo tomo de La verdad los hará libres, la investigación encargada por el Episcopado y basada en archivos oficiales desclasificados, detalla que las autoridades eclesiásticas estuvieron al tanto, desde el comienzo de la dictadura, de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los militares. 

La Iglesia argentina supo desde 1976 sobre los crímenes de la última dictadura. La conclusión surge de La verdad los hará libres, una investigación encomendada por la Conferencia Episcopal Argentina sobre el rol de la institución frente a las violaciones a los derechos humanos bajo el terrorismo de Estado. En la segunda entrega de este trabajo, elaborado en base a los archivos oficiales, editado por Planeta y puesto en circulación hace algunos días –el primer tomo vio la luz a mediados de febrero–, los autores reconocen que desde los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 el Episcopado contaba con “suficiente información” sobre secuestros, torturas, centros clandestinos de detención, asesinatos y desapariciones. Y también que prefirió el diálogo institucional y privado con las autoridades genocidas para canalizar “reclamos” al respecto, un “gobierno” que “permaneció imperturbable en su política criminal y condujo en base a la mentira una estrategia con la CEA. ¿Cómo algunos obispos tan experimentados en la conducción no fueron capaces de darse cuenta? ¿Cómo fue posible dejar esa herida abierta en la Iglesia y la sociedad argentina?”, concluyen los autores con interrogantes que no tienen respuesta pues, claro, quienes podrían darlas, dirigentes eclesiásticos de entonces como Raúl Primatesta, Adolfo Tortolo, Juan Carlos Aramburu o Antonio Plaza, cuya complicidad con el plan sistemático de exterminio quedó evidenciada, ya están muertos.

“La Conferencia Episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de Estado”, se subtitula el segundo tomo del trabajo encomendado por el Episcopado a un grupo de teólogos e historiadores como Carlos María Galli, Luis Liberti, Juan Durán y Federico Tavelli, entre otros. La obra busca ser una especie de “revisión” del comportamiento de la Iglesia y sus organismos, tanto locales como en El Vaticano, en relación a lo que la institución prefirió identificar como “la espiral violencia política” del período 1966-1983.

El segundo tomo está exclusivamente dedicado al análisis de los archivos de la CEA y el archivo de la Santa Sede, incluida la Secretaría de Estado, el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia y la Nunciatura en Buenos Aires. Según los responsables de la tarea, “por primera vez” se accede y estudia “de forma integral” este acervo que, no obstante, no fue puesto a disposición del público.

Al cierre de poco más de 800 páginas, los autores concluyen que“una síntesis no novedosa, aunque comprobada documentalmente es que el cuerpo colegiado de obispos argentinos no estuvo a la altura de los acontecimientos”. Para la investigadora de Conicet Soledad Catoggio, el material es “un avance muy importante” en términos de la información “respaldada con documentos” sobre el comportamiento de la Iglesia durante la última dictadura. La autora del libro Los desaparecidos de la Iglesia. El clero contestatario frente a la Dictadura indica que allí, en esa línea de reconocimiento, se “define muy bien” el peso del trabajo: “Siempre se supo que las autoridades de la Iglesia hablaban con los militares. Tener un primer acceso al contenido de esas reuniones, aunque sea mediado, es un gran primer paso. Ahora necesitamos que el acceso a esa documentación sea público”, remarcó.

Con información, sin reacción

Para mediados de 1976, los obispos de la CEA sabían, en mayor o menor medida, que el “gobierno argentino”, como decidieron nombrar a la dictadura en el libro, estaba secuestrando y torturando gente, y que a esa gente sus familiares les perdían el rastro, o los hallaban asesinados. También lo sabía el nuncio Pio Laghi, encargado del vínculo entre las autoridades eclesiásticas argentinas y El Vaticano.

“Para las autoridades comenzó a ser evidente que un número tan elevado de víctimas no podía entenderse sin una intervención organizada de la dictadura”, plantean los investigadores en la introducción a uno de los capítulos más jugosos de la investigación, al que titularon “El terror”. “Ellos fueron concientes de que haber actuado en silencio había deteriorado su propia imagen”, postulan luego.

La información llegaba por diferentes vías: “Los obispos, individualmente o en forma colegiada, recibieron numerosos pedidos para que intervinieran ante las autoridades gubernamentales en favor de los detenidos y desaparecidos”, a través de cartas, entrevistas, confección de listas.

Las actas secretas 

Los “diálogos” entre Iglesia y dictadura comenzarían a estar enmarcados en una Comisión de Enlace, serían secretos y no llevarían a buen puerto. La Comisión de Enlace fue un “canal reservado de comunicación entre representantes de la dictadura y la comisión ejecutiva de la CEA”, que se fundó en septiembre de 1976.

El objetivo de la Comisión era discutir puertas adentro los “problemas irritantes” antes de que causaran fricciones en la relación dictadura-Iglesia. Es decir, no se creó con el objetivo de obtener respuestas de cara a los cientos de reclamos de personas que acudían a representantes de la institución en busca de ayuda. Según el libro, entre noviembre de 1976 y octubre de 1981 hubo 22 reuniones de esta comisión entre diferentes representantes de la dictadura y dos representantes de la CEA: Carlos Galán, secretario general del Episcopado, y Justo Laguna, entonces obispo de San Isidro. “El tema de las violaciones a los derechos humanos estuvo presente en 19 de las 22 reuniones”, postula la investigación.

Emilio Mignone –fundador del Centro de Estudios Políticos y Sociales– fue quien denunció la existencia de esta Comisión y reclamó la apertura de las actas de estos encuentros. Sabíamos que hablaban de los desaparecidos, pero nunca lo habíamos podido documentar”, mencionó Catoggio, quien destaca “el hecho de que sea la propia institución la que da este paso es un montón. Ahora sabemos que esos documentos están, que son seguramente muchos más de los citados en la investigación. Queremos verlos”.

En las actas, todas confeccionadas por Galán, queda plasmado el tono diplomático del diálogo entre el Episcopado, que planteaban en el ámbito privado que sabían lo que estaba ocurriendo, y los representantes de la dictadura, quienes en un principio negaron que secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones fueran parte de su “plan de lucha contra la subversión”, y rápidamente pasaron a justificarlos sin demasiados argumentos.

Sin ir más lejos, en la quinta reunión de la Comisión de Enlace, en diciembre de 1977, el secretario de la Marina Eduardo Fracassi admitió operativos en el marco del plan sistemático, métodos de “ablande” para los detenidos e incluso asesinatos: “Admitió que los guerrilleros son muertos y que luego se los hace aparecer como muertos en alguna acción de calle”, según el extracto de una de las actas mencionadas en el libro. Ante esta “confesión”, los obispos discutieron qué hacer. Aramburu prefirió dudar de los dichos del marino, Tortolo lo justificó al mencionar que «al Estado le es lícito defenderse». Jaime De Nevares reconoció la gravedad: «Entonces el fin justifica los medios. Hay documentación suficiente para saber que se tortura». 

Silencio atronador

Un encuentro fundamental para comprender el rol de la Iglesia en el terrorismo de Estado tuvo lugar durante la asamblea de la CEA en mayo de 1977, en San Miguel. Asistieron tres representantes de la Junta Militar para “dialogar” con los 57 obispos reunidos sobre los métodos implementados en la “lucha contra la subversión”. Según las actas, el más efusivo fue el genocida Roberto Viola. “La victoria a la que aspiran las fuerzas no puede alcanzarse sin el apoyo de la Iglesia”, les dijo a los obispos. “La actitud de la Iglesia hacia el Proceso y más específicamente hacia la lucha ha sido de comprensión. Y más aún, ha significado un silencioso e invalorable apoyo”, concluyó.

El general Luciano Jáuregui prometió que no se realizarían acciones que afectaran lugares de culto. Meses después vendrían los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz, de donde se llevaron a las Madres de Plaza de Mayo, para luego secuestrar a las religiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Ya habían pasado los asesinatos del obispo Enrique Angelelli, los curas de La Rioja y los palotinos de San Patricio. Luego vendría el “accidente” de Carlos Ponce de León. Para cerrar la exposición, los generales les exhibieron a los obispos una “película-documental” que hablaba sobre la “infiltración marxista” en la Iglesia y les exigieron “colaboración” para erradicarla.

A lo largo de los años del genocidio, algunos documentos públicos de los obispos criticaron los métodos de la dictadura, sin condenarla del todo ni exigir el regreso a un orden democrático. La investigación de la CEA considera como “una de las claves” respecto de su accionar limitado frente a los crímenes de lesa humanidad lo que Primatesta -quien la presidió entre 1976 y 1982- sostuvo como excusa a fines de 1983: “Si no hablamos más fuerte o públicamente no ha sido por connivencia con métodos que repugnan a la concepción cristiana del hombre, sino por no añadir un elemento más de confusión o desorden que hubiera llevado al país al caos”. El silencio habla a los gritos. 

@Página12 / Ailín Bullentini.

/Imagen principal: Eduardo Longoni.

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Dos autos quedaron destruidos por un violento choque en Caucete

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El siniestro vial ocurrió en horas de la mañana de este mismo miércoles 17 de julio.

Por la mañana de este jueves 17 de julio se produjo un violento siniestro vial en la provincia de San Juan. El mismo tuvo lugar en el departamento Caucete, cuando dos automóviles colisionaron entre sí.

Según lo que informó el periodista caucetero Ariel Rodríguez, todo se dio cuando un Chevrolet Ágile circulaba de este a oeste por la Avenida De los Ríos. En este contexto, llegó a la intersección con la calle La Plata, que fue donde todo se salió de control.

Esto se debe a que de sur a norte avanzaba un Fiat Siena con el que terminaron chocando fuertemente. La peor parte se la llevaron los integrantes de la familia que viajaban en este segundo rodado, los cuales necesitaron asistencia médica.

Sin embargo, no necesitaron ser trasladados a algún hospital, ya que sólo presentaban lesiones leves. El conductor del Ágile salió prácticamente ileso.

/C13

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Murió el joven que chocó y se le incendió la moto en Ruta 20 y Gorriti

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Naiquén Trindade tenía 23 años y había estado internado en terapia intensiva tras protagonizar un choque que conmocionó a Santa Lucía.

Después de luchar durante nueve días por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rawson, este martes se confirmó el fallecimiento de Naiquén Trindade, el joven motociclista de 23 años que había resultado gravemente herido en un siniestro vial ocurrido el pasado 6 de julio en Ruta 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía.

El impacto se produjo entre una moto Rouser 200 cc, conducida por Trindade, y un auto Toyota Corolla que manejaba una mujer de 64 años, identificada como Aballay. A raíz de la colisión, la moto se incendió y ambos ocupantes del rodado menor, Naiquén y su novia Sol Ceruti (también de 23 años), resultaron con heridas de consideración. En ese momento, la pareja se dirigía al paraje de la Difunta Correa.

Desde su ingreso al hospital, Trindade presentó un cuadro médico crítico: traumatismo encéfalo craneano, fractura de escápula, contusión pulmonar, fractura con desplazamiento de pelvis y múltiples traumatismos. Con el paso de los días, su estado se agravó, hasta que finalmente falleció este martes.

Por su parte, Ceruti también sufrió fractura de pelvis y politraumatismos, y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Actualmente, la causa está bajo investigación y la única persona implicada en el expediente es la conductora del Toyota Corolla. En su momento se le realizaron los análisis de alcoholemia correspondientes, pero no fue detenida y continúa en libertad.

Este trágico hecho vuelve a poner en el centro de la escena al cruce de Ruta 20 y Gorriti, un punto señalado por los vecinos como de alta peligrosidad vial.

/DH

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Con niebla densa, un conductor perdió el control y cayó a un canal

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Un automovilista perdió el control de su vehículo en calle 9 y San Miguel, Pocito, y terminó volcando parcialmente en un canal de riego. No hubo heridos de gravedad y la comisaría local intervino en el hecho.

Este domingo 13 de julio, en medio de una densa neblina, un siniestro vial sorprendió a los vecinos de Pocito. Un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó volcando parcialmente en un canal de riego ubicado en la intersección de calle 9 y San Miguel, donde finaliza dicha arteria.

De acuerdo a la información policial, el vehículo quedó de costado en el cauce, y fue necesario un operativo para retirarlo. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad en el incidente.

La Comisaría 7ª está a cargo de la investigación para determinar las causas que provocaron el accidente. Testigos consultados destacaron que no es la primera vez que se registran siniestros viales en esa zona, y señalaron que la densa niebla y la baja visibilidad de la mañana podrían haber influido en la pérdida de control del vehículo.

/DH

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