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NacionalPolítica & Economía 

Hackearon los datos de los miembros de la PSA, la fuerza que depende de Bullrich, y les robaron parte de su sueldo

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Es un hecho grave porque violaron los datos de una fuerza de seguridad. Además del robo, los hackers disponen de toda la nómina de los encargados de enfrentar las amenazas terroristas en los aeropuertos. 

La nómina de efectivos, policiales y civiles, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue hackeada y en los recibos de sueldo aparecieron mutuales falsas por las que se descontaron, en algunos casos 5.000 pesos, en otros 3.000 y en otros 2.000. Los cargos figuraban como DD mayorDD seguros. El ataque contra la fuerza que está bajo la órbita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es mantenido en absoluta reserva y voceros oficiosos de la PSA afirman que el ingreso a la base de datos no fue en la fuerza de seguridad sino en el Banco Nación, a través del cual se pagan los sueldos. El origen de la incursión son servidores que, supuestamente, funcionan en países remotos, aunque nadie puede descartar que las operaciones se hayan hecho en la Argentina, utilizando esos servidores lejanos. Tampoco que haya existido complicidad interna. 

La violación de la seguridad de la PSA es otro episodio más dentro de una serie de incursiones de hackers a organismos oficiales y privados, pero es más grave porque significa que los hackers obtuvieron toda la información de una fuerza de seguridad. Están quienes le echan la culpa a la falta de inversión del Estado: así como no arreglan rutas, no se invierte dinero en los sistemas antivirus, que son decisivos. Otros sostienen que hay gravísimas fallas en contrainteligencia por vaciamiento de esa área, tanto en las fuerzas de seguridad como en la misma SIDE. «Todo es caótico, como en otras áreas del gobierno», dicen quienes conocen de cerca lo que ocurre con los hackeos. 

Apagón, hackeo y mutuales fantasmas

Seis fuentes distintas le describieron lo ocurrido a Página/12 y señalaron que hubo un primer apagón del sistema informático que se extendió durante más de una hora. Cuando los técnicos recuperaron el control, no detectaron ninguna irregularidad. El episodio se guardó en total secreto, algo que se repite en todos los ámbitos: nadie admite un hackeo, porque es admitir una gravísima falta, un agujero enorme en la seguridad. Es posible que las autoridades de la PSA o del Ministerio de Seguridad hagan una desmentida, pero todos saben en la fuerza que los hechos ocurrieron. 

Sucedió algo parecido con dos conocidos laboratorios de estudios médicos -donde se hacen la revisión la mayoría de los jugadores de fútbol- cuyos sistemas informáticos estuvieron bloqueados y habían perdido los registros de las historias clínicas. Fue público y notorio que se vieron impedidos de dar turnos. Hay bancos que han tenido que negociar con los hackers y es un secreto a voces que pagaron lo que equivale a un rescate. También el Estado intentó amortiguar el ingreso de hackers a los datos de Mi Argentina en el que llegaron a cambiar hasta la gráfica. Se dice que la seguridad fue violada en el sistema de la Policía de la Ciudad y que intentaron hacerlo en la Policía Federal. No lo lograron, pero sí habrían ingresado al sistema del Hospital Churruca, que es de la órbita de la Federal.

El impacto en la PSA no se produjo el mismo día del apagón sino cuando efectivos policiales y civiles de esa fuerza se encontraron con raros descuentos en sus recibos de sueldos. Figuraban como DD major y DD seguros. Nunca cifras altas. Siempre 5.000, 3.000 o 2.000 pesos. Una especie de robo hormiga. Y el descuento se realizaba como si el titular hubiera sacado un crédito o hubiera contraído alguna obligación con una serie de mutuales que, en verdad, no existen. Es más, cada efectivo tuvo que gestionar la reversión, o sea que le devuelvan la plata, pero había que hacerlo en la web del Banco Nación. También hubo que generar un stop debit. Esto es lo que fundamenta la acusación de la PSA al Banco Nación en el sentido de que fue la entidad bancaria la que tuvo la falla en la ciberseguridad. Pero el punto es que la PSA es la que tiene la responsabilidad sobre los recibos, de manera que tuvo que intervenir y esos descuentos no volvieron a aparecer.

Algunas de las versiones recogidas por este diario indican que hubo efectivos a los que les descontaron en tres oportunidades: sucede que los hackers, cuando vulneran la seguridad, no sólo acceden a los datos -y a alterarlos-, sino que también dejan instalado un programa que les permite volver a acceder.

Hasta pruebas de vida

La ofensiva de los hackers aparece ya como máxima preocupación también en los principales diarios norteamericanos. Son grupos de jóvenes que actúan usando servidores ubicados en Corea del Norte, China, Rusia, pero también aparecen infinidad de países pequeños que en verdad sólo sirven de puentes. Las bandas de hackers que realmente operan redireccionan para engañar. “pueden estar en la esquina de tu casa, pero simulan estar en Moldavia, por ejemplo. Tratan de borrar los rastros”. Y el sistema es de prueba y error, intentan miles de veces, hasta que encuentran alguna forma de entrar al sistema que tratan de hackear.

En el caso de la PSA, según parece, el objetivo fue el robo, inventando un código de descuentos y transfiriendo las pequeñas sumas a una única cuenta. No se sabe si lograron el objetivo, es decir si consiguieron quedarse con el dinero.

Sucede que en otras oportunidades -como ocurrió con los dos centros médicos conocidos y los bancos-, el objetivo es extorsionar: exigen un dinero para devolver los archivos. Quienes participaron en negociaciones con hackers le contaron a Página/12 que se les suele pedir una prueba de vida, como en los secuestros: “exhíbame el contenido de la carpeta denominada Francia”. Se supone que, si los hackers se apropiaron de la información, pueden acceder a ese contenido y mostrarlo. El pago se hace en bitcoins, de manera difícil de rastrear, con muchas terminales en Dubai. Para los bancos y esos dos centros médicos, el bloqueo de su sistema significa casi la paralización.

Por otro lado, también está el hackeo para vender los datos en lo que llaman la dark-web o deep-web. Seguramente habrá interesados en quedarse con toda la lista de los efectivos de la PSA, de manera que puede ser otro objetivo, además del robo en los recibos. Finalmente, quienes conocen mucho el mundo de los hackeos, afirman que están las venganzas dentro de la misma fuerza, los pases de factura, los intereses económicos para que se compren más antivirus o para que se destituya a un jefe de sistemas. El hackeo es un mundo. 

Inversión y equipos entrenados

Quienes se ocupan de la batalla contra los hackers sostienen que uno de los grandes problemas es la falta de inversión: se requiere tener super-actualizados, casi minuto a minuto, los antivirus. Esos sistemas no son sólo un software, sino que son sistemas on-line 24 horas, porque los ataques son permanentes y donde se produce una alarma hay que actuar de inmediato. Por supuesto que están quienes dicen que lo fundamental no son los sistemas antivirus -norteamericanos, israelíes, lo conveniente es combinar, no depender de un proveedor-, sino tener un equipo entrenado, con técnicos en las oficinas y otros con guardias pasivas, en su casa, pero con capacidad para reaccionar en instantes a cualquier irrupción. Hay organismos del estado a cuyos sistemas los hackers intentan ingresar 5.000 veces por día. El ataque es constante.

En ese marco, hay acusación contra los funcionarios de Milei porque, así como no hay inversión en obra pública y las rutas se empiezan a llenar de pozos, no hay inversión en los sistemas de seguridad. A esto se agrega que falló la PSA en proteger los datos -cada fuerza tiene un departamento de ciberseguridad- y también la SIDE. Según los trascendidos, la cuestión estuvo en manos de Jefatura de Gabinete, ahora en la SIDE, pero nadie se ocupa verdaderamente: es un agujero negro. La inteligencia dejó de ser el hombre en la esquina, simulando leer un diario: por supuesto que sigue siendo importante tener información, pero todas las cuestiones de ataques informáticos pasaron a ser claves.

El hecho concreto es que le entraron al sistema de una fuerza de seguridad y, más allá de que hubo un robo de dinero, está claro que los hackers tienen toda la nómina de los efectivos, con sus datos personales y mucho más. Y es una fuerza clave que está en los aeropuertos, con un papel protagónico en la prevención de atentados terroristas. La evidencia es que, lejos de ser una garantía, la defensa parece hacer agua. 

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Cristina de Kircher: «¿Habrá Códigos Penales y Procesales especiales redactados únicamente para mí?»

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La expresidenta denunció nuevas restricciones impuestas por el tribunal que lleva su causa, que limitan sus visitas a un círculo cerrado y exigen autorización previa para cualquier otro contacto. “Se me aplica un régimen que no rige para nadie más”, afirmó.

La expresidenta Cristina de Kirchner volvió a criticar al Poder Judicial y anunció que sus abogados presentaron un recurso para que el tribunal revea los permisos previos de su círculo para poder visitarla. En un mensaje en redes sociales denunció un «régimen de exclusión arbitrario» que restringe su vínculo con el mundo exterior, más allá del núcleo familiar, legal y médico.

“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa”, señaló la exmandataria. Según afirmó, la justicia le impuso un protocolo de visitas que limita el acceso a su domicilio solo a familiares directos, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá presentar previamente una solicitud formal al Tribunal y esperar su autorización.

Cristina calificó el mecanismo como un régimen “violatorio de los más elementales derechos civiles” y subrayó que estas condiciones no se aplican a otros ciudadanos en situaciones similares. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.

En la víspera el tribunal confirmó que puede utilizar el balcón, pero ordenó la colocación de la tobillera electrónica que se concretó durante la tarde.

Además de cuestionar la judicialización de su vida personal, la exvicepresidenta también dejó entrever críticas a la restricción de sus derechos políticos: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”, escribió.

/ámbito

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El desempleo escala al 7,9% en el primer trimestre, el nivel más alto de la era de Javier Milei

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El mercado laboral argentino experimentó un aumento en el desempleo durante el primer trimestre de 2025, alcanzando el 7,9%, su nivel más alto en la gestión actual. 

El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2025, lo que representa el nivel más alto registrado en la actual administración y desde 2021, período de recuperación pospandemia. Este incremento, aunque modesto en comparación con el 7,7% del mismo período en 2024, se produce a pesar de algunos signos de reactivación económica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al extrapolar esta cifra, se estima que aproximadamente 1.790.000 personas se encuentran desocupadas en el país.

La tasa de actividad (población económicamente activa sobre el total de la población) se situó en 48,2% en el primer trimestre de 2025, mientras que la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas en relación con la población total) alcanzó el 44,4%.

Un aspecto notable de este período es el cambio en la composición del empleo. Según Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, se observó un fuerte crecimiento del empleo por cuenta propia, que pasó del 21,9% al 23,5%, y de los asalariados no registrados, que aumentaron del 35,7% al 36,3% dentro de los trabajadores en relación de dependencia. Esta dinámica contribuyó a que la tasa de informalidad alcanzara el 42% entre enero y marzo de 2025, en comparación con el 40,8% del primer trimestre de 2024.

En cuanto a la tasa de desocupación juvenil (14 a 29 años), se observó un incremento preocupante: en mujeres, pasó del 17,3% al 19,2%, y en varones, del 14,1% al 15,1%. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) se destacó que el desempleo juvenil alcanzó niveles récord, con un incremento de 2,3 puntos porcentuales para esta población en los últimos dos años, mientras que para la población general el aumento fue de 1 punto porcentual.

El Gran Buenos Aires fue la región más afectada, registrando una tasa de desempleo del 9,1%, lo que la sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En contraste, la Patagonia presentó la menor tasa de desempleo, con un 4,9%, aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo del promedio general.

/DH

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La Corte Suprema reactivó la causa «Correo Argentino» tras el fallo contra Cristina Kirchner

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El máximo tribunal reanudó la investigación sobre el caso tras confirmar la prisión de 6 años a Cristina Kirchner. Nuevas decisiones incomodan al ex presidente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó recientemente una decisión que reavivó la causa «Correo Argentino». El tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri. Este nuevo giro ocurre tras la reciente confirmación de la condena de 6 años de prisión a otra figura política, Cristina Kirchner.

La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso a los fallos de la Corte. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva el expediente, sino que también impone una sanción económica a los recurrentes, que deberán realizar un depósito bajo apercibimiento de ejecución.

Se investigan distintas irregularidades relacionadas con un acuerdo entre el Estado Nacional y una empresa controlada por el ex presidente Mauricio Macri, concerniente a la deuda de Correo Argentino S.A.. La Corte desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)».

Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., junto a Jaime Kleidermacher, su abogado, estaban siendo investigados desde 2017 por el juez federal Ariel Lijo. Ambos intentaron recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando «temor de parcialidad». La defensa argumentó que ambos jueces manifestaron una “enemistad” hacia Mauricio Macri y, en consecuencia, hacia ellos, sugiriendo que la causa tenía un contenido político destinado a “destruir” la imagen del ex mandatario.

Imparcialidad cuestionada

Los directivos de Correo Argentino S.A., que es gestionada por SOCMA, la empresa familiar de los Macri, expresaron dudas sobre la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno anterior. Además, se argumentó que Boico, antes de asumir como juez, había defendido a diferentes funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificaron la decisión de rechazo a la recusación interpuesta. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, destacó que «la defensa no logró substanciar objetivamente el temor de parcialidad» en este contexto particular.

Desenlace del recurso

El reclamo llegó a la Corte a través de un recurso de queja, donde se dictó una resolución clara: « Se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución«.

En esta causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, se indagan a otros involucrados, como el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Todos están acusados en relación a un acuerdo de 2016 por el cual el Estado decidió licuar el 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A. La fiscal Gabriela Boquin alertó sobre esta maniobra, calificándola como «ruinosa» y «abusiva», lo que logró detener la implementación del pacto.

Con esta decisión, la Corte confirmó la continuidad de la investigación, manteniendo bajo la lupa judicial a los directivos de Correo Argentino y, por ende, al Grupo Macri en esta compleja causa.

/m1

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