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Sociedad 

Graffigna habló tras la condena por la Megacausa Expropiaciones

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El abogado Santiago Graffigna, condenado por fraude en perjuicio del Estado, denunció una «tribunal armado» y clamó por su inocencia: «Es una locura todo». Repercusiones tras el fallo histórico en marco de la Megacausa Exrpropiaciones. 

Santiago Graffigna, el empresario y abogado sentenciado a siete años y ocho meses de prisión efectiva por su rol como jefe de una asociación ilícita y autor de múltiples hechos de fraude en perjuicio de la administración pública, rompió el silencio tras el veredicto con una contundente declaración de inocencia, calificando la situación judicial de «una locura» y reiterando su histórica denuncia de una «tribunal armado». Su defensa, liderada por el abogado Marcelo Fernández, no tardó en confirmar la inminente apelación del fallo, anticipando que llevarán el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es necesario.

Graffigna, visiblemente afectado pero firme en sus palabras, expresó su asombro ante la acusación de liderar una asociación ilícita. «Es una locura todo. ¿Qué asociación ilícita? Yo no tengo relación con nadie. Lo único que tengo relación con los peritos de parte es que son los que hacen las pericias», afirmó categóricamente ante la prensa. El letrado insistió en que su función se limitó a la defensa de los intereses de sus clientes en procesos de expropiación, una actividad que, según él, llevó a que el Tribunal de Tasaciones lo declarara «persona no grata» y a que se modificaran reglamentos internos en su contra y de otros colegas que realizaban este tipo de gestiones.

Respecto a las acusaciones de precios inflados en las expropiaciones, Graffigna fue enfático en su negación. «Lo que están entiendo acá, están obviando que los valores fijados, en ningún momento tan inflado, han hecho una comparación entre un valor del año 86 y valores del año 2006. 15, 20 años de diferencia», explicó, señalando lo que considera una comparación descontextualizada. Además, enfatizó que los montos «pasaron todos los controles, como las sentencias en el caso de La Superiora». Descartó de plano la idea de un fraude, argumentando que la indemnización por expropiación «correspondía» y que la supuesta inflación de precios era «imposible» con solo conocer las leyes de aplicación obligatoria en la provincia, que él mismo citó en el debate. «Nosotros cumplimos todo», sentenció.

La convicción de Graffigna sobre la presunta manipulación del caso es inquebrantable. Al ser consultado sobre si la Corte de Justicia entenderá su postura, respondió: «La Corte tiene que hacer, lo que tiene que hacer la Corte, entiendo, es de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema hacer un análisis completo de la prueba». También denunció que la defensa ofreció pruebas que fueron rechazadas, sin una justificación clara más allá de una supuesta «impertinencia». «Acá en debate hemos demostrado que justamente los fallos, yo acompañé 1200 fojas de fallos de la Corte Suprema de la Corte de Justicia de tribunales de la Nación, de distintos tribunales en donde acredito mi forma de actuación y la forma en que se ha resuelto se han apartado de fallos plenarios de la Corte de Justicia de San Juan», detalló con frustración.

El abogado Marcelo Fernández respaldó plenamente la visión de su cliente y no ocultó su «indignación» ante el fallo. «La verdad que a mí me genera este tipo de sentencias, me genera indignación», expresó Fernández. Sugirió que el tribunal cumplió con un «mandato», recordando que ellos habían recusado a dos de sus integrantes por «temor fundado de parcialidades» desde el momento en que se definió su ascenso a jueces de cámara. El abogado también criticó que el tribunal «hoy lo han desconocido» ya que en una instancia previa del juicio la presidenta del tribunal habría señalado a un testigo por falso testimonio y este viernes en el fallo, rechazó los planteos de nulidad contra ese testimonio.

En cuanto a los próximos pasos, Fernández indicó que esperarán los fundamentos de la sentencia para, en un plazo de 10 días, elaborar la apelación. «Nosotros tenemos un plazo de 10 días que vamos a pedir, voy a adelantarnos, ya lo van a saber primero ustedes, pero qué es lo que ocurre normalmente en toda la justicia nacional y provincial, sobre todo en el federal, cuando son causas complejas que ellos… Que de hecho esto que se lea el veredicto y no se lea el fallo es por la complejidad del fallo», explicó, anticipando una solicitud de prórroga. El objetivo es claro: «recurrir como corresponde ante casación. Y eventualmente llevaremos esto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación». Fernández confía en que la Corte revisará la prueba y la jurisprudencia, y si fuera necesario, se deberá conformar un tribunal con jueces de la lista de conjueces si los actuales se inhiben.

/DH

Sociedad 

Aumentan las multas de tránsito: hasta $447.000 por conducir en estado de ebriedad

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El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, actualizó el valor de las infracciones viales.

Conducir sin licencia o en estado de ebriedad puede costar más de $447.000

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, actualizó el valor de las infracciones viales.

Desde el miércoles 3 de julio entraron en vigencia los nuevos montos de las multas de tránsito en San Juan. La medida fue informada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, área que tiene bajo su órbita los Juzgados de Faltas de la provincia.

La actualización surge del nuevo valor de la Unidad Fija (UF), que pasó a ser de $1.490. A partir de este cambio, las infracciones más graves, como conducir sin licencia, en estado de ebriedad o negarse a un control de alcoholemia, pueden alcanzar los $447.000 en el caso de camiones y transporte público.

Para los conductores de autos y camionetas, circular sin la licencia habilitante o alcoholizado implica una multa de $372.500, mientras que para motociclistas la sanción por esas mismas faltas oscila entre $149.000 y $223.500.

Desde la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos remarcaron que «las multas no son una cuestión recaudatoria, sino un mecanismo para ordenar el tránsito, generar conciencia y reducir los siniestros viales». Además, recordaron que los Juzgados de Faltas son los encargados de tramitar y sancionar cada una de las infracciones.

Otras faltas habituales también sufrieron incrementos:

Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO): $372.500

No llevar cinturón de seguridad: $223.500

Falta de casco protector o su uso inadecuado: $223.500

Falta de seguro obligatorio: $298.000

Circular sin tarjeta de identificación del vehículo: $223.500

Cruzar semáforos en rojo o circular en contramano: $372.500

Estacionar en doble fila: $74.500

Usar el celular al conducir: $74.500

No asir el volante con ambas manos: $74.500

No portar chaleco reflectivo: $149.000

Desde el Ministerio de Gobierno anticiparon que se intensificarán los controles en calles y rutas, con la intervención de las fuerzas de seguridad y los Juzgados de Faltas. La autoridad reiteró que el cumplimiento de las normas de tránsito es obligatorio y que las reincidencias o faltas graves pueden derivar en la retención del vehículo y la inhabilitación para conducir.

/DZ

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Un camioneta fuera de control casi provoca una tragedia en Rivadavia

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Un hombre de 75 años conducía una Saveiro que terminó destrozada. No había heridos de gravedad.

Momentos de gran tensión se vivieron en Rivadavia, entre los vecinos de calle Colón, por un vehículo que circulaba a toda velocidad, aparentemente fuera de control, y que terminó impactando a un colectivo y quedó en una vereda, destruido.

Ocurrió este mediodía y no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Según el relato de los testigos, la camioneta Volskwagen Saveiro negra venía a alta velocidad por Rastreador Calivar, luego ingresó a calle Cristobal Colón (oeste) casi atropella un chico que estaba por cruzar, y fue su grito lo que alertó que algo pasaba con ese auto que siguió a  gran velocidad.

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La camioneta continuó su marcha descontrolada, impactando contra un colectivo de la Red Tulum que circulaba por esa calle y luego terminó sobre la vereda.

Fuentes policiales informaron que el conductor tiene 75 años, es de apellido Olivares y vive a pocas cuadras de donde fue el accidente. El hombre trasladado al hospital, sin que se haya informado aún su estado de salud.  En el vehículo también iba una mujer.

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/DC

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Sociedad 

Histórico fallo en la megacausa de expropiaciones: condenas para exfuncionarios y abogados

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Luego de 15 años, este viernes se conoció el fallo por el juicio de la megacausa que tuvo en vilo a toda la provincia.

Este viernes se conoció la esperada sentencia en el juicio por la megacausa de expropiaciones, el proceso judicial más complejo y extenso de los últimos tiempos en San Juan, que involucra a exfuncionarios, jueces, fiscales, peritos y abogados acusados de defraudar al Estado mediante el pago de sobreprecios en terrenos expropiados.

La audiencia, desarrollada en el Concejo Deliberante de Capital, concluyó con la lectura de las primeras condenas por parte del tribunal. Entre los principales implicados, el abogado Santiago Graffigna recibió una pena de 7 años y 8 meses de prisión efectiva, de los cuales ya cumplió tres años en detención preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Además, se conocieron las siguientes condenas:

Horacio Alday, abogado: 6 años de prisión.

Carlos Macchi, exjuez: 6 años de prisión. Cabe recordar que Macchi ya había sido separado de su cargo mediante un jury de enjuiciamiento.

Ana María Melvin, perito oficial: 4 años de prisión. Melvin logró jubilarse antes del inicio del juicio.

El escándalo judicial comenzó a gestarse en el año 2010, a partir de investigaciones que detectaron irregularidades en los montos pagados por terrenos expropiados en zonas clave como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y el Canal Benavídez. Se determinó que hubo una manipulación sistemática de tasaciones para inflar los valores y beneficiar a privados en detrimento del erario público.

El monto total del fraude aún está siendo evaluado, aunque las estimaciones extraoficiales apuntan a cifras millonarias. Por eso, una de las principales incógnitas tras el veredicto es si los condenados deberán devolver el dinero sustraído al Estado. El tribunal aún debe expedirse sobre ese punto crucial.

En desarrollo.- 

/DH

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