Tendrán un plazo de diez días hábiles para hacerlo. De lo contrario, el tribunal determinó que sean ejecutados los bienes de los condenados que sirvan a esos fines.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó este martes la ejecución del decomiso económico en la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina de Kirchner. En total, l os nueve condenados deberán pagar a fines de julio casi $685.000 millones. De no hacerlo, podrían ser ejecutados los bienes a nombre de los afectados.

Además de Cristina de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, josé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos condenados en la causa Vialidad. El dinero deberá ser depositado en una cuenta judicial abierta en el Banco Nación a nombre del tribunal. El monto reclamado es $684.990.350.139,86.

No queda claro cuánto debería pagar cada persona. El tribunal no determina cómo se reparte el monto del decomiso, solo menciona la suma total que debe ser pagada y las medidas generales para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Entre ellos, el decomiso en caso de no abonar en el tiempo determinado.

Vale recordar que las personas afectadas ya tienen bienes embargados por la justicia. El tribunal instó al Ministerio Público Fiscal de que realice las investigaciones necesarias para identificar y localizar bienes para garantizar el cobro. Para acelerar este la investigación se le recuerda que ya tiene las facultades para hacerlo.

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El gobernador Orrego inauguró obras fundamentales en el Centro de Atención Primaria de la Salud en la localidad albardonera de Las Tierritas.

Con un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) completamente ampliado y remodelado, San Juan suma infraestructura de calidad para la asistencia sanitaria, en este caso, de la comunidad de Las Tierritas, en el departamento de Albardón. El gobernador Marcelo Orrego dejó inauguradas estas obras de suma importancia para los albardoneros, confirmando el compromiso del Gobierno de San Juan de llegar con el servicio de salud integral a todos los rincones de la provincia.

Acompañaron al primer mandatario, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez; diputada Nacional, Nancy Picón y demás funcionarios provinciales y municipales.

Las obras, financiadas con fondos provinciales, fueron concretadas por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y contribuyen a la descentralización del servicio de salud provincial.

Durante el acto, el gobernador expresó que “cuando una mamá viene acá, no viene a buscar una receta, viene a buscar soluciones. Cuando una persona mayor viene acá, no viene a tomarse la presión, viene a buscar dignidad. Nosotros hemos venido a la política a hacer, a trabajar, a cumplir, pero definitivamente venimos a hacer los cambios que sean necesarios”.

Agregó: “Vamos a poner todo el empuje para terminar este plan ambicioso de 50 CAPS nuevos en toda la provincia. Vamos a cuidar la salud, la seguridad y la educación de los sanjuaninos. No contamos con los mismos recursos que otras administraciones, pero sí contamos con algo muy importante: el apoyo de la gente y la unidad de los sanjuaninos”.

Por otro lado recordó que “San Juan fue la primera provincia del país en reabrir la obra pública, en bajar un impuesto, y en garantizar el boleto educativo gratuito. Ese es el camino que ha tomado San Juan, ese es el norte, y no vamos a dejar de trabajar”.

La obra

La suma de espacio y modernización del edificio permitirá llegar con una mejor cobertura sanitaria a pacientes de todas las edades, en una amplia zona de la comuna, a través del CAPS refaccionado a nuevo, que pertenece a la Zona Sanitaria II del Ministerio de Salud de San Juan.

Los trabajos realizados fueron de mantenimiento, mejora y crecimiento de los espacios del centro de salud. El edificio cuenta luego de esta importante intervención con acceso principal peatonal, tres consultorios, una sala de enfermería y vacunación, un baño público, un baño para el personal, office, sala de espera, recepción, y depósito un espacio para acopio final de residuos patológicos, entre otros.

Mediante estas obras se sumaron flamantes 27 m2 a la estructura original de 90 m2 que fueron reacondicionados a nuevos, sumando un total de 117 m2 dedicados desde este momento íntegramente a la atención primaria de la salud de la comunidad de Las Tierritas, que ya disfruta de este sitio 100% renovado.

/SiSanJuan

Los abogados contratados por el Gobierno nacional informaron que la suspensión es por tiempo «indeterminado». Se cayó el riesgo de desacato, tras la reciente intimación de la jueza Loretta Preska de acceder al pedido de los fondos buitre.

Los jueces de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendieron por «tiempo indeterminado» la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres que ganaron u$s16.099 millones en el jucio por la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012.

Con esta decisión, se puso un freno a la embestida judicial que inició la jueza Loretta Preska contra el país, que incluía un ultimátum de 72 horas para hacer efectiva su orden de transferir las acciones de la compañía.

Según indicaron fuentes vinculadas al caso, «en principio» la decisión de la Corte de Apelaciones es «por tiempo indeterminado» y hasta que un nuevo plazo sea fijado por un tribunal, que deberá será convocado especialmente en este caso.

Pero al mismo tiempo, dejó de correr el ultimátum de 72 horas lanzado por Loretta Preska para entregar el 51% de las acciones de YPF o sino dictaba un desacato contra la Argentinas.

Los motivos del rechazo de la Argentina a la sentencia de Loretta Preska

En el caso Eton Park, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo en apelación y fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.

El temor del gobierno de EEUU es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.

Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Como dijo Axel Kicillof, las acciones de YPF «sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso» como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría parlamentaria.

Por último, se esgrimió la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.

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