NacionalPolítica & Economía
Gobierno eliminó la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados

El Presidente Javier Milei firmó la medida que ordena disolver la UEI. Desde Abuelas de Plaza de Mayo habían advertido sobre el impacto que tendrá la decisión del gobierno.
El Gobierno de Javier Milei ordenó disolver la Unidad Especial de Investigación que tenía como objetivo la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar. Desde Abuelas de Plaza de Mayo habían advertido sobre la eliminación del organismo.
Mediante el decreto 727/2024, el Presidente Milei derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, que funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), una herramienta que permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.
Según argumenta el texto publicado esta noche en el Boletín Oficial, el motivo de su derogación se sustenta en que la unidad tenía «acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal». En esa línea, señalaron que se trata de herramientas que «violentan nuestro régimen constitucional».
A continuación, apuntan que «corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial» y que por tal motivo se creó «en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”».
Asimismo, ponen en cuestión la presunta vulneración de derechos constitucionales «como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos».
En ese sentido, afirman que las facultades de investigación que le fueron otorgadas a la Unidad Especial de Investigación «contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias». Por los motivos enumerados, el decreto publicado esta noche, ordena disolver la Unidad Especial.
Abuelas de Plaza de Mayo advirtió sobre las consecuencias de la eliminación de la unidad para búsqueda de nietos apropiados
La normativa, que entrará en vigencia a partir de hoy, llega apenas semanas después de que desde la organización Abuelas de Plaza de Mayo adviertieran en un comunicado que el Gobierno tenía listo un proyecto de decreto para eliminar el organismo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI), dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños.
A fines de junio, Abuelas alertó que en caso de llevarse adelante esta decisión, se «ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado».
La UEI fue creada por decreto en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner para investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial. Asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En la actualidad, Abuelas cuenta con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas que son analizados por esta unidad.
@Ámbito.

NacionalPolítica & Economía
Cristina de Kircher: «¿Habrá Códigos Penales y Procesales especiales redactados únicamente para mí?»

La expresidenta denunció nuevas restricciones impuestas por el tribunal que lleva su causa, que limitan sus visitas a un círculo cerrado y exigen autorización previa para cualquier otro contacto. “Se me aplica un régimen que no rige para nadie más”, afirmó.
La expresidenta Cristina de Kirchner volvió a criticar al Poder Judicial y anunció que sus abogados presentaron un recurso para que el tribunal revea los permisos previos de su círculo para poder visitarla. En un mensaje en redes sociales denunció un «régimen de exclusión arbitrario» que restringe su vínculo con el mundo exterior, más allá del núcleo familiar, legal y médico.
“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa”, señaló la exmandataria. Según afirmó, la justicia le impuso un protocolo de visitas que limita el acceso a su domicilio solo a familiares directos, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá presentar previamente una solicitud formal al Tribunal y esperar su autorización.
Cristina calificó el mecanismo como un régimen “violatorio de los más elementales derechos civiles” y subrayó que estas condiciones no se aplican a otros ciudadanos en situaciones similares. “¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”, ironizó.
En la víspera el tribunal confirmó que puede utilizar el balcón, pero ordenó la colocación de la tobillera electrónica que se concretó durante la tarde.
Además de cuestionar la judicialización de su vida personal, la exvicepresidenta también dejó entrever críticas a la restricción de sus derechos políticos: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo”, escribió.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
El desempleo escala al 7,9% en el primer trimestre, el nivel más alto de la era de Javier Milei

El mercado laboral argentino experimentó un aumento en el desempleo durante el primer trimestre de 2025, alcanzando el 7,9%, su nivel más alto en la gestión actual.
El desempleo en Argentina alcanzó el 7,9% durante el primer trimestre de 2025, lo que representa el nivel más alto registrado en la actual administración y desde 2021, período de recuperación pospandemia. Este incremento, aunque modesto en comparación con el 7,7% del mismo período en 2024, se produce a pesar de algunos signos de reactivación económica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al extrapolar esta cifra, se estima que aproximadamente 1.790.000 personas se encuentran desocupadas en el país.
La tasa de actividad (población económicamente activa sobre el total de la población) se situó en 48,2% en el primer trimestre de 2025, mientras que la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas en relación con la población total) alcanzó el 44,4%.
Un aspecto notable de este período es el cambio en la composición del empleo. Según Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, se observó un fuerte crecimiento del empleo por cuenta propia, que pasó del 21,9% al 23,5%, y de los asalariados no registrados, que aumentaron del 35,7% al 36,3% dentro de los trabajadores en relación de dependencia. Esta dinámica contribuyó a que la tasa de informalidad alcanzara el 42% entre enero y marzo de 2025, en comparación con el 40,8% del primer trimestre de 2024.
En cuanto a la tasa de desocupación juvenil (14 a 29 años), se observó un incremento preocupante: en mujeres, pasó del 17,3% al 19,2%, y en varones, del 14,1% al 15,1%. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) se destacó que el desempleo juvenil alcanzó niveles récord, con un incremento de 2,3 puntos porcentuales para esta población en los últimos dos años, mientras que para la población general el aumento fue de 1 punto porcentual.
El Gran Buenos Aires fue la región más afectada, registrando una tasa de desempleo del 9,1%, lo que la sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. En contraste, la Patagonia presentó la menor tasa de desempleo, con un 4,9%, aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo del promedio general.
/DH
NacionalPolítica & Economía
La Corte Suprema reactivó la causa «Correo Argentino» tras el fallo contra Cristina Kirchner

El máximo tribunal reanudó la investigación sobre el caso tras confirmar la prisión de 6 años a Cristina Kirchner. Nuevas decisiones incomodan al ex presidente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó recientemente una decisión que reavivó la causa «Correo Argentino». El tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri. Este nuevo giro ocurre tras la reciente confirmación de la condena de 6 años de prisión a otra figura política, Cristina Kirchner.
La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso a los fallos de la Corte. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva el expediente, sino que también impone una sanción económica a los recurrentes, que deberán realizar un depósito bajo apercibimiento de ejecución.
Se investigan distintas irregularidades relacionadas con un acuerdo entre el Estado Nacional y una empresa controlada por el ex presidente Mauricio Macri, concerniente a la deuda de Correo Argentino S.A.. La Corte desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)».
Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., junto a Jaime Kleidermacher, su abogado, estaban siendo investigados desde 2017 por el juez federal Ariel Lijo. Ambos intentaron recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando «temor de parcialidad». La defensa argumentó que ambos jueces manifestaron una “enemistad” hacia Mauricio Macri y, en consecuencia, hacia ellos, sugiriendo que la causa tenía un contenido político destinado a “destruir” la imagen del ex mandatario.
Imparcialidad cuestionada
Los directivos de Correo Argentino S.A., que es gestionada por SOCMA, la empresa familiar de los Macri, expresaron dudas sobre la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno anterior. Además, se argumentó que Boico, antes de asumir como juez, había defendido a diferentes funcionarios kirchneristas, incluida Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ratificaron la decisión de rechazo a la recusación interpuesta. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, destacó que «la defensa no logró substanciar objetivamente el temor de parcialidad» en este contexto particular.
Desenlace del recurso
El reclamo llegó a la Corte a través de un recurso de queja, donde se dictó una resolución clara: « Se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución«.
En esta causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, se indagan a otros involucrados, como el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Todos están acusados en relación a un acuerdo de 2016 por el cual el Estado decidió licuar el 98,87% de la deuda de Correo Argentino S.A. La fiscal Gabriela Boquin alertó sobre esta maniobra, calificándola como «ruinosa» y «abusiva», lo que logró detener la implementación del pacto.
Con esta decisión, la Corte confirmó la continuidad de la investigación, manteniendo bajo la lupa judicial a los directivos de Correo Argentino y, por ende, al Grupo Macri en esta compleja causa.
/m1
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