«Esto es borrar de un plumazo toda la política pública de control de armas en Argentina». Así califican los especialistas en políticas de desarme la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver por decreto la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y sus exclusivas funciones de control para reestablecer el cuestionado Registro Nacional de Armas (Renar) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Afirman a Página/12 que, en relación con todas las políticas que el gobierno viene adoptando en torno a la liberalización de la tenencia civil de armas, la última decisión es «la más grave» porque implica «un retroceso de medio siglo» para «vaciar» al Estado de la posibilidad de controlar el uso de armas. Las organizaciones piden al Congreso que rechace el decreto.

Primero fue la edad: en diciembre del año pasado, el gobierno bajó de 21 a 18 la edad permitida para comprar y tener armas legalmente. Luego fue la flexibilización de los trámites, en mayo de este 2025, con la habilitación de un trámite digital de «tenencia express». Le siguió, hace sólo unas semanas, la decisión de habilitar a los legítimos usuarios la compra de armas semiautomáticas como las que protagonizan las sucesivas masacres civiles de Estados Unidos. En el medio, la eliminación de diversos trámites y tasas para la fabricación, venta y compra de armas. Ahora, aunque nadie pueda asegurar que este vaya a ser el final, la decisión de disolver directamente la Anmac y volver al Renar, que ya no será autárquico sino que tendrá dependencia directa de Seguridad.

Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme, asegura que esta última decisión «es la más grave de todas las que hemos venido viendo en los últimos meses«. «Es comprarse un problema que Argentina no tenía en relación a las armas porque implica vaciar la posibilidad de que el Estado las controle. Significa la eliminación de hecho de cualquier tipo de facultad del Estado de promover una política de desarme eficaz. Con esto volvemos a 1973, con el Estado renunciando a prevenir la violencia con armas de fuego», agrega en diálogo con este diario.

La Red fue una de las primeras organizaciones en salir a repudiar la medida a través de un comunicado en el que se hace foco precisamente en ese año: 1973. Fue el momento en el que se creó el Renar, «un registro pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego». El Renar, todo un símbolo de la flexibilidad en el control de armas, fue reemplazado en 2015 por la Anmac a través de la aprobación casi unánime en el Congreso de la Ley N° 27.192. La Red señala que el objetivo de la ley fue crear «una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada: un claro norte para la formulación de políticas de control y de restricción de la proliferación de armas de fuego».

Tras el rechazo de la Red se sumó también la sede argentina de Amnistía Internacional, que ubicó a la última medida dentro de una serie de «alarmantes y regresivas» políticas del gobierno en el área. Aseguraron que la decisión de disolver la Anmac «implica un grave retroceso en una política estatal restrictiva en materia de armas de fuego», ya que la agencia tenía «funciones fundamentales para la prevención de la violencia armada».

 «¿Qué consecuencias tiene esto para nuestra sociedad? Más armas y más violencia. Una sociedad armada no es una sociedad más segura. El Congreso debe revisar y rechazar este decreto y promover una política pública de control de armas y prevención de la violencia, que priorice la vida, la seguridad y la paz social», agregaron. Un detalle considerable es que el gobierno pudo tomar esta medida por decreto gracias a las facultades delegadas que justamente el Congreso le otorgó con la aprobación de la Ley Bases. 

Pero además de la eliminación del carácter autárquico de la agencia y del simbolismo de la restitución del Renar, el Decreto N° 445/25 tiene consecuencias concretas en la política de control de armas. No solo porque elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada que, entre otras fuentes, financiaba a la agencia, sino porque se derogan artículos de la ley que establecían funciones, competencias, alcances y herramientas específicas para el desarme. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, los artículos que definían que la agencia debía tener delegaciones territoriales en distintos puntos del país y elaborar un plan nacional de desarme.

El Artículo N°5, que fue borrado por completo, establecía 17 funciones de la Anmac,  entre las que se pueden enumerar las de registro, autorización y control de la fabricación de armas, su destrucción en el marco de las políticas de desarme, la administración del Banco Nacional de Materiales Controlados, el dictado de cursos y seminarios sobre el tema, la elaboración de campañas de regularización de la situación registral, y hasta la realización de relevamientos estadísticos de actividades vinculadas al uso de las armas. Todo, advierte Alfie, fue borrado «de un plumazo» junto a «toda la política pública de control de armas».

Como siempre, la justificación oficial apareció en nombre de la desregulación y del recorte. Así, no fue Bullrich sino Federico Sturzenegger el encargado de defender en su cuenta de X la decisión en nombre del ahorro de gastos: «Dijimos varias veces que los organismos descentralizados son caros porque requieren una estructura administrativa propia y porque generan incentivos a la proliferación de trámites pagos; por ello, la transformación de la Anmac en un desconcentrado sigue, como ya hemos hecho en muchos otros organismos, bajando el costo del Estado, en este caso sin afectar sus funciones sustantivas«, sostuvo, aunque todavía nadie aclaró de qué forma las funciones básicas del Artículo N° 5 derogadas en el decreto seguirían formando parte del restituido Renar.

Mientras tanto, desde la Red piden al Congreso que tome cartas en el asunto para rechazar el decreto. Aseguran que el gobierno de Milei «imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada«: «Que cualquier conflicto social pueda terminar a los tiros, que niños y niñas estén más expuestos a balaceras, masacres escolares o accidentes con armas, que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías, que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego, y que aumente el riesgo de suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares».

Desde Amnistía, por su parte, ya habían advertido sobre los riesgos de la imitación estadounidense cuando el gobierno decidió habilitar la compra de semiautomáticas, armas de alto calibre que hasta entonces estaban reservadas para instituciones armadas. Entonces señalaron que, en ese país, «un promedio de 109 personas muere por día debido a la violencia con armas», mientras que «la violencia armada es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años«. 

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Desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunciaron un cronograma consecutivo de paros, en diferentes horarios, desde el 12 al 30 de julio. Un conflicto colectivo que lleva 10 meses sin respuesta.

El conflicto de los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que reclaman mejoras salariales, continúa. En este contexto, dispusieron un cronograma de medidas de fuerza para julio, que afecta los fines de semana de las vacaciones de invierno.

El sindicato aeronáutico informó una serie de horarios y días de las próximas semanas en las que estarán afectados los despegues de toda la aviación en los distintos aeropuertos del país, en reclamo por un incremento salarial.

La retención de tareas será a lo largo de julio, incluyendo los viernes 11, 18 y 25, el sábado 12, los domingos 13, 20 y 27, el martes 15, el jueves 24 y el miércoles 30. De esta manera coincidirá con días claves del receso invernal, que a nivel escolar se desarrolla en las distintas semanas del mes dependiendo la provincia.

En Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán las vacaciones se extienden del 7 al 18 de julio, en Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego descansan desde el 14 al 25 de julio y en Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero el receso va entre el 21 de julio y el 1 de agosto.

Desde el gremio argumentan que el conflicto colectivo arrastra “10 meses sin respuestas” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) y la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

Al respecto, denuncian que “la autoridad aeronáutica continúa presentando informes tendenciosos y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga”.

En este marco, anunciaron que “habiendo agotado todas las instancias administrativas informamos que ratificamos el nuevo cronograma de medidas de fuerza y que el mismo comenzará el día 11 de julio a partir de las 12:00 horas”.

El cese de actividades de los controladores aéreos afecta el despegue de aeronaves, lo que implica que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra y tampoco se recibirán ni se transmitirán planes de vuelos.

La medida no alcanzará a todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento.

Cronograma de paros

• Viernes 11: 12:00 a 20:00 horas
• Sábado 12: 15:00 a 23:00 horas
• Domingo 13: 9:00 a 17:00 horas
• Martes 15: 14:00 a 23:59 horas
• Viernes 18: 16:00 a 02:00 horas (finaliza el 19/7)
• Domingo 20: 12:00 a 22:00 horas
• Jueves 24: 12:00 a 23:59 horas
• Viernes 25: 06:00 a 18:00 horas
• Domingo 27: 14:00 a 02:00 horas (finaliza el 28/7)
• Miércoles 30: 12:00 a 23:59 horas

Estas medidas de fuerza podrían no ser las únicas en el ámbito de la aviación durante las vacaciones, ya que este jueves 10 de julio se llevará a cabo un plenario de dirigentes y delegados de los cinco gremios aeronáuticos (APLA, UPSA, APA, Aeronavegantes y ATEPSA) para “analizar y coordinar acciones sindicales frente a políticas actuales que amenazan gravemente la sostenibilidad del sistema aeronáutico nacional”.

Los sindicatos consideran que ante el actual panorama de la aviación en el país “urge una respuesta colectiva, contundente y organizada” y remarcan que “este plenario será el espacio para trazar un plan de acción unificado en defensa de nuestra soberanía aérea, nuestras fuentes laborales y la seguridad operacional”.

/P12

En el Congreso de la Iglesia Cristiana Internacional, el Presidente encabezó la apertura del “Portal del Cielo” ante 15 mil fieles. Criticó la justicia social, el Estado y aseguró: “Por suerte están empezando a caer presos”.

En un evento cargado de referencias bíblicas y definiciones políticas, el presidente Javier Milei participó este sábado en la inauguración del mayor templo evangélico de la Argentina, el “Portal del Cielo”, en Resistencia, Chaco. Con capacidad para 15.000 personas sentadas, la sede de la Iglesia Cristiana Internacional se convirtió en el auditorio más grande del país, en el marco del Congreso Mundial “Invasión del Amor de Dios”.

Milei fue el principal orador y no ahorró críticas. “La izquierda ha tergiversado los valores judeocristianos que hicieron grande a Occidente. El que reparte se queda con la mejor parte. Pero por suerte están empezando a caer presos”, disparó, en clara alusión a sectores del peronismo, sin mencionarlos directamente.

A lo largo de su discurso, el mandatario cuestionó duramente el concepto de justicia social, calificándolo como una forma de “envidia con retórica”. Citó a economistas como Thomas Sowell y Jesús Huerta de Soto, y reiteró su ya conocida visión del Estado como “la representación del Maligno en la Tierra”.

“La ideología del Estado omnipresente propone al Estado como una suerte de Dios terrenal, pero su resultado es la ruptura entre trabajo y recompensa. Cuanto más avanza el Estado, más pobreza hay”, sostuvo ante una multitud de fieles.

El evento, encabezado por los pastores Jorge y Alicia Ledesma, fue el resultado de una década de construcción que, según ellos, se financió “íntegramente en efectivo”. La Iglesia Cristiana Internacional fue fundada en 1994 y hoy asegura tener más de 50.000 miembros activos, con actividades religiosas y sociales que se expanden a más de 40 países y cinco continentes.

Además de su faceta espiritual, el movimiento evangélico liderado por los Ledesma gestiona una amplia red de merenderos, donaciones y tareas comunitarias. Durante la pandemia, entregaron 80 toneladas de alimentos en barrios carenciados.

Para la inauguración del templo, el gobierno de Chaco desplegó un operativo de más de 120 policías, mientras que la Casa Militar estuvo a cargo de la seguridad presidencial. El gobernador Leandro Zdero acompañó el acto y fue elogiado por Milei, quien celebró los resultados de las elecciones 2023 en la provincia como “un reencuentro con los valores de la libertad”.

Las entradas para el resto del Congreso —que continuará el domingo— tienen valores que van desde los $30.000 a $100.000, mientras que las localidades económicas ya se encuentran agotadas.

/DC