La primera dama, Fabiola Yáñez se presentó esta mañana en la causa judicial en la que se investiga la violación de las medidas de restricción a la pandemia del coronavirus durante el festejo de su cumpleaños el año pasado en la quinta de Olivos, del que también participó el presidente Alberto Fernández. 

Yañez designó como abogados a Mariano Lizardo y Juan Pablo Fioribello, quienes presentaron un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello, donde está radicada la causa. Junto con Yáñez también se presentaron en el expediente otras siete de las 12 personas que estuvieron en el cumpleaños, entre ellas una menor de edad.

La presentación significa que Yáñez se puso a disposición de la justicia para ser notificada de cualquier decisión que se tome en el expediente. Los defensores no pidieron ninguna medida de prueba ni tampoco hicieron un descargo sobre lo ocurrido.

En la causa ya se tomaron las primeras medidas de prueba que hizo el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación, y sumó al expediente la foto del cumpleaños. Entre ellas que la Casa Militar de Presidencia de la Nación informe sobre las personas que ingresaron a Olivos el día del cumpleaños y si estaban exceptuadas para circular.

El expediente se inició por una denuncia de la agrupación “Republicanos Unidos” cuando se conocieron públicamente ingresos a la quinta de Olivos entre abril y julio del año pasado de allegados y amigos de Yañez que no cumplirían tareas esenciales y cuando regían las medidas restrictivas a la circulación por la pandemia del coronavirus. 

El fiscal González abrió formalmente una investigación y señaló que “el objeto procesal de la presente causa apunta a establecer la efectiva existencia de conducta en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud y que en consecuencia pudieran configurar los delitos previstos” por los artículos 205 y el 248 del Código Penal.

Se trata de las normas que castigan a quienes violan la cuarentena por no cumplir medidas para evitar la propagación de una pandemia y a los funcionarios públicos que no respeten las medidas.