La movida es encabezada por Cecilia Pando y la madre y la hermana de Alfredo Astiz, entre otras. A través de una carta pública, explicitaron que hubo contactos con La Libertad Avanza (LLA) y afirman que el presidente y su vice incumplen lo pactado.

La luna de miel entre el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y las familias de los represores parece estar llegando a su fin. Esposas, hermanas y madres de condenados por delitos de lesa humanidad les reclamaron en una carta pública a Javier Milei y Victoria Villarruel que cumplan con lo que les habían prometido durante la campaña en un reconocimiento explícito de que hubo contactos y acuerdos.

En una nota publicada en el diario La Nación, un grupo de mujeres que militan contra los juicios por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado se quejaron porque los festejos de Año Nuevo están empañados por la prisión de sus familiares o amigos. 

“¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por la vida de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes?”, se preguntan en el texto en el que presentan a los represores como damnificados por el accionar del Poder Judicial. No es una novedad la estrategia: ya lo había hecho la propia Villarruel en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi cuando dijo que el represor multicondenado Juan Daniel Amelong había sido victimizado por el proceso judicial.

La carta cierra con una pregunta: “¿Es que ya no corre por nuestras venas una sola gota de sangre?” El interrogante parece estar centrado en Villarruel, hija de la familia militar y quien –como reveló Página/12– solía marchar por la libertad de los genocidas antes de mutar hacia la representación de las “víctimas del terrorismo”.

Quiénes firman la carta por la liberación de los represores

Cecilia Pando es una de las firmantes de la carta. Durante la campaña, Pando apoyaba la candidatura de Patricia Bullrich y no perdía oportunidad para atacar a Villarruel, a quien le reprocha haber abandonado la causa de los “presos políticos” –como denomina a los genocidas encarcelados. Meses atrás, Pando le enrostró a Villarruel sus visitas a los represores en las cárceles y la acusó de haber firmado libros que, en realidad, escribía Alberto González, un marino condenado a perpetua por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Ana Magi también firma la carta. Es la esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, el excarapintada condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, y una de las militantes más reconocidas de la causa de la “otra campana del Nunca Más”. Otras de las mujeres que se sumaron a la cruzada fueron María Inés Lamolla –esposa de Carlos Esteban Pla, condenado a perpetua en San Luis– y Marta Ravasi, la psicóloga que diez años atrás estuvo acusada de facilitar la huida de su marido, Jorge Olivera, del Hospital Militar.

La periodista tucumana Luz García Hamilton también fue de la partida. García Hamilton se moviliza contra los juicios en Tucumán y se la ha fotografiado colgando carteles contra referentes del movimiento de derechos humanos como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Armó el grupo de “las chicas del Operativo Independencia” para asistir a las audiencias de ese juicio para darles apoyo a los represores que estaban en el banquillo.

La familia de Alfredo Astiz se sumó a la movida para reclamar la libertad de los genocidas. Su madre, María Elena Vázquez, fue una de las que rubricó la nota. Lo mismo que la hermana del exmarino, Lucrecia. 

Graciela de la Villa, esposa de Adolfo Donda, también firmó con ellas al igual que Patricia Isabel Mauriño, que está casada con Rafael Barreiro –un militar que fue excarcelado días después de que asumieron Milei y Villarruel-.

La carta de las mujeres explicita que hubo un compromiso de los dirigentes de LLA con las familias de los presos de lesa, que –hasta ahora– se intuía pero del que no se tenía confirmación. Durante la campaña, hubo expresiones de júbilo por parte de quienes están detenidos por crímenes contra la humanidad. Entre ellos, Jorge Acosta, el exjefe de inteligencia del grupo de tareas que operaba en la ESMA. “Se aproxima la hora de la verdad”, había escrito el exmarino condenado a prisión perpetua. Otros represores –con condenas no firmes y en prisión domiciliaria– pidieron ir a votar en el balotaje con un entusiasmo que no se había percibido antes.

Después de que Milei derrotó a Sergio Massa en la segunda vuelta, la Unión de Promociones (UP) le hizo llegar una carta al Presidente en la que le solicitaba una “solución definitiva” para los presos de lesa humanidad. El intermediario fue el diputado de LLA Facundo Correa Llano, uno de los legisladores que estuvieron reunidos el miércoles con Milei.

Hasta ahora, la única señal que se conoció vino del lado de la justicia. Una sala de la Cámara Federal de Casación Penal envió un pedido para discutir la prisión domiciliaria de los mayores de 70 –formulado por los defensores de Diego Chemes, represor del Vesubio. La solicitud se cursó horas antes de que Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Milei, llegara para una visita protocolar al primer piso de los tribunales de Comodoro Py.

@Página12// Luciana Bertoia/

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