Sociedad Sucesos
Excombatientes de Malvinas pedirán a la Corte que se pronuncie sobre torturas a soldados.

A pocos días de cumplirse los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, excombatientes se movilizarán el próximo martes a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se pronuncie en la causa judicial donde se investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982, que se encuentra paralizada hace once meses.
La movilización se realizará el martes 22 desde las 12 frente al máximo tribunal ubicado en Talcahuano 550, en el centro porteño, y será encabezada por el Cecim junto a organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, adelantó a Télam Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de la organización.
Los hechos denunciados
Después de 15 años de iniciada la causa, que contiene más de 170 declaraciones de víctimas y un centenar de militares denunciados, la Corte Suprema de Justicia debe resolver si los hechos denunciados deben ser o no investigados como delitos de lesa humanidad, lo que los convierte en imprescriptibles.
«Lo que queremos es que se los caracterice como crímenes de lesa humanidad para que se pueda investigar y habilitar el juzgamiento a los artífices del horror en Malvinas. Parte de los militares denunciados han intentado que se declare la prescripción de la acción penal», destacó el abogado.
Entre los presuntos ilícitos se encuentran la imposición de tormentos y la privación ilegítima de la libertad.
El principal medio de tortura denunciado que aparece en la mayor cantidad de casos, según el letrado, fue el estaqueamiento a soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos en el gélido clima de las islas.
También fueron denunciadas torturas como el enterramiento de pie hasta el cuello en pozos que las mismas víctimas debían cavar, la obligación de sumergirse en agua helada completamente desnudos, golpizas, picanas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia.
Dentro del grupo de personas que declararon se encuentran víctimas directas y otras que prestaron declaración como testigos y que son consideradas por la querella como víctimas indirectas de la tortura porque «bajo el fuego de una potencia enemiga les tocó ver cómo torturaban a otros compañeros de trinchera», agregó Guerrero Iraola.
El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande, y allí la jueza Mariel Borruto, se expresó en distintas ocasiones sobre los ilícitos denunciados como imprescriptibles, y procesó en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados.
La Fiscalía, la justicia de primera instancia de Tierra del Fuego y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que en la causa se investigan delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal introdujo que los supuestos ilícitos están prescriptos, y anuló un fallo judicial contra un militar acusado de torturar a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.
El beneficiado fue Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5, imputado de apremios ilegales y sometimiento a la tropa.
Este fallo revocatorio fue acorde con uno anterior en el mismo sentido firmado por otra sala de Casación que había favorecido a otro militar, Jorge Taranto, también acusado por esos hechos.
En ese contexto, la fiscalía y los querellantes recurrieron el fallo de Casación ante la Corte Suprema, y la jueza fueguina decidió esperar el trámite que tendrán esas actuaciones.
«Estamos exigiendo que la Corte primero falle rápido, y segundo que falle de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia restaurativa y justicia transicional», añadió el abogado del Cecim La Plata.
Por su parte, Ernesto Alonso agregó: «Necesitamos que el Poder Judicial de la Nación se ponga a la altura y solicitud de aquellos que fueron víctimas y además que se consolide un proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Malvinas también fue la dictadura«.
El reclamo frente a la Corte también se inscribirá dentro de la conmemoración del 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar.
En ese sentido, Alonso destacó que «los militares que fueron a Malvinas son los mismos militares que integraron los centros clandestinos de detención y el aparato represivo que vivimos desde 1976 hasta finales de 1983 donde se produjeron desapariciones, detenciones y torturas».
Por último, el abogado recordó que existe un expediente y petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuesta en 2015, y adelantó que pondrán en conocimiento de «la dilación de la Justicia argentina» al relator especial contra las torturas de Naciones Unidas.
El 1° de febrero pasado el Cecim La Plata también se había manifestado contra los magistrados de la actual Corte Suprema junto a otros organismos y dirigentes que reclamaron cambios en la Justicia bajo las consignas de repudio al desempeño de sus miembros, el reclamo contra la impunidad y por el fin del «lawfare» o la «guerra judicial» con fines políticos.
En ese marco, los excombatientes platenses habían denunciado: «Somos víctimas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación«.
/Télam


El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda.
Un sujeto fue aprehendido por el dueño de un quiniela y lo retuvo hasta que llegaron uniformados de la Comisaría 25ta. El hecho ocurrió en calle Río Bamba, entre Güemes y Esmeralda, en Rivadavia.
Según lo que informaron las fuentes, el muchacho identificado como Rodrigo Araya, de 23 años, ingresó a una agencia y sustrajo una bici Top Mega que había en el lugar de una clienta.
Inmediatamente, el propietario del local salió tras el joven delincuente y a los pocos metros lo redujo. Con la ayuda de otras personas, lo retuvieron hasta que llegó la policía. Quedó vinculado a un caso por delito de Hurto simple.
/DC

La condena a Ricardo Rodríguez desató varias reacciones, luego de conocerse la culpabilidad del integrante de la fuerza de seguridad. Las familias del sentenciado y del riojano Federico Orihuela tuvieron una fuerte discusión al finalizar el juicio.
Momentos de alta tensión se vivieron en los tribunales sanjuaninos tras conocerse la sentencia contra Ricardo Rodríguez, el policía que asesinó a balazos al camionero Federico Orihuela en Valle Fértil. La Justicia lo condenó a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego.
Apenas se escuchó el fallo del tribunal, la familia del camionero rompió en llanto y gritos dentro de la sala. “¡Asesino, las va a pagar!”, se escuchó desde el sector donde estaban ubicados los allegados de Orihuela, visiblemente conmocionados por el desenlace del juicio. Varios familiares debieron ser contenidos por personal judicial ante el dolor y la furia que desató la sentencia.
El crimen ocurrió en octubre de 2022, cuando Orihuela había ido a buscar leña a la zona de La Majadita. Según determinó la investigación, el uniformado le disparó por la espalda con su arma reglamentaria.
La defensa del expolicía intentó argumentar que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, pero los jueces rechazaron esa hipótesis por unanimidad. Con este fallo, la causa cierra con la pena máxima para Rodríguez, y una familia que, entre el dolor, pide justicia y memoria.
/TSJ

Tras ser declarado inimputable, el adolescente, que asesinó a mazazos a la jubilada Hebe Yolanda Leguiza, recibió el alta de una clínica psiquiátrica en Mendoza y reside nuevamente con sus padres en San Juan. A un año del crimen, el joven sigue en la misma situación
A un año del estremecedor crimen en Capital, en el que un menor de 15 años asesinó a mazazos a una jubilada de 71 años, fuentes del caso confirmaron, que el adolescente sigue conviviendo con sus padres en su casa de Santa Lucía y continúa con un tratamiento psiquiátrico en Mendoza, todo controlado y seguido por el equipo de psicólogos y psiquiatras de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) y la jueza de familia Marisa Valdéz.
El adolescente de 15 años continúa con un tratamiento ambulatorio tras ser declarado inimputable por el juez de Menores, Jorge Toro. El tratamiento actual contempla evaluaciones mensuales en un centro de salud mendocino que lo atendió, con informes periódicos sobre su evolución. Además, intervienen el gabinete técnico de Familia y el equipo psiquiátrico de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). También se ordenó la designación de una asistente social para acompañamiento permanente y la coordinación entre médicos de Mendoza y profesionales que ya trabajan con los padres del menor.
El abordaje se enmarca en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, que prioriza tratamientos fuera del ámbito hospitalario, el fortalecimiento de los lazos sociales y la intervención interdisciplinaria. Hay varias etapas durante el tratamiento: la de internación, evaluación, socialización, reinserción y educación, aunque no trascendió en qué etapa se encuentra el menor. Lo que sí aseguraron las fuentes es que el joven no está yendo a la escuela.
El menor estuvo internado en una clínica psiquiátrica en la vecina provincia durante tres meses y después recibió el alta. La internación se ordenó de forma involuntaria con base en lo establecido por la Ley de Salud Mental, debido a que en San Juan no existen instituciones especializadas para menores de edad y adultos. Sin embargo, la normativa establece un límite de 90 días para internaciones de este tipo, por lo que, cumplido ese plazo, el joven regresó a su entorno familiar y actualmente sus padres se hacen cargo de sus terapias y remedios.
La causa penal quedó archivada luego de que el juez Toro declarara la inimputabilidad del adolescente por su edad. Desde entonces, el caso pasó a Familia y quedó bajo la órbita de la jueza Marisa Valdéz, quien dispuso una serie de medidas de seguimiento, según indicaron fuentes consultadas.
La tarde del martes 7 de mayo de 2024, el menor de 15 años atacó con una maza a una jubilada de 71 años, Hebe Yolanda Leguiza, en calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros. Tres golpes con extrema violencia recibió la mujer que murió al día siguiente a raíz de las graves lesiones. La fiscalía Delitos Especiales, que empezó investigando el homicidio, halló al culpable a través de las cámaras de seguridad de la zona y llegó hasta la casa del menor, en Santa Lucía. A partir de ese momento, como fiscalía era incompetente para llevar el caso, tomó la posta la Justicia de Menores.
/DH
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