A pocos días de cumplirse los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, excombatientes se movilizarán el próximo martes a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se pronuncie en la causa judicial donde se investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982, que se encuentra paralizada hace once meses.

La movilización se realizará el martes 22 desde las 12 frente al máximo tribunal ubicado en Talcahuano 550, en el centro porteño, y será encabezada por el Cecim junto a organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, adelantó a Télam Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de la organización.

Los hechos denunciados

Después de 15 años de iniciada la causa, que contiene más de 170 declaraciones de víctimas y un centenar de militares denunciados, la Corte Suprema de Justicia debe resolver si los hechos denunciados deben ser o no investigados como delitos de lesa humanidad, lo que los convierte en imprescriptibles.

«Lo que queremos es que se los caracterice como crímenes de lesa humanidad para que se pueda investigar y habilitar el juzgamiento a los artífices del horror en Malvinas. Parte de los militares denunciados han intentado que se declare la prescripción de la acción penal», destacó el abogado.

Entre los presuntos ilícitos se encuentran la imposición de tormentos y la privación ilegítima de la libertad.

El principal medio de tortura denunciado que aparece en la mayor cantidad de casos, según el letrado, fue el estaqueamiento a soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos en el gélido clima de las islas.

También fueron denunciadas torturas como el enterramiento de pie hasta el cuello en pozos que las mismas víctimas debían cavar, la obligación de sumergirse en agua helada completamente desnudos, golpizas, picanas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia.

Dentro del grupo de personas que declararon se encuentran víctimas directas y otras que prestaron declaración como testigos y que son consideradas por la querella como víctimas indirectas de la tortura porque «bajo el fuego de una potencia enemiga les tocó ver cómo torturaban a otros compañeros de trinchera», agregó Guerrero Iraola.

El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande, y allí la jueza Mariel Borruto, se expresó en distintas ocasiones sobre los ilícitos denunciados como imprescriptibles, y procesó en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados.

La Fiscalía, la justicia de primera instancia de Tierra del Fuego y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que en la causa se investigan delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal introdujo que los supuestos ilícitos están prescriptos, y anuló un fallo judicial contra un militar acusado de torturar a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.

El beneficiado fue Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5, imputado de apremios ilegales y sometimiento a la tropa.

Este fallo revocatorio fue acorde con uno anterior en el mismo sentido firmado por otra sala de Casación que había favorecido a otro militar, Jorge Taranto, también acusado por esos hechos.

En ese contexto, la fiscalía y los querellantes recurrieron el fallo de Casación ante la Corte Suprema, y la jueza fueguina decidió esperar el trámite que tendrán esas actuaciones.

«Estamos exigiendo que la Corte primero falle rápido, y segundo que falle de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia restaurativa y justicia transicional», añadió el abogado del Cecim La Plata.

Por su parte, Ernesto Alonso agregó: «Necesitamos que el Poder Judicial de la Nación se ponga a la altura y solicitud de aquellos que fueron víctimas y además que se consolide un proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Malvinas también fue la dictadura«.

El reclamo frente a la Corte también se inscribirá dentro de la conmemoración del 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar.

En ese sentido, Alonso destacó que «los militares que fueron a Malvinas son los mismos militares que integraron los centros clandestinos de detención y el aparato represivo que vivimos desde 1976 hasta finales de 1983 donde se produjeron desapariciones, detenciones y torturas».

Por último, el abogado recordó que existe un expediente y petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuesta en 2015, y adelantó que pondrán en conocimiento de «la dilación de la Justicia argentina» al relator especial contra las torturas de Naciones Unidas.

El 1° de febrero pasado el Cecim La Plata también se había manifestado contra los magistrados de la actual Corte Suprema junto a otros organismos y dirigentes que reclamaron cambios en la Justicia bajo las consignas de repudio al desempeño de sus miembros, el reclamo contra la impunidad y por el fin del «lawfare» o la «guerra judicial» con fines políticos.

En ese marco, los excombatientes platenses habían denunciado: «Somos víctimas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación«.

/Télam