Fiscalía avanza en la causa en la que se falsificaron DNI que sospechosos utilizaron para sacar créditos y hacer compras con los nombres de otras personas.
El escándalo de los DNI adulterados en el Registro Civil de Pocito ha escalado significativamente, no solo porque los implicados se han ido a 11 personas, sino porque la estafa a damnificados sumó unos 65 millones de pesos. No solo eso, sino que Fiscalía también está investigando una red de asociación ilícita que operó al menos durante unos ocho meses.
Los datos salieron hoy a la luz, luego de que el fiscal federal Fernando Alcaraz ampliara la investigación que estalló el pasado 30 de junio. En ese entonces, hubo un allanamiento en el Registro de Pocito y fue detenida su encargada, Natalia Castillo, señalada como la presunta responsable de emitir los DNI adulterados.
También quedaron en la mira Rolando Navarro (quien tendría una causa por transporte de estupefacientes, dijeron fuentes judiciales), su hijo Rodrigo y Marcos Vallejos.
De acuerdo a la causa, Vallejos habría utilizado un DNI falsificado para sacar créditos y realizar compras por un total de 11,4 millones de pesos. ¿Cómo? Aportando su rostro y huellas dactilares, pero con el nombre de una persona oriunda de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Los Navarro, padre e hijo, serían los nexos en el Registro Civil pocitano y se investiga si también utilizaron documentos truchos.
Ese fue el disparador, ya que, tras el allanamiento del organismo en Pocito, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) realizó una auditoría en la que detectó 22 casos irregulares, es decir, falsificaciones de DNI.
Sin embargo, según las fuentes, solo hubo cuatro «entregas» de esos documentos. De esos casos, hay constancias de que dos involucrados sacaron préstamos y compraron artículos. Uno lo hizo por 44 millones de pesos y, el otro, por 21 millones.
Esos dos sospechosos (cuyas identidades aún no han trascendido) quedaron bajo la lupa como miembros de una presunta asociación ilícita, junto a Castillo, los Navarro y Vallejos.
Los otros cinco implicados habrían prestado sus datos para colaborar con la maniobra delictiva en otros casos. La imputación también incluye la adulteración de documento público y estafa.
Los damnificados, a los que les utilizaron sus nombres y DNI truchos, son oriundos de Buenos Aires y Santa Fe. Según la auditoría del Renaper, las irregularidades en el Registro Civil de Pocito se produjeron desde agosto de 2024 hasta marzo de 2025.
La incriminación de los nuevos imputados se dio por el avance de la investigación y luego de 10 allanamientos que se llevaron a cabo el lunes pasado.
En la audiencia, las fuentes indicaron que no estuvieron presentes los Navarro, padre e hijo. ¿Ya se los considera prófugos? Hay fuentes que consideran que sí. Luego de que el fiscal expusiera su imputación, el juez Leopoldo Rago Gallo dispuso un cuarto intermedio para mañana. El magistrado, además, estableció que sólo se le pudieron tomar fotos a él y no a los acusados, además de que los periodistas no pudieron presenciar la audiencia, cuya sala, según el fundamento dado, se vio completa debido a la cantidad de imputados.
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