El Senado de la Nación convirtió en ley, durante una sesión especial, el proyecto que prorroga por 50 años de las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades como las de bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro.

La iniciativa fue aprobada por 57 votos afirmativos, dos negativos y nueve abstenciones.

El Frente de Todos y un sector del radicalismo votaron a favor, en tanto que los negativos fueron los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, del PRO, mientras el resto del bloque macrista presente en el recinto se abstuvo.

El debate se llevó a cabo con la presencia del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y de referentes de la cultura argentina que se ubicaron en los palcos del segundo piso del hemiciclo del Senado.

El proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas previstas en los incisos b), e) e i) del artículo 4 de la ley 27.432: gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20.630; impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741; e impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26.522.

De acuerdo con el proyecto, el beneficio continuará «durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta el 31 de diciembre de 2072, lo que ocurra primero».

El beneficio servirá para financiar actividades como el cine, los servicios de comunicación audiovisual y las bibliotecas populares.

Además, será distribuido teniendo en cuenta a las diferentes jurisdicciones provinciales, priorizando a «las regiones geográficas de menor desarrollo relativo en materia de producciones culturales».

La ley fue sancionada originalmente en diciembre de 2017, en el marco de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, que estableció un límite temporal a las asignaciones específicas destinadas a cultura y comunicación.

El límite, si no era prorrogado por el Congreso, se vencía el 31 de diciembre de este año.

Si la norma no era sancionada, los recursos dejarían de ser de «asignación específica» y volverían a ser recaudados por el Tesoro Nacional como cuentas generales.

En 1994, con la Ley de Cine, se asignó el 25 por ciento de los recursos recaudados para la producción audiovisual a través del INCAA. En 1997, en tanto, se ampliaron las asignaciones específicas al teatro; mientras que al sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 se agregó la asignación específica para Radio y Televisión Argentina, Enacom, Defensoría del Público, Fondos para la comunicación comunitaria y para la música independiente a través del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

La presidenta de la Comisión de Educación, la oficialista sanjuanina Cristina López Valverde, abrió el debate diciendo que «la cultura es una dimensión vital de la democracia».

«Debemos trabajar en aras de la democratización de la cultura y de una cultura democrática», aseguró.

Además, habló de que la «industria cultural consolida la soberanía cultural» que «no puede voltear ninguna guerra».

Por su parte, el radical porteño Martín Lousteau, argumentó que «nadie es dueño de la cultura» y resaltó el movimiento económico que genera el arte.

«La cultura es 2,38 puntos del PBI, el 1,8% del total del empleo en la Argentina. Solo los servicios audiovisuales son el 0,4% del PBI», enumeró.

En cambio, la representante de PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, dijo «sí a la cultura, no a la irresponsabilidad presupuestaria» porque, según calificó, «las asignaciones específicas serán nuevamente un zarpazo del Ejecutivo nacional sobre los fondos coparticipables».

«Como representante de Córdoba, mi provincia no puede ceder ni un centavo más. Los cordobeses estamos hartos de que nos pasen por encima», sentenció.

En el mismo sentido, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá argumentó que estaba en contra de la medida, pero que «por disciplina partidaria» iba a votar a favor.

«El cien por cien de este impuesto es una asignación específica. Esto va en la dirección contraria de lo que nos impone la Constitución Nacional que dice que todos los impuestos son coparticipables», sentenció Rodríguez Saá, y criticó: «No podemos hacer esta asignación específica por 50 años porque es un atropello».

La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti aseguró que «desde diferentes bancadas pedimos el compromiso del Ejecutivo Nacional para que se comprometa a que en la reglamentación haya un piso del 30% de los recursos para que sea distribuido entre las provincias».

«Esto será así, hasta tanto nosotros saquemos la nueva ley que estamos trabajando entre todos», precisó.

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