San JuanPolítica & Economía
Energía solar domiciliaria en pausa: instalar paneles en San Juan hoy no genera ahorro

El sobrecosto impositivo y regulatorio hace inviable la generación fotovoltaica para usuarios residenciales
La provincia de San Juan se enorgullece de su potencial solar, pero los usuarios residenciales todavía no pueden aprovecharlo. Según el presidente de la Cámara de Energías Renovables provincial, Cristian Rosas, la carga impositiva que recae sobre la generación distribuida anula cualquier ahorro y desalienta la inversión familiar.
«Sí, el problema que tenemos con los domésticos… en este momento la Cámara no recomienda poner paneles solares, ya que está gravado con los impuestos; se le aplica el VAT, el VAT de valor agregado de distribución«, explicó. «Ese coeficiente, multiplicado por la energía que uno consume, termina encareciendo la boleta de la luz».
El cargo impositivo –al que se suman tasa municipal, Ingresos Brutos e IVA– se traslada al usuario incluso cuando este produce parte de su propia electricidad. Para Rosas, eso provoca que los paneles «sean invisibles» a la hora de calcular el precio final:
«Ha pasado de que, si uno tiene paneles solares en la casa, es como si no los tuviese… Exactamente. Es lo mismo que tengas y que no tengas paneles solares en tu casa».
Un freno que contradice la ley de fomento
La normativa nacional 27.424 fomenta la generación distribuida renovable, pero las disposiciones tarifarias que aplica el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) van en la dirección contraria, asegura Rosas:
«Las reglamentaciones que dicta EPRE no están adecuadas a favorecer esto, van en contra de la ley de fomento… Lamentablemente, hemos ido en una dirección contraria«.
Costos extras que multiplican la inversión
A la carga tributaria se suman requisitos técnicos que encarecen la instalación. El más significativo es la obligación de comprar y colocar un medidor bidireccional de alta capacidad:
«Ese medidor cuesta entre 400 mil y 450 mil pesos y el que retiran del domicilio se reutiliza en otro lugar; no es un costo real para la distribuidora», cuestionó.
«Además, hay que acondicionar el puesto de medición; entre mano de obra y materiales, un usuario puede llegar a gastar hasta dos millones de pesos».
Las empresas avanzan, los hogares se quedan atrás
Mientras los consumidores residenciales retroceden, las pymes y grandes firmas sí encuentran financiamiento y ventajas parciales:
«Las empresas lo van adoptando… la primera línea de crédito que hay en los bancos es para energías verdes», señaló Rosas.
No obstante, aclaró que «todavía tienen algunos impuestos que les siguen cobrando, al contrario de otras provincias que han premiado con más reducciones».
Un pedido formal para destrabar el conflicto
Ante la falta de avances, la Cámara presentó un expediente al Ministerio de Infraestructura que conduce Fernando Perea, solicitando una mesa de trabajo con todos los actores:
«Hemos pedido una reunión con la gente más capacitada en energía: el Instituto de Eléctricas de la UNSJ, DECSA, Naturgy, el Director de Recursos Energéticos José María Ginestar… para que EPRE se sienta respaldado y no tome decisiones unilaterales».
Rosas advierte que eliminar los sobrecargos podría impactar positivamente en toda la economía provincial:
«La quita puede ser tan fuerte que ayude a reducir la tarifa eléctrica, volver más competitivas a las industrias locales y evitar que ingresen productos más baratos de otras provincias que sí gozan de energía verde».
El balance por ahora: «No conviene»
El diagnóstico es tajante. A pesar del potencial solar de San Juan y de los beneficios ambientales, la ecuación económica para un hogar promedio sigue sin cerrar:
«A un usuario común no le conviene poner paneles solares… No puede vender energía ni declarar la planta porque le caen todos los impuestos como si no tuviese paneles«.
Hasta que la provincia no adapte su marco impositivo y regulatorio, la promesa de un techo solar para cada casa sanjuanina permanecerá como un proyecto a la espera de condiciones favorables.
/DZ

San JuanPolítica & Economía
Ambiente continúa trabajando en control ambiental del Dique de Ullum

En el marco de la planificación ambiental anual, la Secretaría de Ambientes realizó un nuevo monitoreo para evaluar el estado del ecosistema y orientar acciones futuras para su conservación.
La Secretaría de Ambiente, a través del Parque de la Biodiversidad, realizó un nuevo monitoreo limnológico en el embalse del Dique de Ullum, en el marco de la planificación ambiental anual. Estas actividades tienen como finalidad la recolección de muestras para su análisis en el Laboratorio Ambiental del Parque, con el objetivo de evaluar el estado del ecosistema y orientar acciones futuras para su conservación.
Durante la jornada se relevaron en el Dique de Ullum y en un tramo del Río San Juan, parámetros fisicoquímicos in situ, como pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y sólidos totales, esenciales para el equilibrio de las comunidades acuáticas y el desarrollo de las poblaciones ictícolas.
También se tomaron muestras de agua para su posterior análisis en laboratorio, a fin de determinar la riqueza y abundancia de fitoplancton y zooplancton, organismos indicadores clave para conocer la calidad del ecosistema acuático.
Desde el Laboratorio Ambiental, ubicado en el Parque de la Biodiversidad se llevan adelante durante todo el año, monitoreos en distintos cuerpos de agua de la provincia, incluyendo ríos, lagos y embalses en los departamentos de Jáchal, Iglesia, Calingasta, Valle Fértil, Ullum y Zonda.
Estos estudios permiten comprender el funcionamiento biológico de los ecosistemas acuáticos y son fundamentales para la conservación del recurso agua y la implementación de una gestión ambiental sostenible.
/SiSanJuan
San JuanPolítica & Economía
Comercio y consumo en agenda: Orrego participó de encuentros con entidades nacionales

En la provincia, se realizaron los plenarios del Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI) y del Consejo Federal de Consumo (COFEDEC) de los que participaron representantes de varias provincias.
El gobernador Marcelo Orrego participó de una las reuniones que realizaron en la provincia de San Juan el Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI), que reúne a representantes de todas las provincias del país y del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC).
Durante la jornada, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín; directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo y el subsecretario de Acciones para la Defensa de los Consumidores, Fernando Martín Blanco Muiño, entre otros.
“Es un privilegio que este tipo de encuentros federales se realicen en San Juan. Son espacios donde todos podemos opinar, compartir lo que nos pasa y coordinar acciones entre jurisdicciones, tanto en materia de comercio como en defensa de los consumidores. Estos consejos permiten generar respuestas concretas ante los nuevos desafíos del país y del mundo“, dijo el gobernador.
El COFECI funciona como un espacio de intercambio de experiencias, consulta y colaboración, en el que se diseñan acciones concretas para avanzar en la regulación, fiscalización y control del comercio interior en todo el territorio argentino. Además, uno de sus objetivos clave es recabar información tanto de entidades públicas como privadas, reforzando el trabajo articulado con los sectores productivos y promoviendo buenas prácticas comerciales.
En tanto, el COFEDEC abordará temáticas vinculadas con la defensa de los derechos de consumidores y usuarios, buscando fortalecer las políticas públicas de protección al consumidor en todo el país.
/LPSJ
San JuanEducación
Paros en la UNSJ: preocupación por el impacto académico y la pérdida de días de clase

La crisis salarial universitaria ha dejado de ser solo un conflicto laboral para convertirse en una amenaza directa a la formación de miles de estudiantes.
La Secretaria Académica de la Universidad Nacional de San Juan, Rosa Ferrer, reconoció el impacto significativo que los recurrentes paros docentes están teniendo en el desarrollo académico, especialmente en los colegios preuniversitarios. En diálogo con radio Estación Claridad, Ferrer admitió que la pérdida de días de clase se ha convertido en «un problema preocupante» que obliga a reestructurar constantemente los planes de estudio.
«Estamos en un contexto muy adverso para la educación argentina», señaló Ferrer, al referirse a los más de 15 días de paro acumulados este semestre por el gremio Adicus en reclamo de mejoras salariales. La situación se agrava tras la decisión del gobierno nacional de limitar las paritarias por debajo del 1% mensual, medida que afecta directamente a los docentes universitarios.
Ferrer explicó que la universidad implementó «etapas de recuperación y evaluaciones extraordinarias» para garantizar los contenidos mínimos obligatorios. Sin embargo, admitió que «los tiempos apremian» y que en algunos casos se ha tenido que postergar parte de la currícula para el próximo año lectivo.
«Los docentes estamos acostumbrados a reacomodar los planes en mayo y al final del primer cuatrimestre», afirmó la funcionaria, aunque reconoció las quejas de estudiantes de colegios preuniversitarios sobre la sobrecarga de tareas y la falta de explicaciones adecuadas.
Entre las estrategias implementadas para mitigar el impacto, Ferrer mencionó: la reorganización de contenidos prioritarios, períodos especiales de recuperación, evaluaciones externas y extraordinarias y ajuste de correlatividades entre materias.
La secretaria académica aseguró que «no se evalúan contenidos no dictados», respondiendo así a las críticas de alumnos sobre exámenes que incluían temas no vistos en clase. No obstante, admitió que la calidad educativa se resiente cuando los docentes deben «cumplir apurados con toda la currícula».
Perspectivas poco alentadoras
Ferrer anticipó que el conflicto podría agudizarse en el segundo semestre si no hay avances en las negociaciones salariales. «Si los paros se extienden por semana, habrá que ordenar el calendario académico de manera diferente», advirtió.
Pese a las dificultades, la funcionaria insistió en que la UNSJ mantiene los estándares de calidad: «Hasta este momento no estamos en riesgo de perder la excelencia educativa, pero la situación es compleja y requiere atención urgente».
El conflicto salarial universitario se enmarca en un escenario nacional más amplio, donde diversos sectores educativos reclaman mejoras presupuestarias ante una inflación que supera el 200% interanual. Mientras tanto, los estudiantes de la UNSJ enfrentan un segundo semestre incierto, con la posibilidad de nuevas interrupciones en su formación académica.
/DH
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