La aprobación de la norma generó rechazos de asociaciones empresarias, alerta de otras provincias mineras y reavivó un debate nacional sobre el rol del estado en la producción minera.

La última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados riojana en diciembre del año pasado declaró al litio y sus derivados como recursos naturales estratégicos. La ley habilita, entre otros puntos, a suspender los permisos exploratorios y concesiones ya otorgadas. A pesar de que La Rioja no se encuentra entre las principales provincias con desarrollo de este mineral, la aprobación de la norma generó rechazos de asociaciones empresarias, alerta de otras provincias mineras y, sobre todo, reavivó un debate pendiente en torno a la gestión de este recurso estratégico para el desarrollo económico de la Argentina.

Son apenas siete artículos los que componen la ley que fue impulsada por el poder ejecutivo provincial al mando de Ricardo Quintela, pero con el significante suficiente para repensar en cómo se va a administrar un recurso que generó 700 millones de dólares de exportaciones durante 2022 y prevé inversiones por 5.000 millones de dólares en los próximos años. 

La Ley provincial 10.608 declara al litio como recurso natural estratégico «por sus contribuciones a la transición energética y aportes al desarrollo socioeconómico de la provincia» y proclama de interés público provincial el estudio, la exploración, explotación e industrialización del litio y sus derivados.

Los artículos tres y cuatro fueron los que hicieron tronar a las entidades empresarias. El tercero suspende por 120 días los permisos de cateo, prospección, exploración y concesiones mineras relacionadas al litio en toda la provincia, y le da al poder ejecutivo la potestad de prorrogar ese mismo plazo por única vez. El cuarto establece que, en los territorios que el ejecutivo determine como zonas de interés, «quedarán caducos los permisos que se hubiesen otorgado por la autoridad minera», y las mismas deberán realizarse con participación de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), una empresa pública estatal de La Rioja para el desarrollo de la actividad minera y energía en la provincia.

Reacciones

Anticipándose al próximo paso que debe dar la ley para comenzar a regir, su promulgación a través de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, las cámaras empresarias de distintos sectores se manifestaron públicamente en contra. Primero fue la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), luego la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y finalmente la Unión Industrial Argentina (UIA). 

En los tres casos, el discurso gira en torno a los artículos tercero y cuarto, con argumentos que apelan a un vocabulario conocido frente a otras medidas de gobierno:  inseguridad jurídica, pérdida de confianza, reglas de juego, daño al futuro del país, afectación de la estabilidad jurídica. La UIA fue directa en el mensaje a Quintela: «Resulta indispensable dejar sin efecto esta medida aún no promulgada y que se encuentra -a tal efecto- a consideración del gobernador de la provincia de La Rioja, dado que la misma atenta contra el desafío que el país tiene en materia de desarrollo». 

Las asociaciones empresarias no son las únicas que dudan con el avance de esta ley. En diálogo con PáginaI12 Gonzalo Castañeda, director del Instituto de Derecho Minero de Salta, complementa desde el punto de vista jurídico: «En la etapa de suspensión y caducidad de derechos mineros van a tener múltiples planteos de inconstitucionalidad. Esto incluso podría demorar el avance de la empresa estatal sobre dichas zonas».

Victor Delbuono, investigador de Fundar y ex director de Economía Minera en la Secretaría de Minería Nacional, abre otro interrogante desde el punto de vista del desarrollo económico: «Cabe preguntarse en qué medida ello contribuirá al desarrollo provincial ya que poner en marcha proyectos de litio requiere de importantes niveles de inversión y es un interrogante si la empresa provincial EMSE cuenta hoy con los recursos financieros y técnicos necesarios, o si podría haber alcanzado acuerdos con los actuales concesionarios de las propiedades. Estas preguntas pueden enriquecer el debate legislativo escuchando también la experiencia de provincias vecinas donde la actividad ya tiene un importante grado de desarrollo como Jujuy, Salta y Catamarca», asegura en diálogo con este diario.

El verdadero debate

Ante las consultas de PáginaI12, los despachos oficiales son prudentes en las respuestas. Desde la Secretaría de Minería aseguran que las provincias, «tal como indica la Constitución, poseen la potestad sobre sus recursos, es decir, que pueden decidir la forma que quieren desarrollar la actividad con total libertad. Desde Nación vamos apoyar y acompañar para que la actividad progrese en todas las provincias». Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, complementa este mensaje: «La Constitución nacional, a partir de la reforma de 1994, es muy precisa respecto a la propiedad de los recursos naturales por parte de las provincias. Por lo tanto, La Rioja está haciendo uso de esa atribución». 

Es que más allá de las reacciones por esta ley específica, la controversia se remonta a la Constitución de 1994 que ratificó el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. De esta manera Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera a través del cual las provincias tienen el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones para explorar y explotarlos, mientras que la Nación recibe la mayor parte de los recursos tributarios vinculados a la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología.

Con el Estado Nacional imposibilitado de interferir en este esquema, las tres provincias que cuentan con la actividad más desarrollada, es decir Salta, Jujuy y Catamarca, crearon la Región Minera del Litio a través de un Tratado Interprovincial, para desarrollar conjuntamente los aspectos económico y social derivados de la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del recurso y sus productos y derivados. El objetivo es que las tres provincias brinden las mismas oportunidades para los que quieran invertir, «con reglas claras, seguridad jurídica y previsibilidad», aclaró en su momento el gobernador de Salta Gustavo Sáenz. 

Es por este motivo que el avance de La Rioja genera resquemores también en estas provincias: «El sector minero es muy sensible, y el miedo que estás medidas se repliquen o reproduzcan en otras provincias está latente», concluye Castañeda.

El tratado aún no tomó forma. Actualmente Jujuy y Catamarca son las únicas dos provincias donde hay proyectos en fase de producción comercial, y cuentan con regímenes distintos. Jujuy declaró al litio como recurso estratégico y participa con la empresa estatal provincial Jemse en las sociedades de los proyectos, con sus correspondientes utilidades. 

Catamarca, en cambio, no participa societariamente en ningún proyecto de litio. En esta provincia opera comercialmente el Proyecto Fénix, que está en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) y pertenece a la compañía Livent Corporation, subsidiaria del grupo estadounidense FMC. Salta aún no tiene un esquema porque todavía no tiene ningún proyecto en producción, pero adhirió al Tratado para fijar un criterio similar en los tres distritos. 

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