NacionalPolítica & Economía
El viaje del lawfare: Allanamiento y secuestro de teléfonos y documentos.

En la causa que investiga a jueces, funcionarios porteños y empresarios por posibles dádivas y otros delitos, la jueza Silvina Domínguez encabezó un operativo para secuestrar celulares, grabaciones de cámaras de seguridad y facturas, entre otras cosas.
La estancia del magnate Joe Lewis fue escenario de un allanamiento que duró desde el atardecer del lunes hasta las 8 de la mañana del martes. Lo encabezó la jueza Silvina Domínguez, según pudo reconstruir Página/12, en la causa donde se investiga el tour judicial-político-médiatico a Lago Escondido. En el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares –entre ellos el del presidente y administrador de la empresa «Hidden Lake SA», de Lewis–, biblioratos y documentación contable, facturas sospechosas y las cámaras de seguridad del lujoso establecimiento. En el expediente se busca determinar quién pagó todos los gastos del viaje y si se trucharon comprobantes para aparentar que todo fue abonado por los jueces y funcionarios que participaron, y que en el aeropuerto de Bariloche tuvieron la bienvenida de empresarios de medios. Los delitos que se investigan son dádivas –tal vez cohecho–, tráfico de influencias, falsedad ideológica y violación de deberes de funcionario público.
Tanto el allanamiento en la mansión de Lewis como el que se hizo el viernes pasado en el hangar y las oficinas en el aeropuerto de San Fernando de la empresa Flyzar, que trasladó a los invitados, van en la misma dirección. Como mínimo, jueces y funcionarios no pueden recibir regalos ni invitaciones de privados porque lo prohíben la Ley de Ética Pública y otras tantas normas. Luego habrá otro gran capítulo: por qué son determinados jueces los que viajaron, a qué empresas o también funcionarios beneficiaron o intentaron beneficiar alguna vez los magistrados. Es muy evidente que el viaje es parte de una lógica de uso del aparato judicial a disposición del poder político, económico y mediático. No fueron a aprender a pescar con mosca fuera de temporada, como pareciera que en algún momento intentaron tramar, ni parece convincente que hayan querido ir a retozar juntos en la montaña.
Viajeros
El viaje a Lago Escondido, territorio que Lewis está acusado de usurpar, fue revelado por este diario el 17 de octubre. Tres días después se abrió una causa judicial en Bariloche, a partir de una presentación del abogado Marcelo Hertzriken Velasco. La fiscalía a cargo de Cándida Etchepare tomó medidas preliminares y la semana pasada emitió un dictamen, después de que se filtraran los chats de los integrantes del charter judicial que al parecer armaron un grupo de Telegram el mismo día que Página/12 reveló el cónclave. También pidió ser querellante el Ministerio de Justicia. El documento de Etchepare confirmó la existencia del viaje y sus dudas sobre el intento de ocultar delitos. Imputó, de hecho, a los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, a su hijo Juan Mahiques -jefe de los fiscales porteños-, al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, experto en campañas digitales Tomás Reinke, y a los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey.
Etchepare aparecía mencionada en los intercambios filtrados. Mahiques hijo decía -según los chats filtrados- que estaba en gestiones con ella. En teoría hablaban de lograr determinadas medidas y que la causa pasara a los tribunales de Comodoro Py o directamente se cerrara. La semana pasada la fiscal se reunió con el procurador interino, Eduardo Casal, y negó acuerdo alguno. Ya al diario Río Negro le había dicho que ni siquiera conocía a los personajes. Según tuiteó el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, «no la pudieron intimidar» como para torcer el rumbo del dictamen.
Operativos
El allanamiento del lunes en la estancia de Lewis estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y contó con la presencia de la jueza Domínguez, hasta la mañana del martes, cuando terminó. Todo lo que se llevaron los investigadores puede ser crucial: tanto los celulares de quienes trabajan allí y del titular de Hidden Lake, Nicolás Van Ditmar -quien se encargó incluso de recibir al contingente en el aeropuerto-, como las grabaciones de cámaras para corroborar quiénes estuvieron y qué sucedió allí, como toda la documentación contable y facturas. Van Ditmar había entregado a pedido de la Justicia facturas por la estadía por 605 dólares a nombre de los jueces y funcionarios, pero no de los particulares, Bergroth y Reinke, que pueden ser tranquilamente invitados y no tienen que rendir cuentas. La fecha, además, es posterior. La estadía fue entre el 13 y el 15 de octubre pero los comprobantes son del 28 de ese mes. Habrá que contrastar con lo que se encontró en el lugar. La fiscalía ya había pedido que la AFIP hiciera un análisis contable.
En el procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, en dependencias de Flyzar, la Unidad Operativa de la Policía Federal se llevó documentos y dispositivos para ser analizados. Etchepare ya había señalado también sospechas sobre los comprobantes de los pasajes, con fechas disímiles, aunque pagados en el momento y al contado, por montos de entre 60 mil y 120 mil pesos, que no coinciden –según verificó este diario– con el de un charter privado, que ronda los 36 mil dólares. El material es analizado por la División Pericias Informáticas y Electrónicas y la División Requerimientos judiciales de Imágenes Investigativos, ambas de la Policía Federal. Esta fuerza a través de su unidad operativa en Bariloche también participa de la pesquisa. Habrá que ver a quién le encomienda la jueza el análisis de los celulares y las cámaras, entre otros elementos cruciales.
También habrá que ver si entra en el análisis de la causa la relación entre los jueces que viajaron y los beneficios que pudieron brindar desde su función. Como ya se señaló, Mahiques falló a favor de Lewis por la prescripción de la causa sobre el predio de Lago Escondido. Cayssials, según publicó El Destape, tiene 82 expedientes ligados al Grupo Clarín, 24 de los cuales tuvieron movimientos posteriores al viaje en cuestión, algunos con resultados favorables a la empresa.

NacionalPolítica & Economía
Misión internacional de DDHH cuestionó la tobillera a Cristina Kirchner y exigió una condena digna

Los expertos afirmaron que la imposición de la tobillera electrónica «podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica».
Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a «garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad«.
En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la exnpresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.
Irregularidades en las disposiciones de la condena de Cristina Kirchner
El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), y no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, «aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso».
/Ed
NacionalPolítica & Economía
El Gobierno eliminó dos obras sociales por irregularidades

El Ejecutivo continúa un proceso iniciado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que ya dispuso la baja de otros prestadores.
A través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial este lunes y firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno resolvió dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.
Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.
Según la Superintendencia de Servicios de Salud, las decisiones son el resultado de una evaluación integral de la situación institucional de las diferentes entidades, realizada por personal técnico del organismo, que viene realizando auditorías en profundidad desde el inicio de la gestión.
Según las resoluciones publicadas, ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.
Respecto a los demás casos, las conclusiones establecieron que presentan una crítica situación institucional y prestacional. «Esto es debido a la merma en su población beneficiaria, con la consecuente reducción de aportes y contribuciones, al incremento de los costos de insumos médicos, a deudas originadas en amparos judiciales y a dificultades en la contratación de prestadores, de acuerdo a lo que alegó la entidad», señalaron.
Es importante destacar que los beneficiarios de la Obra Social tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características, aclaró el Ejecutivo para todos los casos.
Esta medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que impulsan el Ministerio de Salud y la Superintendencia con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar servicios de salud de calidad a sus beneficiarios.
/ámbito
NacionalPolítica & Economía
Milei celebró estar del «lado correcto de la historia» tras el ataque de EE.UU a Irán

El Presidente compartió el posteo del ministro de Defensa, Luis Petri, tras la escalada en el conflicto de Medio Oriente.
El presidente Javier Milei rápidamente se hizo eco del ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán. A través de sus redes sociales, el mandatario se encargó de repostear apoyos al accionar del país norteamericano y celebró que Argentina «esté del lado correcto de la Historia».
/Ed
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