Unión por la Patria consiguió respaldos de distintos bloques y evitó que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla ocupen su lugar en el máximo tribunal.
El decreto de Javier Milei que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema empujó a una votación en el Senado para tomar definiciones que todavía son susceptibles a intervención judicial. Las coincidencias entre el peronismo y el PRO, además de aportes de la UCR y de exlibertarios, posibilitaron el rechazo de ambos pliegos y podrían dejar vacantes dos lugares en el máximo tribunal nacional.
Pablo Blanco (UCR) fue el primero en dar quórum, anticipando su rechazo a los dos jueces junto con su compañero de bancada, Martín Lousteau. Dentro del PRO respaldaron este postura Alfredo De Ángeli, Victoria Huala y Guadalupe Tagliaferri; además del oficialista desterrado Francisco Paoltroni. El principal número lo aportó Unión por la Patria, con 33 de sus 34 senadores, con excepción de la jujeña Carolina Moisés -que forma parte del desprendimiento peronista de Convicción Federal-, la única legisladora que en su discurso adelantó su apoyo al pliego de Ariel Lijo.
El caso de Manuel García-Mansilla tuvo mayores respaldos en el recinto e incluso con el rechazo del Senado se desconoce su futuro como miembro de la Corte Suprema, dado que los demás jueces ya le tomaron juramento. Aquí colisionan dos corrientes constitucionalistas: una de ellas sostiene que como ya fue designado en comisión solo podría ser desplazado de su lugar a través de un juicio político, mientras que otra asegura que con el rechazo del Senado deja de ser juez automáticamente.
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