Un nuevo portal inaugurado hace unos días se convirtió en el colmo de la guerra interna que divide al máximo tribunal. Mientras Lorenzetti maneja el CIJ, Rosatti y Rosenkrantz lanzaron «Justicia.ar». Cada facción exhibe en ellos sus rivalidades, sus antipatías y sus disputas por la influencia, que insumen cuantiosos recursos. 

Son tres jueces los que quedaron en la Corte Suprema y, desde hace unos pocos días, tienen dos portales web que exhiben sus intereses y marcos de alianzas. Toda excusa es buena en la cima del Poder Judicial argentino para exhibir sus rivalidades, sus antipatías y sus disputas por la influencia. Mientras una web cuenta con el auspicio de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; la otra es la marca registrada de Ricardo Lorenzetti, que aprovechó para enrostrarles a sus colegas que tienen el “ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”. La pelea, que insume cuantiosos recursos, muestra al máximo tribunal encerrado en una lucha de egos y de internas palaciegas.

El 24 de abril pasado, la Corte informó el nacimiento de Justicia.ar, que se presenta como “el portal de la justicia argentina”. En la gacetilla que distribuyeron desde el cuarto piso del Palacio de Justicia, se explicaba que el sitio ofrece información pública sobre el funcionamiento, organización, servicios para la ciudadanía y novedades institucionales de todos los poderes judiciales del país.

La decisión de crear un nuevo portal fue adoptada el año pasado por Rosatti,  Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, cuando todavía integraba el tribunal. Lorenzetti, por el contrario, se opuso con furia: dijo que ya existía para eso el Centro de Información Judicial (CIJ), que se había creado durante su presidencia.

El CIJ se puso online en octubre de 2008 y, desde 2009, funcionaba como una agencia de noticias del Poder Judicial. La creación de ese portal fue impulsada por Lorenzetti en la Conferencia Nacional de Jueces y Juezas que se hizo en Santa Fe en 2006. Al año siguiente, asumió como presidente del tribunal y avanzó con su puesta en marcha.

La pelea por la comunicación de lo que sucede en la Corte es de vieja data. Nunca quedó tan expuesta como después del golpe palaciego del 11 de septiembre de 2018 con el que Rosenkrantz, Rosatti y Elena Highton de Nolasco desplazaron a Lorenzetti como titular del alto tribunal.

La primera batalla que libraron Rosenkrantz y Lorenzetti fue justamente por la comunicación de la Corte y particularmente por el control del CIJ. Fue una discusión con ribetes escandalosos e incluyó cartas públicas y resoluciones de los cortesanos. Lorenzetti acusaba a Rosenkrantz de querer privatizar el CIJ y Rosenkrantz le respondía que le tenían que dar las claves porque el portal dependía de la presidencia del tribunal. Según contó Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte, los supremos casi abandonan el género epistolar y se van a las manos en la previa de una reunión con jueces de otros países que habían venido por la cumbre del G20 convocada por el entonces presidente Mauricio Macri.

Por el momento, conviven Justicia.ar, el CIJ, la web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la del Consejo de la Magistratura –que también preside Rosatti– y la del Poder Judicial de la Nación (PJN).

Las críticas

Un rato después del anuncio del nacimiento de Justicia.ar, Lorenzetti contraatacó desde su trinchera, el CIJ. Allí se publicó la que había sido su disidencia en la resolución 2512/2024, a través de la cual sus colegas resolvieron crear un nuevo portal. “La Constitución ha conferido a la Corte Suprema la trascendente misión de sostener la independencia del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos. Esa función se desnaturaliza cuando se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”, arrancaba el supremo.

En ese momento, Lorenzetti acusaba al resto de los cortesanos de tomar “decisiones apuradas para crear oficinas, direcciones e ingresos de personal, afectando la eficaz utilización de recursos, como pocas veces se ha visto en este tribunal”. Entonces, les achacaba que se apuraban porque Javier Milei había postulado a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar un lugar en la Corte. El tema terminó mal: el Presidente los designó en comisión porque no había conseguido el aval de los dos tercios del Senado. La Cámara Alta se puso en marcha, y García Mansilla consiguió la mayoría calificada –pero en contra. Lijo nunca dejó su juzgado en el tercer piso de Comodoro Py.

Lorenzetti, además, les decía a sus colegas que la idea del portal era vieja, que ya se había querido implementar 20 años atrás y que había fracasado por la diferencia de criterios entre la Corte y las justicias provinciales. Sostenía que el CIJ tiene un lugar consolidado: de hecho, allí se puede acceder a sentencias de tribunales orales y cámaras revisoras, y también ver la asignación de distintas denuncias que hace la Cámara Federal de Comodoro Py.

Además, Lorenzetti les reprochaba a los otros cortesanos que se había “reemplazado un sistema institucional de comunicación por uno basado en rumores”. 

En el cuarto piso del Talcahuano 550, si hay algo que no se respira es paz. Al momento de dejar la Corte, García-Mansilla, también afecto al género epistolar, escribió una larga carta en la que decía que el tribunal demoraba la resolución de 90.000 expedientes. 

Una política de olvido

La existencia del portal se difundió dos días después de que se cumplieran los 40 años del Juicio a las Juntas, piedra fundamental de la reconstrucción democrática. Desde la Corte no se conocieron homenajes a quienes participaron de ese proceso que se extendió entre abril y diciembre de 1985.

En Justicia.ar hay apartados dedicados a distintas políticas públicas que impulsa el Poder Judicial: acceso a la justicia, género, transparencia, lenguaje claro, estadísticas, juicios por jurados e inteligencia artificial. Sorprendió que, por ejemplo, no se dedicara un apartado a los procesos por crímenes de lesa humanidad que hicieron de Argentina un ejemplo en el mundo. De hecho, hubo organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que le pidieron formalmente a la Corte que facilitara el seguimiento de los expedientes vinculados a los delitos cometidos durante los años del terrorismo de Estado.

En la Corte se registran retrasos en estas causas, lo que incluso derivó en una presentación de los organismos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Corte entonces respondió que las causas de lesa humanidad estaban dentro de sus prioridades, pero se esmera en no demostrarlo.

El “olvido” podría enmendarse. Desde el máximo tribunal dijeron que irán sumando “otras funcionalidades”, pero llamó la atención la omisión justo cuando se recordaba el 40º aniversario del juicio a los excomandantes.

El portal depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional, que está dentro de la órbita de Rosenkrantz, impulsor del fallo del 2×1 para los represores de la última dictadura –sentencia de la que se cumplieron ocho años el sábado. La Secretaría de Desarrollo Institucional está actualmente a cargo de Juan Pablo Lahitou, que llegó a la Corte de la mano de Rosenkrantz. 

Hasta que lo convocó el supremo, Lahitou se había desempeñado como el número dos de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) del gobierno de Cambiemos. Lahitou era la mano derecha de Bernardo Saravia Frías, funcionario que fue investigado como uno de los integrantes de la llamada “mesa judicial” macrista y sobreseído por la jueza María Eugenia Capuchetti, que cerró la causa entre gallos y medianoche. Lahitou tiene un pasado vinculado a los portales judiciales. Había sido cofundador del blog Todo sobre la Corte.

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La Asociación de Trabajadores del Estado definirá un plan de acción por el ajuste que lleva adelante el Gobierno y por las condiciones que impuso el FMI.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunirá con los representantes de cada provincia para definir un plan de acción por el ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional y, luego, realizará un plenario junto a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) donde dialogarán sobre las condiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le impuso a la Argentina en el último acuerdo con la gestión del presidente Javier Milei.

En un comunicado de ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar manifestó que, tanto los estatales como los sectores populares y los jubilados, fueron “los más castigados por las políticas” del Ejecutivo Nacional y que, por ese motivo, deben reunirse “para seguir resistiendo y empezar a planificar el contraataque”.

“Estamos cerca de dar vuelta la tortilla. Tenemos que seguir encontrándonos para debatir. El Gobierno se desgasta y la batalla cultural empezó a equilibrarse. Este es un momento que tenemos que aprovechar”, expresó Aguiar.

Por otra parte, declaró que ATE “se mantiene en alerta” debido a las últimas declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en las que aseguró que “fusionará organismos públicos”, poniendo en disponibilidad a trabajadores de la planta permanente del Estado y provocando nuevos despidos, como así también por el recorte de los salarios en el sector público a partir de paritarias que se ubicaron debajo de la inflación (y por lo que pidieron “la inmediata reapertura” de las mismas).

El encuentro de Conducción Nacional será el miércoles 7, con la presencia de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, en el Hotel 27 de Junio del sindicato (Defensa 1469, CABA) a las 10hs. mientras que el jueves 8 se llevará adelante el plenario conjunto con la UTEP, en la Sede Nacional de ATE (Av. Belgrano 2527) a las 15hs.

“El nuevo acuerdo con el Fondo terminó de decretar a la Argentina como un país intervenido por el FMI y por los Estados Unidos. Estos derechosos nos quieren hacer creer que es el capital el que genera el trabajo cuando en realidad somos los trabajadores los creadores de la riqueza en nuestro país. Quieren un Estado pequeño para que nada obstaculice su acumulación. Tenemos que seguir defendiendo la idea de que el Estado tiene que estar siempre al servicio de todo el pueblo”, concluyó Aguiar.

/LPSJ

La directora del Banco Mundial destacó que este tipo de políticas son clave para preparar a la fuerza laboral ante los desafíos que presentan las nuevas tecnologías y la transformación del mercado de trabajo.

El Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de u$s230 millones para Argentina destinado a mejorar el acceso al empleo formal y a oportunidades laborales de calidad para personas desempleadas. El préstamo respalda el proyecto “Fomentar mejores empleos con programas integrados de formación y empleos”, que incluye los programas nacionales Fomentar Empleo y Volver al Trabajo, coordinados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Marianne Fay, destacó que este tipo de políticas son clave para preparar a la fuerza laboral ante los desafíos que presentan las nuevas tecnologías y la transformación del mercado de trabajo. “En los próximos diez años, 1,9 millones de jóvenes alcanzarán la edad laboral. La inversión en capacitación es fundamental para que encuentren empleos de calidad”, explicó.

Nuevo préstamo del Banco Mundial: más de 800.000 personas serán alcanzadas

Según informó la entidad, en esta nueva etapa se espera que más de 800.000 personas desempleadas accedan a servicios de capacitación, orientación laboral o se inscriban en programas de reinserción. Entre las ofertas formativas, se incluyen cursos para certificar competencias sociolaborales básicas y para emprendedores que trabajen por cuenta propia.

Desde su implementación, el programa Fomentar Empleo ya cuenta con más de 400.000 participantes. Además, el Portal Empleo —una herramienta digital gratuita— logró reunir a 1,7 millones de personas registradas en búsqueda activa de empleo, capacitación y asesoramiento. Por su parte, más de 7.500 empresas ya publicaron sus vacantes laborales en la plataforma.

El proyecto también permitió capacitar a más de 2.000 trabajadores de oficinas de empleo municipales y desarrollar el Observatorio de Ocupaciones de Argentina (OOA), que permite analizar el mercado laboral y orientar políticas públicas más eficaces.

El crédito otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) será de margen variable, con un plazo de 32 años y un período de gracia de siete años.

Este préstamo se suma a un contexto de fuerte respaldo internacional al gobierno argentino. El pasado 2 de abril, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al titular del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, con quien discutió las reformas económicas en marcha y el acompañamiento del organismo multilateral para consolidar la estabilidad macroeconómica y la generación de empleo.

/ámbito