La iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández contra los integrantes del máximo tribunal despierta polémica entre juristas y expone las profundas diferencias entre el Gobierno y la oposición. Ante un escenario que se vislumbra adverso para el oficialismo, ¿qué probabilidades de prosperar tiene el proyecto?

Por Juan Lehmann, Agencia de Noticias Sputnik.

El Congreso argentino comenzará a tratar el 26 de enero el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Impulsada por el mandatario Alberto Fernández y respaldada por 12 de los 24 gobernadores provinciales, la moción busca destituir a los cuatro magistrados que conforman el máximo tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

«Los jueces actúan como dirigentes de la oposición, defienden al poder económico y al proyecto político de Juntos por el Cambio. Por eso validaron todos los decretos impulsados por Mauricio Macri durante su presidencia [2015-2019] y ahora se expresan así», dice a Sputnik Marcelo Casaretto, diputado nacional del Frente de Todos y uno de los 15 legisladores que presentaron el proyecto de juicio político.

Son cuatro las razones esgrimidas que buscan sustentar el proyecto:

El fallo por la coparticipación federal. Se trata de la medida cautelar dictada por la Corte el 21 de diciembre pasado que amplió del 1,4% al 2,95% la porción de los impuestos denominados fondos coparticipables que el Estado nacional debe transferir a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta, integrante de la alianza Juntos por el Cambio y potencial candidato a presidente. De este modo, fue revertida la medida dictada por el mandatario Fernández, que reducía el porcentaje del 3,5% vigente al 1,4%, restituyendo una porción del monto previo.

La modificación del Consejo de la Magistratura. A través de la resolución publicada en diciembre de 2021 fue declarada la inconstitucionalidad de una ley de 2006 que reducía de 20 a 13 a los integrantes del organismo responsable de elegir y remover a los magistrados.
El pedido de juicio político del oficialismo señala que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien conduce también el Consejo de la Magistratura, «manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas».

Irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial. En 2021 emergieron diversas anomalías en la administración de los fondos de la obra social —entidad que presta servicios de salud a los trabajadores— de la institución, cuya fiscalización es atributo de la Corte Suprema, según apunta el Gobierno.

Fallo del «dos por uno» a genocidas. En 2017 los supremos Rosatti y Rosenkrantz votaron a favor de computar por dos cada día que permanecieron en la cárcel sin condena firme los ejecutores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983). El dictamen luego derogado por el Congreso.

El malestar del congresista Marcelo Casaretto apunta, principalmente, al citado fallo de la coparticipación federal.

«Es una arbitrariedad muy grande concentrar recursos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, a expensas de las provincias. La Corte decide que este dinero le quede a Horacio Rodríguez Larreta, aunque implique que haya menos viviendas en el interior de la Argentina», sostuvo.

Casaretto también grafica su lectura del escenario con una metáfora deportiva.

«En el fútbol hay árbitro, pero si este agarra la pelota con la mano y mete un gol para un equipo quiere decir que no se respetan las reglas de juego. Hoy los jueces de la Corte Suprema son árbitros que inclinan la cancha para un equipo, son operadores políticos de Juntos por el Cambio«, sentencia.

Del tecnicismo a la cuestión de fondo

Consultado por Sputnik, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez considera que «desde el punto de vista constitucional los hechos enunciados no conforman la causal de mal desempeño principalmente porque el contenido de las sentencias es jurídicamente opinable».

Según el letrado, el escenario en el cual se inscribe la moción impulsada es, a priori, adverso para el Frente de Todos.

«Estas acusaciones por ahora no tienen la profundidad necesaria. De todos modos, hay que ver si en el futuro surgen elementos que modifiquen la posición original con la que empieza a trabajar la comisión de juicio político», señala.

Sin embargo, existe un aspecto subyacente crucial para comprender la posición del sector que impulsa el juicio a los magistrados: el manejo discrecional de los tiempos por parte del tribunal.

«La Corte no tiene plazos ni agenda cronológica. No está obligada a ir resolviendo los casos a medida que ingresan. Por eso, cuando dicta un fallo, más allá de lo jurídico, está tomando un posicionamiento político: ¿por qué se expresa en un momento y no en otro? La Corte actual ha tenido un déficit en el manejo de los tiempos», analiza Gil Domínguez.

En este sentido, el jurista considera que el fallo de la Corte sobre la coparticipación federal «tiene aspectos positivos y negativos. Pero la pregunta es por qué es dictado en este momento particular, ¿por qué una medida cautelar se dicta en un contexto así, justo durante las fiestas, y no más cerca de marzo?».

Perfectos desconocidos

Dentro de los aspectos que sobrevuelan la iniciativa de juicio político se halla la filtración de supuestos chats comprometedores entre el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires —distrito beneficiado por el fallo del tribunal—, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, vocero del magistrado Rosatti.

La filtración de estas supuestas conversaciones —cuyo origen se desconoce—, se inscribe en un contexto marcado por el viaje encubierto de empresarios, jueces y políticos, entre ellos el propio D’Alessandro, a la propiedad del magnate inglés Joe Lewis situada en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro (sur), cónclave que fue denunciado públicamente por el presidente Fernández.

La relevancia de las conversaciones difundidas —y de la reunión secreta revelada por el diario Página 12— cobra otro calibre dado que saltaron a la luz apenas semanas después de la condena judicial a Cristina Fernández por la causa Vialidad, sentencia que devino en su renunciamiento a cualquier candidatura para las elecciones de este año. Dado que la vicepresidenta puede apelar el fallo y forzar a que sea elevado hasta la Corte Suprema, diversos dirigentes del oficialismo han remarcado su preocupación por la supuesta relación cercana entre funcionarios opositores y el entorno del presidente del máximo tribunal.

Gil Domínguez considera que «los chats entre Robles y D’Alessandro son muy graves y deben ser investigados penalmente. Pero esto está en una etapa primigenia, y hasta ahora no se demostró ningún vínculo entre estas conductas y Horacio Rosatti. El que está involucrado es su vocero, no él», remarca.

Salir del laberinto

El oficialismo necesita dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados (172) para elevar el proyecto al Senado, pero cuenta con apenas 118 escaños. El objetivo del Frente de Todos es iniciar la investigación apenas comience el período de sesiones extraordinarias, el 23 de enero.

Independientemente de la iniciativa oficialista en cuestión, la búsqueda por transformar el Poder Judicial —con una abrumadora imagen negativa en la opinión pública, según un estudio de la Universidad de San Andrés— tiene un consenso transversal a todo el arco político.

«Si no hay una renovación integral y sistémica del Poder Judicial en la República Argentina no importa que cambien los nombres porque el sistema va a seguir fallando, el problema de Argentina no es de nombres, sino de sistema», apunta Gil Domínguez.

Para el jurista alcanzar pactos interpartidarios es deseable y necesario.

«Si no hay un acuerdo político, la Corte Suprema va a ir a una situación de mayor parálisis. No es posible reformar la Justicia si no hay un acuerdo político», explicó.

El diputado oficialista Casaretto, por su parte, remarca la urgencia de situar al Poder Judicial en el centro de la agenda pública.

«La Justicia es un poder del Estado sobre el cual hay una especie de manto que hace que no se le discuta nada», sostuvo Casaretto a tiempo de concluir que «el presidente se presenta a la elección y la gente decide votarlo. Pero los jueces de la Corte son vitalicios, quedan hasta que se jubilen. El único mecanismo de revisión es este: sin dudas la Justicia debería democratizarse».

@Sputnik

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