NacionalPolítica & Economía
El kirchnerismo avanza por la reforma al Ministerio Público.
Aunque todavía no tiene los votos necesarios para sancionar la reforma tan esperada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el kirchnerismo intentará aprobar esta tarde en comisión la modificación de la ley Ministerio Público Fiscal, que cambia la forma de designación y remoción del Procurador General de la Nación.
Desde las 19:25, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de Diputados debate la reforma, con una mayoría de diputados presentes y algunos de manera remota.
La diputada K Vanesa Siley inauguró la lista de oradores haciendo un repaso de los puntos centrales del proyecto que tiene media sanción del Senado y aseguró que la reforma “responde a una serie de planteos que han hecho todos los bloques”. “Queremos seguir mejorando el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, no nos neguemos a presentar y dar discusiones que fortalecen a nuestro sistema democrático”, dijo.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Gustavo Menna respondió que la reforma “pone en juego el derecho de las personas”. “Por alguna razón que vaya a saber cuál es, se propone relajar la mayoría necesaria para elegir al Procurador, y le damos a la comisión Bicameral la posibilidad de elegir al procurador interino”, se lamentó.
Evidentemente, el proyecto le otorga a la Bicameral del Ministerio público la facultad de elegir al próximo procurador interino entre todos los fiscales generales que tengan más de 10 años en el cargo. En ese listado aparecen varios representantes de Justicia Legitima.
Luis Petri (UCR-Mendoza) lamentó que Casal no haya sido invitado a participar de los debates en el Congreso. “¿Por qué tampoco convocaron a Rafecas, que es el candidato elegido por ustedes, para que diga si está de acuerdo con las reformas?”, se preguntó.
La reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado y estuvo en la lista inicial de temas para las sesiones extraordinarias pero las diferencias dentro del propio oficialismo hicieron que recién esta semana pueda tener despacho de comisión.
La ley.
La nueva ley modifica el procedimiento de designación del Procurador, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de «mayoría absoluta de sus miembros». De esta manera, ya no sería necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.
El candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández, Daniel Rafecas, reiteró ayer que esa modificación es un límite para seguir en carrera. “Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, posteó en su cuenta de Instagram.
La reforma también cambia el procedimiento para remover al jefe de los fiscales: actualmente esto se realiza mediante juicio político por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional donde la Cámara de Diputados, por mayoría especial de dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado, quien también por mayoría de dos tercios, lo juzga en juicio político.
De aprobarse el proyecto sin modificaciones, se relajarían esas mayorías y haría que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político. Asimismo, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional, quien se lo comunica a la Cámara de Diputados.
Otro de los puntos centrales de la reforma es el plazo de mandato: el cargo que hoy es vitalicio ahora sería por un plazo de 5 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.
En realidad, el principal objetivo del oficialismo es remover al procurador interino Eduardo Casal, quien sigue repitiendo que no piensa renunciar porque “hay que defender a las instituciones”. “Otra vez se está legislando en función de las personas, esta reforma avanzó porque no pueden llegar a los dos tercios para elegir al Procurador”, lamentó Casal en la intimidad.
Durante los últimos meses, Casal fue blanco de críticas y hasta de denuncias por parte del oficialismo, que intentó avanzar con su juicio político, lo amenazó con denuncias penales y puso en duda su patrimonio personal.
Hoy mismo, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió al procurador interno en una carta pública.“Eduardo Casal, un Procurador interino sin el acuerdo del Senado que prevé la ley vigente. Eduardo Casal, fiscal designado sin concurso en el año 1992, durante el menemismo. Eduardo Casal, el mismo que protege al Fiscal Stornelli -fiscal macrista si los hay-, en la también inédita situación de tener procesamiento confirmado en segunda instancia por delitos cometidos en el ejercicio de su función y seguir ejerciendo el cargo de fiscal. Y pensar que son ellos, los y las de Juntos por el Cambio, quienes dicen que queremos poner un procurador sin respetar las instituciones y que somos nosotros los que ‘buscamos la impunidad’!”, se quejó.
Casal asumió como procurador general interino en octubre de 2017 cuando renunció como jefa de la fiscales Alejandra Gils Carbó, tan hostigada por el macrismo para que se vaya como ahora Casal por el kirchnerismo. Casal, de 63 años, llegó allí porque la ley del Ministerio Público Fiscal establece que ante la licencia o renuncia del titular quien asume es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación más antiguo en el cargo. Casal lo era.
NacionalPolítica & Economía
Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentan jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad
Saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. Las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio.
El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad.
Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir. No lo hará en la sesión del miércoles convocada este viernes.
Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.
Los proyectos vetados
Los vetos alcanzan a dos normas. Una es la Ley de Movilidad Jubilatoria. Impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.
La otra es la Emergencia en discapacidad. Declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.
Maniobra dilatoria y negociaciones en marcha
La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas.
El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son “fiscalmente inviables” en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración de extrema derecha, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el Presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.
/P12
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Justicia interviene luego de que suspendan contratos millonarios entre una obra social y un socio de Martín Menem
El dueño de la compañía, Sergio Andrés Aguirre, es socio del presidente de la Cámara de Diputados en otra empresa.
Nuevo cauce judicial luego de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera): se anunció la suspensión de contratos millonarios con la empresa HTECH Innovation, luego de que se detecte que pertenecía a Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en la compañía TR Nutrition. El hecho se conoce luego de que trascendiera que una compañía de la familia Menem se adjudique de una licitación millonaria por prestar servicios de seguridad al Banco Nación.
La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue intervenida por el Ejecutivo en agosto del 2024, quedando designado Marcelo Petroni en medio de las investigaciones por presunto lavado de dinero. Al detectar irregularidades, ahora el propio interventor decidió dar de baja dos contratos por servicios tecnológicos con la compañía de Aguirre, en simultáneo a la puesta en marcha de una investigación judicial y dos auditorías.
Un informe del canal C5N exhibió las primeras facturas que emitió la compañía a Osprera. correspondientes a noviembre del 2024: son las facturas iniciales de HTECH Innovation (0000001 y 0000002) y se concretaron por montos de $40.251.879 y $7.733.119. Luego se renovaron esos valores mensualmente con sumas de entre $16 millones y $20 millones hasta la actual suspensión, superando los $150 millones de facturación. Otra situación irregular es que HTECH Innovation se constituyó seis meses antes, en abril del 2024.
La causa, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de Ariel Lijo, fue impulsada por el extitular de la UATRE, José Voytenco, quien además acusa de asociación ilícita y de desvío de fondos de la obra social a otro dirigente libertario: el diputado nacional Pablo Ansaloni, también extitular del gremio de ruralistas.
La obra social OSPRERA se encuentra intervenida por el Gobierno.
Por su parte, la resolución de Petroni a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) justifica la decisión de la suspensión de contratos “por la difusión a través de distintos medios de comunicación de presuntas irregularidades en la facturación de una empresa de tecnología contratada por la obra social” corresponde “verificar la efectiva regularidad del servicio” prestado por HTECH Innovation.
Empresa de la familia Menem estará a cargo de la seguridad del Banco Nación
La empresa Tech Security SRL, de la familia Menem, fue adjudicataria de una licitación del Banco Nación por casi $4.000 millones para prestar servicios de vigilancia en edificios de la entidad estatal. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue socio hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le cedió las acciones a su hermano.
El contrato al que accedió la compañía es para brindar sus servicios en la casa central de la banca pública, ubicada en Bartolomé Mitre al 300, y en otros cuatro establecimientos: el edificio Maipú, la sede donde acuden los funcionarios y la sucursal ubicada en el Aeroparque Jorge Newbery. La información fue publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial, donde se indica que es por un monto total de $3.933.026.507.
El contrato de Tech Security con el Banco Nación es por un período de 24 meses. Sin embargo, cuenta con la opción de dos renovaciones de 12 meses cada una, que podrían ampliar la extensión total del convenio a cuatro años, con un nuevo desembolso de dinero por parte de la entidad pública.
La compañía nació en 2005, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Privada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue sino hasta 2014 que la familia Menem ingresó en la empresa como socios. Semanas previas a la asunción de Javier Milei, el titular de Diputados figuraba como accionista junto a sus dos hermanos, Adrián y Fernando Menem.
/ámbito
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Cristina Kirchner cruzó a Milei por el dólar: «Le echás la culpa a la amiga de Videla, cobarde»
La dos veces presidenta le cuestionó a Milei argumentar que la disparada del 4% del dólar en un día fue por culpa de Victoria Villarruel y el kirchnerismo.
Tras la fuerte escalada del dólar y su inminente pasaje a precios, la exmandataria Cristina Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, al recriminarles que «lo único que se les ocurre» es participar de una entrevista y «echarle la culpa a la amiga de Videla y a los kukas», en referencia a su Vice, Victoria Villarruel, y al peronismo.
«¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!», escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.
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