Durante la última semana de mayo se realizaron nuevas audiencias del juicio sobre la desaparición forzada de Raúl Tellechea. Mariana Tellechea, hija de Raúl, denunció un “pacto de silencio” entre los imputados.

En esta última semana de mayo se realizó una doble jornada de audiencias del juicio sobre la desaparición forzada de Raúl Tellechea, que tiene como imputados a Luis Moyano, ex directivos de la Asociación Mutual de la UNSJ y funcionarios policiales.

La mayoría de los testigos citados pertenecen a la Policía de la Provincia, y fueron convocados por su participación en las comisiones permanentes, que intervinieron en la búsqueda de Tellechea.

El 29 de mayo comparecieron ante el Tribunal Roberto Daniel Lima, Oscar Ernesto Pérez y José Humberto Boca, quienes integraron la primera comisión de búsqueda. Todos dependían en aquel momento (2004) de la Brigada de Investigaciones, y conocían a los imputados Roberto Mario León, Miguel Francisco González y Alberto Vicente “Laly” Flores, por su relación laboral.

Lo llamativo de sus declaraciones, cómo ocurrió anteriormente con otras comparecencias de funcionarios policiales, es que no recordaban. En esta oportunidad, estos policías no pudieron decir quiénes estuvieron integrando la comisión o cuántas personas la conformaron, todos dijeron ser “sólo choferes” y no conocían otros aspectos de la investigación.

Esta situación fue advertida también por Mariana Tellechea (hija del desaparecido), que al término de la audiencia declaró: “Hay un pacto de silencio en los miembros de la Policía, una amnesia colectiva para ocultar los hechos”.

El 30 de mayo declararon los miembros de la Policía que integraron la segunda comisión permanente de búsqueda: Ceferino Reina, Mario Bernal y Miguel Ángel Álvarez. También atestiguó Alberto Riveros, comisario de la División Bomberos. Estos aportaron información sobre escuchas y desgrabaciones de teléfonos intervenidos, así como de varios rastrillajes realizados en el perilago de Ullum y en una bodega de Caucete, y sobre los viajes realizados fuera de la provincia con el objetivo de encontrar a Raúl Tellechea, todos con resultados negativos, según los declarantes.

En esta ronda de testimonios fue notoria la insistencia del polícia Ceferino Reina, en catalogar como “broma” con el fin de cobrar recompensa, el llamado de Sebastián Cortés Páez, quien apenas se produjo la ausencia del ingeniero, se comunicó con la familia de éste y confesó el secuestro, posterior muerte y entierro de Tellechea.

Sobre el final de la última jornada del juicio, la Defensoría Oficial realizó un pedido de nulidad de una declaración que realizó el policía Oscar Ernesto Pérez en 2013, que fue aludida en estas audiencias. En aquella declaración, el oficial había manifestado que fue comisionado para investigar al imputado “Laly” Flores, porque les había llegado la información que éste hacía “aprietes” con objetivo de cobrar deudas, y, por lo tanto, también habría “apretado” a Tellechea. El abogado defensor fundamentó el pedido de nulidad en que la declaración no se encuentra suscripta por la autoridad de la fiscal que la recepcionó en aquel momento. Este pedido será resuelto en la próxima audiencia.

Por otro lado, declararon dos socias mutualistas que junto a Guillermina Cesco y Alida Rodríguez, habían denunciado a Moyano y Miguel Del Castillo por irregularidades en el manejo de los fondos de la Mutual. Ellas fueron María Eugenia Toro y Margarita Camus.

Ambas mencionaron que su denuncia apuntó a que se investigaran hechos irregulares tales como solicitar a la asamblea de socios de la Institución la aprobación de una excesiva suma de dinero en el balance contable, identificada con el título “otros gastos”, sin dar explicaciones; o del centenar de cheques sin fondos que fueron emitidos desde la institución, con la firma de Moyano y Del Castillo, que le ocasionaron gastos por multas a la Mutual. O por qué motivo se denunció a Tellechea por fraude, una vez que desapareció y no cuando supuestamente se conocieron estas acciones unos meses antes.

El juicio se reanudará el próximo 12 de junio.

@UNSJ.

/Imagen principal: Archivo/

Desde el jueves 25 hasta el domingo 28, el reconocido Valle de la Luna fue uno de los lugares más elegidos por los turistas.

El último fin de semana largo de mayo tuvo un saldo sumamente positivo en lo que refiere al movimiento turístico en San Juan. En este marco, el Parque Provincial Ischigualasto recibió a 4615 personas durante los cuatro días, cifra récord de visitantes en la historia de este lugar emblemático de la provincia.

Así, el jueves ingresaron 1.142 personas, el viernes 1.566, el sábado 1.278 y el domingo se registraron 629 visitas.

Los turistas fueron en su mayoría de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y muchos sanjuaninos recorrieron el parque. En cuanto al turismo extranjero, hubo presencia de brasileros, alemanes y franceses.

Durante las cuatro jornadas, grandes y chicos disfrutaron, principalmente, del circuito diurno tradicional, algunos se animaron a la caminata al cerro Morado y otros al circuito de Mountain Bike.

Cabe destacar que el fin de semana patrio superó a la última Semana Santa, fecha que el parque provincial recibió a 3.215 turistas.

@Turismoycultura

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La fiscalía pidió que 17 represores sean condenados a perpetua. El juicio de la causa de lesa humanidad denominada como “Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea”, que se desarrolla en Mendoza y abordó la responsabilidad penal de veinte imputados –en su mayor parte integrantes del Ejército y la Aeronáutica– llega a su fin después de cuatro años de audiencia. Este viernes se conocerá el veredicto.

Según se informó, desde las 10, el Tribunal Oral Federal de Mendoza, integrado por Alejandro Piña, Héctor Cortéz, Alberto Carelli y Raúl Fourcade (cuarto juez), escuchará las últimas palabras de acusados y luego dará a conocer las sentencias en este proceso que comenzó el 29 de marzo de 2019.

En este juicio se investigó a integrantes del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército y de la Fuerza Aérea por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres asesinadas.

El debate fue la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas, “Destacamento” y “Fuerza Área”, agruparon a 16 de los 20 acusados. La fiscalía, representada por Daniel Rodríguez Infante, pidió 17 condenas a prisión perpetua durante su alegato.

Entre los hechos que se juzgan en este debate se encuentran las desapariciones perpetradas en el marco del denominado “operativo antijesuita” contra militantes que trabajaban con el cura José María “Macuca” Llorens en el barrio San Martín de la capital provincial, junto a otros múltiples operativos realizados contra diversos grupos en distintos momentos de la última dictadura militar, tales como los denominados “Operativos Mayo de 1976”, “Abril de 1977”, “Diciembre de 1977” y “Mayo de 1978”, este último en el contexto de la represión desatada en las vísperas del Mundial de Fútbol que se jugó en la Argentina y que tuvo a Mendoza como una de las subsedes. 

A esos episodios se suman un grupo de casos referidos a personas desaparecidas en el Campo Las Lajas, centro clandestino de detención dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y otras múltiples detenciones en la IV Brigada Aérea. También se aborda el secuestro y posterior desaparición de Marcelo Verd y Sara Palacio, cometidos durante la dictadura de Alejandro Lanusse.

@Página12

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