El Gobierno nacional realizó hoy una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95 por ciento.

A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

«A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes», sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.

También afirmó que «la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas».

El escrito de Zannini advirtió que «la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad».

Pero, alertó, «de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa» y entonces «ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos».

«El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las Provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas», enfatizó el Gobierno nacional.

Y aseveró que «se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente».

«Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN», insistió.

Las presentaciones formalizadas hoy habían sido anunciadas el lunes por el presidente Fernández a través de Twitter, donde escribió: «Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley».

En ese marco, reveló la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que adelantó que había instruido «al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria «in extremis» contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta».

«Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas», agregó el presidente en la seguidilla de mensajes publicados ayer.

«Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional», agregó.

«Las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas», sostuvo.

La medida cautelar que la Corte dictó el último miércoles se dio en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por el costo del traspaso de la policía en 2016.

El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5 por ciento y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Horacio Rodríguez Larreta.

Los cuestionamientos de Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández cuestionó este martes al mediodía, al encabezar una nueva reunión del Comité jurisdiccional de Bajos Submeridionales junto a los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santa Fe, Omar Perotti, el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional pagarle al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta un 2,95% de fondos coparticipables. En el acto también estuvieron presentes  los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En ese sentido, se preguntó si es «razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina» se le destine «semejante cantidad de dinero», cuando lo que se discute en el distrito porteño es la posibilidad de ampliar la red de subtes y en el norte del país la provisión de agua potable para la población más vulnerable.

«Todo esto de lo que estamos hablando cuesta 220.000 millones de pesos, que es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires reclama como coparticipación. Poniendo una mano en el corazón, ¿es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero que se la vamos a sacar de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer estas obras?», dijo el mandatario al encabezar una nueva reunión del comité jurisdiccional en Santiago del Estero.

«Yo soy muy porteño, orgullosamente de ser porteño, pero soy hijo de riojano y siempre estuve preocupado por esta desigualdad. Entonces, una de las primeras cosas que encomendé al asumir fue darle importancia al norte porque hay temas que debemos resolver y no podemos hacernos los distraídos», apuntó al iniciar su discurso, en el que agregó: «Estamos convencidos que el país federal del que habla la Constitución no es una declamación, sino que es una orden».

A la hora de repasar las obras hídricas que se están haciendo y las que faltan en esa región, el Presidente señaló que «cuestan cerca de 220.000 millones de pesos, casi lo mismo que está reclamando la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación».

La región hídrica de los Bajos Submeridionales -que ocupa la parte norte de la provincia de Santa Fe, el sur de Chaco y el sudeste de la provincia de Santiago del Estero- es un espacio geográfico de aproximadamente 5 millones de hectáreas, signada por períodos de inundaciones y sequías que generan importantes consecuencias negativas sobre la producción, el medioambiente y las condiciones sociales de los habitantes de la zona.

El Gobierno nacional y las provincias avanzan en un Plan Director que, con una inversión de 366 millones de dólares destinados a 33 proyectos, tiene por objetivo lograr un manejo inteligente del agua en esta región hídrica, además de poner en valor las tierras productivas.

Al hacer alusión al fallo de la Corte Suprema en favor al reclamo por la coparticipación que realizó la Ciudad de Buenos Aires, Fernández afirmó: «Ahora bien, con una mano en el corazón y mirando objetivamente, ¿es razonable que a la ciudad más opulenta en la que yo nací y amo, le destinemos semejante cantidad de dinero que saldrá de la misma fuente que estaba prevista para hacer esas obras?».

«¿Saben de dónde salen estas obras en gran medida? De la parte de coparticipación que tiene el Estado nacional ¿Cómo creen que se construyen las rutas nacionales, cómo se pagan las obras hídricas, cómo se ayuda a construir las escuelas, cómo se pagan las Asignaciones Universales (AUH) y la Tarjeta Alimentar en el interior del país? Con la cuota de coparticipación que le corresponde al Gobierno nacional», respondió.

Y luego agregó: «Qué país enloquecido que estoy viviendo. ¿Cómo no se dan cuenta que le estamos destinando semejante cantidad de dinero a una ciudad en donde se debate si tiene más subte mientras que en las provincias se debate cómo pueden tener más agua potable?»

«¿Cómo podemos vivir en paz con nuestra conciencia?», inquirió ante los aplausos de los presentes y continuó: «Mientas estamos debatiendo si la ciudad de Buenos Aires tiene más jardines verticales, en las provincias están debatiendo cosas primarias, elementales».

Fernández recordó que, tras el fallo de la Corte, «el viernes dije que no podía cumplir la orden la Corte Suprema y hoy digo lo mismo. Digo que como no tengo presupuesto, la sentencia no está presupuestada, por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias porque no me lo permite. Por eso, lo único que me queda es usar unos remanentes de bonos con los que este Gobierno le pagó al Gobierno de Santa Fe en una sentencia dictada en otro gobierno», afirmó.

«Cuando veo estos números, solo me irrito porque me están pidiendo que mande a 203 kilómetros cuadrados la misma cantidad que necesitan 80 mil kilómetros cuadrados que necesita el norte argentino«, manifestó.

En las provincias del norte del país, continuó el jefe de Estado para poner en evidencia las diferencias que existen a lo largo del territorio argentino, «no se discute como ampliar la red de subte» como en la ciudad de Buenos Aires «sino quién tiene agua» potable, lo que habla de la «desigualdad» entre esas zonas del país.

«Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte», concluyó el Presidente. 

El conflicto por la coparticipación.

En enero de 2016 Macri firmó el decreto 194 que elevaba del 1,4% al 3,75% la participación que le corresponde a CABA por la coparticipación federal de impuestos. El texto no explicaba las razones de semejante suba, algo que planteó el Estado Nacional ante la Corte. Luego, el decreto 257/2018 bajó el porcentaje a 3,5 y recién entonces se explicó que la suma respondía al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas» en CABA.

En 2020, en el contexto de un conflicto salarial con la policía de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández redujo el porcentaje en cuestión a 2,3. Como respuesta, el gobierno de Rodríguez Larreta se presentó ante la Corte contra el decreto del gobierno nacional y la ley 27.606 que lo convalidó en diciembre de ese año. Hubo audiencias de conciliación entre el Estado Nacional y la Ciudad pero todas fracasaron. En ellas, la Ciudad nunca explicó cómo es que necesitaba 112 mil millones de pesos para una policía de 19.000 agentes, mientras que la Policía Federal recibe 70.000 millones para 32.000 policías.

Este miércoles, en un fallo firmado por todos los integrantes del alto tribunal (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), se ordenó al Gobierno Nacional pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.

Aunque no es el porcentaje que pedía Larreta, quien reclamaba 3,50%, y no tiene aplicación retroactiva, lo cierto es que con el fallo de este miércoles la Suprema Corte se entrometió en decisiones políticas y legislativas. Opinó que el reclamo de Rodríguez Larreta tiene «verosimilitud» y «peligro en la demora» y justificó su decisión haciendo un repaso de la historia de la Ciudad para cuestionar que aún no tiene autonomía financiera porque nunca se consensuó una ley de coparticipación federal. 

Respuesta del Gobierno Nacional.

El jueves pasado, tras el fallo, el presidente se reunió con 14 gobernadores y definieron que el mismo no podría cumplirse porque «el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad».

Sin embargo, este lunes, el presidente Alberto Fernández cambió la estrategia y comunicó que el Estado nacional pagará con bonos TX31 los fondos reclamados por CABA.

Más allá del anuncio, Fernández insistió en estar «convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional».

También anunció que instruyó al Procurador del Tesoro a presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión de la Corte Suprema; que ordenó recusar a los Jueces del máximo tribunal; y que instruyó al Ministerio de Economía a enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias en el que se prevean presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la cautelar.

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