El gobierno nacional puso en marcha el Programa «Registradas«, que busca incentivar la registración de empleadas de casas particulares a través de distintos beneficios, entre los que se destaca el pago de hasta el 50 por ciento del salario de las nuevas trabajadoras durante un plazo de seis meses.

El anuncio se realizó este lunes al mediodía luego de que la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, mantuvieran una reunión con el presidente Alberto Fernández.

Según se explicó oficialmente, la inscripción al programa permanecerá abierta durante octubre, noviembre y diciembre a través del sitio web de la AFIP y se aclaró que, para la trabajadora, el beneficio no es contradictorio con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, el Progresar, el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar.

La medida implica la transferencia por parte del Estado nacional de una suma por mes equivalente al 50 o 30 por ciento de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa.

Elizabeth Gómez Alcorta recordó que la medida apunta a un sector «en el que una de cada cinco mujeres del país trabaja y donde cayó la contratación porque hubo un impacto muy fuerte durante la pandemia» de coronavirus.

La funcionaria señaló que el Estado nacional pagará una parte del sueldo de la trabajadora (por un monto de hasta 15.000 pesos) durante seis meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla, pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante, siempre comprometiéndose «a mantener la ocupación durante cuatro meses más luego de concluir» el plazo del Programa, explicó.

Tampoco se podrá despedir a una trabajadora registrada para volverla a contratar y el salario deberá depositarse obligatoriamente en una cuenta bancaria.

El aporte del Estado será de un 50 por ciento de la remuneración neta mensual mínima cuando «la parte empleadora tengan un ingreso bruto mensual inferior al 70 por ciento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que actualmente es de 117.374 pesos«.

En cambio, será de un 30 por ciento, cuando la parte empleadora cuente con un ingreso bruto mensual que esté comprendido entre el 70 y el 100 por ciento del mínimo no imponible.

Señaló Gómez Alcorta que, hasta ahora, los empleadores «sólo tenían como incentivo para la registración la deducción de los costos de Ganancias» y que, por ello, esta es «una medida progresiva que apunta a la clase media» que no es alcanzada por ese impuesto y «donde muchos, por el impacto de la pandemia, han tenido que restringir esas contrataciones».

«Por eso nosotros queremos apoyar y dar un alivio a esas familias de clase median que en su organización al reactivarse la vida y de las actividades laborales y escolares, necesitan esos apoyos de la economía del cuidado», subrayó Gómez Alcorta.

Por su parte, Martín Guzmán resaltó la necesidad de la medida, al explicar que «la pandemia ha sido desigualadora en todo el mundo, y ha afectado especialmente a la situación económica de las mujeres».

Frente a ese escenario, el ministro reivindicó «el rol activo del Estado» que «es fundamental para atacar estas desigualdades y el esquema de políticas públicas que venimos adoptando tiene como una de sus bases esa premisa».

A su turno, Marcó del Pont dijo que se trata al mismo tiempo de «una política de ingresos, de formalización y de bancarización e inclusión financiera», ya que «automáticamente una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo el Banco Nación le va dar una tarjeta de crédito que va a tener un límite que se va a similar a un Salario Mínimo Vital y Móvil de hasta 32 mil pesos».

Fuentes oficiales comentaron que el Gobierno nacional espera que sea un mínimo de 90.000 trabajadoras del servicio doméstico las que sean alcanzadas por el plan, y que la aspiración «de máxima» es recuperar los 300.000 empleos que se perdieron en la pandemia.

¿Qué trabajadoras pueden recibirlo?

Las que trabajen como mínimo 12 horas semanales.

El estado reconocerá el máximo de un beneficio por  empleador que ponga en blanco a una trabajadora doméstica (no más de uno). De la misma manera, cada trabajadora sólo podrá percibir un programa Registradas, aunque tenga más de un trabajo.

La inscripción es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales. A excepción de la pensión por invalidez y la pensión por más de 7 hijos.

¿Qué empleadores pueden pedirlo?

Los empleadores con ingresos menores a 117 mil pesos mensuales, que es el mínimo no imponible de Ganancias.

Si el empleador tiene ingresos de hasta el 70%, es decir si gana menos de $82.000 por mes, puede pedir que el estado complete el 50 por ciento de la remuneración de su empleada. 

Si el empleador tiene ingresos de entre 82 mil y 117 mil pesos, puede pedir que el estado pague el 30 por ciento del salario de su empleada.

La inscripción: 

El programa estará abierto durante octubre, noviembre y diciembre de 2021.

¿Cómo se pone en marcha?

El empleador tiene que dar de alta a la nueva trabajadora en la AFIP y completar una inscripción. Luego de este paso, el Banco Nación creará para ella una cuenta sueldo y transferirá, durante seis meses, el 30% o el 50% por ciento del salario declarado. El empleador deberá transferir a esa cuenta lo que reste para completar el sueldo.

Por otra parte, luego con la apertura de la cuenta sueldo y al cobrar el primer salario, el Banco Nación otorgará a las trabajadoras registradas una tarjeta de crédito con un tope de gastos equivalente a un salario mínimo. 

Sobre el perfil de las trabajadoras:

Según los datos que maneja el gobierno, las trabajadoras de casas particulares trabajan en promedio 17 horas semanales (de tres a cuatro horas por día) y ganan unos 13 mil pesos.

La actividad está feminizada, es decir el 98 por ciento son mujeres, y precarizada: hoy más del 69 por ciento está en negro.

Al no estar en blanco quedan más expuestas a perder el trabajo. 

Durante la pandemia 280 mil puestos del sector se discontinuaron. Las más afectadas fueron, como es lógico, quienes no estaban registradas.

El programa tendrá el seguimiento de un comité integrado por el Ministerio de las Mujeres, el de Trabajo, el de Economía, la AFIP y el Banco Nación, que incluirá capacitaciones y una campaña sobre derechos laborales y espacios de trabajo libres de violencia.